Medida: el Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Buenos Aires, Río Negro y Entre Ríos por inundaciones y otros fenómenos climáticos
Lo hizo con varias resoluciones publicadas en el Boletín Oficial; en territorio bonaerense la medida alcanza a Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué
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En medio de los severos eventos climáticos que afectaron durante los últimos meses a distintas regiones productivas del país, el Gobierno oficializó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario, en algunos casos con prórrogas, para zonas de las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Entre Ríos. Fue mediante varias resoluciones del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, publicadas hoy en el Boletín Oficial.
La medida surge tras el análisis técnico realizado por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA) en su reunión del 15 de octubre pasado, donde se evaluaron los impactos productivos de las inundaciones, sequías y fenómenos meteorológicos registrados en los últimos meses.
El gobierno nacional resolvió “dar por prorrogado el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 1° de septiembre de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026” para las explotaciones afectadas por inundación en varios distritos bonaerenses.
Bajo el agua
En la provincia de Buenos Aires, el Gobierno convalidó el decreto provincial 2452/2025 que extiende la emergencia a las circunscripciones rurales más comprometidas por los excesos hídricos.
La medida que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, alcanza a productores de los partidos de Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué, donde el anegamiento de campos y la pérdida de caminos rurales interrumpieron durante semanas la logística agropecuaria.
El artículo 1° de la resolución precisa que la prórroga incluye “las explotaciones agropecuarias afectadas por inundación en las circunscripciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII del partido de Bolívar; II a XV del partido de 9 de Julio; II a XI del partido de Carlos Casares; y la VIII del partido de Tapalqué”.
Asimismo, el texto fija el 28 de febrero de 2026 como fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones comprendidas, “de acuerdo con lo estipulado en los artículos 22 y 23 del decreto reglamentario 1712/2009”.
El Ministerio de Economía recordó que, para acceder a los beneficios que otorga la Ley 26.509, que regula el régimen de emergencias y desastres agropecuarios, los productores deberán “presentar un certificado extendido por la autoridad competente de la provincia” que acredite que sus predios se encuentran dentro de las zonas declaradas.
Además, la norma instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a las entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas, a “arbitrar los medios necesarios para que los productores gocen de los beneficios previstos” por la ley, entre los que se incluyen prórrogas impositivas y facilidades crediticias.
En ese sentido fue la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca —dependiente del Ministerio de Economía— la facultada para celebrar convenios y ejecutar los actos necesarios para la implementación de la medida en cada jurisdicción.
Otras provincias
Para Río Negro se convalidó el decreto provincial 760/2025, que prorroga la emergencia desde el 1° de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026 para las explotaciones ganaderas afectadas por sequía en los departamentos Avellaneda, Conesa, El Cuy, General Roca, Pichi Mahuida y Nueve de Julio. Además se recomendó ampliar la declaración a los establecimientos ganaderos de Ñorquincó, Pilcaniyeu y 25 de Mayo, debido a la persistencia del mismo fenómeno.
En tanto, para la provincia de Entre Ríos se homologó el decreto N° 2522/2025, que declara el estado de emergencia y/o desastre desde el 5 de mayo de 2025 hasta el 4 de mayo de 2026, exclusivamente para las explotaciones citrícolas del distrito Mandisoví, en el departamento Federación, afectadas por granizo y fuertes vientos.
Asistencia con combustible
En paralelo, la Secretaría de Agricultura informó que se destinará una asistencia equivalente a 1,5 millones de litros de gasoil para 25 municipios bonaerenses impactados por las inundaciones.
La distribución del combustible, explicaron en la cartera, “se realizará en función de la superficie afectada, según la metodología de cálculo provista por la Conae con imágenes satelitales del 9 de noviembre pasado”.
El objetivo es facilitar la reparación de caminos rurales, drenajes y accesos a establecimientos agropecuarios, tareas clave para recomponer la actividad productiva en las zonas más comprometidas.
Los municipios bonaerenses que recibirán la asistencia son: Bolívar, 9 de Julio, Pila, Pehuajó, 25 de Mayo, Dolores, Carlos Casares, Las Flores, Lincoln, Roque Pérez, Adolfo Gonzales Chaves, General Guido, General Belgrano, General Viamonte, Bragado, Daireaux, Castelli, Laprida, Saladillo, Carlos Tejedor, Guaminí, Villarino, Hipólito Yrigoyen, General Alvear y Monte.
La reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios contó con la participación de representantes de organismos nacionales como el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, el Banco Nación, el Banco Central, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los Ministerios del Interior y de Economía, además de delegados de las principales entidades rurales: CRA, CAME, SRA, Coninagro y Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf), junto a funcionarios provinciales.
El Ministerio de Economía destacó que la resolución “busca garantizar la continuidad de las explotaciones agropecuarias afectadas, otorgando previsibilidad y alivio financiero a los productores que enfrentan pérdidas severas por los eventos climáticos extremos”.
La medida se inscribe en un escenario de fuertes contrastes climáticos en la región pampeana y el norte patagónico, donde inundaciones y sequías alternadas impactaron sobre la producción agrícola y ganadera durante 2025.
Dijeron que el Gobierno busca coordinar esfuerzos con las provincias para atender la emergencia, asegurar el acceso a financiamiento y sostener la producción agropecuaria en uno de los años climáticamente más complejos de la última década.
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