Freno judicial a una central termoeléctrica en Pilar
Los vecinos denunciaron que se presentó un estudio de impacto irregular; la empresa involucrada negó las acusaciones y apelará la decisión del juez federal de Campana
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La Justicia frenó la puesta en marcha de una de las dos centrales termoeléctricas que se instalaron en Pilar, cuestionadas por los vecinos por presunta contaminación. Se trata de la planta de APR Energy, que por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, tendrá que cumplir con una serie de requisitos antes de poder entrar en funcionamiento.
El reclamo fue impulsado por los vecinos de Matheu, que alertaron sobre la posibilidad de que la central cause contaminación en la zona, en la que además hay cuatro escuelas. Algunos de los padres de esos colegios enviaron una carta con más de 1800 firmas a la gobernadora María Eugenia Vidal, en la que le solicitaron que no avale la rezonificación aprobada por el Concejo Deliberante de Pilar a pedido del intendente municipal, Nicolás Ducoté (Cambiemos).
Ahora, una medida cautelar impidió la puesta en marcha de la planta de APR. Tanto esa obra como la perteneciente a Araucaria, que no sufrió ningún obstáculo judicial, fueron desarrolladas con el objetivo de generar energía para evitar los apagones.
Además, el fiscal federal del caso, Pedro Rebollo, solicitó al juez que abra una causa paralela en la que se investigue si se cometió o no algún delito durante el proceso que dio luz verde a los establecimientos. "Por último, atento a los dichos esbozados por los amparistas sobre la posible comisión de delito de acción pública por parte de funcionarios municipales y/o provinciales y la eventual comisión de conductas delictivas, solicito se forme causa por separado con el fin de que se me corra vista", esgrimió Rebollo en su dictamen al tratar la cautelar.
"Obviamente, en lo que corresponde al municipio vamos a poner toda la información que el juez necesite a su disposición para analizar tanto eso como la cuestión de fondo, que entiendo que es el impacto presunto que pueden tener las plantas", sostuvo el jefe de gabinete de Ducoté, Juan Pablo Martiglione.
Emanaciones y ruidos
Para los vecinos, según se desprende del escrito presentado, la contaminación provendría en principio de la emanación de gases cuando se necesite hacer funcionar a gasoil las turbinas; se le sumaría, afirman, el impacto sonoro por el ruido de las maquinarias. Desde las empresas negaron tal situación y rechazaron esas acusaciones.
En el recurso de amparo, denunciaron a APR por presentar un estudio que, cuestionaron, está "vencido" y presuntamente "falsificado" por parte de la Administración del Agua (ADA) provincial. El documento en cuestión es necesario para la habilitación de la planta, debido a que para operar necesitaría cerca de 2,8 millones de litros de agua. En esa zona de Pilar, más del 80% de los vecinos no tienen agua corriente y la toman del lago cercano, previo proceso de purificación. Voceros de ADA aclararon que el organismo aprobó un estudio de prefactibilidad, pero todavía no otorgó el permiso de explotación correspondiente, que actualmente es analizado por la Dirección de Usos de la dependencia.
Además, la planta obtuvo el visto bueno del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS).
Consultadas por LA NACION, fuentes de la empresa negaron que la central pudiera llegar a contaminar y señalaron que el juez González Charvay sólo tomó en cuenta las presentaciones de los vecinos y nos les solicitó información antes de emitir la medida cautelar. "La central no contamina. Se cumplió con los procedimientos y se pasaron todos los controles. Los vecinos, además, ni se van a dar cuenta de que se encuentra allí una vez que se termine todo el trabajo alrededor", explicaron, y adelantaron que apelarán la cautelar ante la cámara.
El malestar de los vecinos creció después de que desde la municipalidad enviaron una resolución para rezonificar los terrenos donde operan ambas plantas. La resolución fue aprobada en el Concejo Deliberante de Pilar y luego refrendada por el gobierno provincial.
La gobernación bonaerense no respondió las consultas de LA NACION sobre el conflicto en torno de las termoeléctricas.
En un informe interno de APR, al que tuvo acceso este diario, se hace referencia a la problemática por la zonificación de los terrenos. En palabras de la empresa: "Según los códigos de rezonificación y uso de suelo de la localidad de Pilar (ordenanza Nº 77/83), en la actualidad los terrenos comprometidos para el emplazamiento de la futura central térmica se encuentran en parcelas de categoría de uso legal CI (complementaria industrial) y CCC (complementaria club de campo). Sin embargo, y de acuerdo con información aportada por APR Energy SRL, se encuentran avanzadas las gestiones asociadas para la convalidación del uso para la actividad bajo estudio".
El documento de impacto ambiental de APR hace referencia al proyecto de ordenanza municipal 233/2017, que solicita que el Concejo Deliberante apruebe la rezonificación de los terrenos como "zona D industrial exclusiva". El cambio fue aprobado con la ordenanza 433, tras la votación en el recinto.
Ante la consulta sobre si hubo irregularidades en el proceso de rezonificación, desde la empresa afirmaron que la zona, antes de ser considerada "club de campo", era industrial. Como se dijo, a diferencia de APR, la otra firma instalada, Araucaria, no tuvo ningún fallo judicial que frenara su puesta en marcha.
La situación de APR generó tensión no sólo con los vecinos de Matheu, sino también con el municipio de Escobar, que es lindante. Al ser una cuestión compartida y por el impacto que podría tener, el intendente Ariel Sujarchuk (Frente para la Victoria) envió una serie de consultas sobre la posibilidad de contaminación a ambas empresas.
Desde el municipio de Pilar afirmaron que, desde que estalló el conflicto, tuvieron una serie de reuniones en las que se avanzó en controles adicionales. "Lo que se solicitó es un pedido de informes que va más allá de lo que inicialmente exigen las regulaciones. Se le pide a la empresa niveles de controles superiores a los que había", agregó Martiglione. Y sostuvo que también hay una intención política de la oposición para buscar subirle el tono a la cuestión.
La sesión del Concejo Deliberante en la que se aprobó el pedido de informes mencionado por el funcionario fue polémica. Uno de los momentos más tensos que se vivieron se registró cuando los vecinos ingresaron en el recinto y empezaron a gritarles a los concejales que votaron a favor del oficialismo, a los que tildaron de "asesinos". Antes del debate parlamentario, los vecinos hicieron llegar sendas cartas al intendente, a su jefe de Gabinete y al presidente del Concejo Deliberante en las que los hacían responsables de lo que pudiese ocurrir con las termoeléctricas.
La emergencia energética, el origen de la obra
La primera acción que tomó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, luego de que Mauricio Macri decretó la emergencia en materia energética fue realizar un llamado a licitación de 40 nodos -puntos donde se genera tensión para ingresar en el sistema energético nacional- con la expectativa de recibir ofertas por 800 MW de generación. La base esperada se superó y finalmente se adjudicaron 1917 MW.
El proceso, por su carácter de emergencia, contó con un requisito poco común para este tipo de licitaciones: un tiempo corto para el fin de obra. En el caso de las termoeléctricas, fue de 11 meses. Entre los aspectos técnicos del pliego, se estableció que las centrales pudieran operar tanto a gas como a gasoil. Proveerán energía cuando se esté cerca del máximo de capacidad de generación.
Cuando empiezan los trabajos, el control ambiental pasa a ser una potestad de la provincia de Buenos Aires, mediante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), que tiene que emitir dos informes. El primero evalúa la posibilidad de contaminación sobre la base del equipamiento por instalarse; el segundo es una prueba piloto con la planta ya construida.
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