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El Gobierno cambió las reglas para importar autos sin arancel
Las ventas, la capacidad financiera y las inversiones en cargadores podrán influir en la asignación del beneficio para vehículos electrificados; se mantiene el reparto inicial de 25.000 unidades para terminales y otras 25.000 para importadores
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RedactorIñaki Zurueta
Las ventas de una marca, la capacidad financiera de sus representantes y hasta las inversiones en cargadores podrán pesar a la hora de conseguir un lugar en el cupo de autos híbridos y eléctricos que ingresan a la Argentina sin pagar arancel de importación. El Gobierno modificó las reglas de asignación y dejó en manos de cada convocatoria la definición de los criterios para elegir a los beneficiarios.
La medida quedó establecida en la Resolución 438/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial y firmada por Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción.
El cambio alcanza al régimen creado en 2025, que permite importar un cupo anual de 50.000 vehículos electrificados con una alícuota del 0% en el Derecho de Importación Extrazona, en lugar del 35%.
Qué cambiará para conseguir un cupo
Hasta ahora, la reglamentación establecía que la distribución estaría determinada por el mes previsto de nacionalización de los vehículos y/o el menor precio ofrecido. Aunque ya permitía agregar otros factores en cada convocatoria, esos dos elementos aparecían expresamente como la base de la selección.
La nueva redacción dispone que los criterios “serán establecidos y precisados en cada convocatoria específica”. El precio y el momento de ingreso de los autos siguen entre las variables posibles, pero junto con una lista más amplia de aspectos que podrá evaluar la autoridad.
Entre ellos figuran los antecedentes de cumplimiento dentro del régimen, la trayectoria en producción, importación y comercialización, y la capacidad financiera de los solicitantes. También podrán contemplarse los patentamientos, tanto del mercado general como de vehículos con motorizaciones alternativas, y el cumplimiento de los requisitos de homologación.
A esa evaluación se suman la incorporación de tecnologías innovadoras y las inversiones en infraestructura de carga eléctrica. Así, una empresa que instale cargadores podría encontrar en esa inversión un elemento a su favor al competir por unidades, siempre que la convocatoria lo contemple.
Pero la resolución no asigna puntajes ni establece cuánto pesará cada variable. Tampoco convierte toda la lista en requisitos obligatorios para obtener el beneficio. Esas definiciones quedarán para los llamados específicos, que podrán incorporar otros criterios.
Cómo se repartirán las unidades
El esquema conserva una distribución inicial en dos mitades: 25.000 vehículos para terminales radicadas en la Argentina (Adefa) y otros 25.000 para las personas jurídicas que no pertenezcan a esa categoría (Cidoa).
Para las terminales, el texto anterior exigía que estuvieran radicadas “y con producción” en el país; la nueva versión elimina esa última condición expresa. En el segundo grupo, que antes admitía personas físicas o jurídicas, ahora solo se incluyen personas jurídicas.
Los cupos que no se utilicen podrán reservarse para futuras convocatorias o reasignarse entre empresas, independientemente de la categoría a la que correspondieran originalmente. La posibilidad de redistribuir remanentes ya existía; la nueva norma explicita ese alcance y dispone que cada llamado precise cómo se hará.
Además, se mantiene la facultad de establecer máximos por empresa y modelo, fijar límites de valor FOB para cada convocatoria y realizar llamados separados para ambos grupos.
Los límites de valor según la tecnología
La modificación llega después del Decreto 1128/2026, que diferenció los valores máximos admitidos según la motorización. El tope es de US$35.000 para eléctricos puros, US$18.000 para híbridos convencionales y enchufables, y US$16.000 para híbridos suaves o mild hybrid.
Esos montos corresponden al valor FOB, es decir, al valor del vehículo en origen, sin el flete ni el seguro internacional. No son precios máximos de venta al público en la Argentina, donde se agregan otros costos, impuestos y márgenes comerciales.
Por Iñaki Zurueta
