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El municipio de San Isidro suspende por otros 90 días el sistema de fotomultas: no funcionan hace un año
Las cámaras de fiscalización llevan más de un año apagadas y continuarán fuera de servicio; mientras tanto, reforzaron los controles presenciales con agentes de tránsito
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RedactorFernando Torres Ullmer
El municipio de San Isidro volvió a extender por 90 días la suspensión del sistema de fotomultas, con el objetivo de avanzar en una reestructuración integral de los controles electrónicos de tránsito. La medida, establecida mediante el Decreto N.º 1100/2026, busca revisar la ubicación de los dispositivos y la tecnología utilizada para implementar un nuevo esquema basado en criterios técnicos de seguridad vial y prevención de siniestros.
La decisión apunta a corregir inconsistencias del sistema anterior y establecer un modelo transparente, con respaldo técnico y seguridad jurídica. Cabe aclarar que los más de 260 radares que tiene el municipio, en su mayoría instalados en semáforos, permanecen completamente apagados desde mayo de 2025, por disposición de un decreto del Ejecutivo.
Según pudo saber LA NACION, los dispositivos habían sido instalados principalmente entre 2020 y 2022 durante la administración de Gustavo Posse en el marco de convenios con dos universidades: la Universidad de San Martín (UNSAM) y Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO).
Según informaron desde el municipio, encabezado por el ahora intendente Ramón Lanús, la intención de este nuevo decreto es que las cámaras se instalen en puntos críticos identificados a partir de estadísticas de siniestralidad y no en función de criterios comerciales.
En ese sentido, la administración municipal sostiene que la fiscalización electrónica debe funcionar como una herramienta para reducir los accidentes de tránsito. Como referencia, mencionó experiencias internacionales en Francia y San Pablo, Brasil, donde la implementación de controles en sectores estratégicos permitió reducir hasta un 44% los incidentes con heridos graves o fallecidos en las zonas fiscalizadas.
Así, la Subsecretaría de Movilidad trabaja junto con la Secretaría de Seguridad y el servicio de emergencias médicas en la elaboración de un registro de incidentes viales y mapas de calor. Entonces, la información permitirá identificar los cruces y corredores con mayor nivel de riesgo para definir dónde deberán concentrarse las medidas de prevención y fiscalización.
El proceso también contempla revisar la ubicación de las cámaras, evaluar la tecnología disponible y simplificar los trámites administrativos. Además, se busca ordenar los procedimientos para garantizar mayor transparencia y certeza jurídica, a partir del análisis de experiencias implementadas en otras jurisdicciones.
Reforzaron los controles de tránsito
En paralelo al rediseño del sistema electrónico, San Isidro reforzó los operativos presenciales en sus distintas localidades: una de las principales medidas fue duplicar la dotación de agentes de tránsito, con la incorporación de más de 70 efectivos que completaron su formación.
Los controles se realizan de lunes a domingo, con operativos diurnos distribuidos en tres franjas horarias y puestos nocturnos de alcoholemia. Los dispositivos se despliegan en accesos, avenidas e intersecciones principales, con la señalización correspondiente.
Por otro lado, el plan de seguridad vial también incluye acciones educativas, intervenciones en la infraestructura urbana y campañas de concientización.
En el ámbito escolar, el Municipio realizó charlas en 63 establecimientos educativos, que alcanzaron a 6255 alumnos. A esto se sumaron capacitaciones para choferes del transporte público y talleres de formación ciudadana.
Por otra parte, se trabaja en nuevas demarcaciones sobre avenidas principales y en la instalación de reductores de velocidad en cruces considerados peligrosos. También se desarrollaron campañas específicas para distintos sectores, entre ellas actividades de concientización destinadas a motociclistas que trabajan para plataformas de reparto.
De esta manera, el Municipio busca avanzar hacia un esquema que combine fiscalización electrónica, controles presenciales, educación e infraestructura, con el objetivo de reducir los siniestros viales y mejorar la seguridad de conductores y peatones.
