La Ciudad demanda a vecinos que frenaron obras

Cuando en febrero de 2012 la paisajista Sonia Berjman, la ONG Basta de Demoler y su entonces vicepresidente Santiago Pusso advirtieron que en la plaza Intendente Alvear, de Recoleta, se construía una estación de subte, no dudaron en solicitar a la Justicia que frenara la obra.

Diseñada en 1897 por el paisajista Carlos Thays, esta plaza -cuya barranca asciende desde la intersección de las avenidas Libertador y Pueyrredón hasta el paseo de compras Buenos Aires Design- integra un área de protección histórica (APH), por lo que estaba prohibido excavarla, alterar su diseño y talar su añoso arbolado.

La Justicia ordenó suspender la obra mediante una medida cautelar. Tiempo después, el gobierno porteño relocalizó la estación de subte en la plaza República Federativa de Brasil, junto a la Facultad de Derecho. Pero ése no fue el final de la historia: en noviembre de 2014 la Ciudad demandó por daños y perjuicios a Berjman, Pusso y Basta de Demoler por la suma de $ 24.000.000.

Transcurrido casi un año y medio, el expediente sigue abierto en el juzgado local a cargo de Patricia López Vergara, ante quien los abogados de los damnificados, Andrés Gil Domínguez y Martín Zapiola Guerrico, presentaron una excepción de falta de legitimación por considerar que "no se puede demandar a una persona por ejercer un derecho ciudadano". La jueza rechazó el planteo, que fue apelado, y ayer Gil Domínguez fue notificado de otro rechazo en segunda instancia. El letrado anticipó que recurrirá al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Mientras nada indica que el gobierno porteño vaya a declinar la querella, diversos juristas, entidades civiles y asociaciones de vecinos observan la demanda con fuerte inquietud por considerar que persigue un objetivo intimidatorio: desalentar a los vecinos de accionar judicialmente contra el Estado para detener obras irregulares. Esto, explican, afectaría sensiblemente el derecho a la participación ciudadana.

"La demanda busca desincentivar las denuncias contra la Ciudad", dijo Germán Emanuele, de Poder Ciudadano, y calificó el proceder oficial como "totalmente ilegítimo" y de "tinte persecutorio". En tanto, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Eduardo Reese alertó acerca del objetivo intimidatorio de la demanda y sostuvo que la conducta del gobierno es "amenazante y antidemocrática".

También se expresó con vehemencia el abogado constitucionalista Daniel Sabsay: "El mensaje es: «¡Ojo a los que se les ocurra reclamar!»". Agregó que no se registran antecedentes de una embestida así contra un ciudadano y que existe un doble discurso: mientras en las palabras la Ciudad alienta la participación ciudadana, en la práctica la combate.

Según la ley que fijó la traza de la línea H de subterráneos, la estación Plaza Francia debía construirse en la plaza homónima, comprendida por las avenidas del Libertador, Pueyrredón y las calles Agote y Levene. Pero en febrero de 2012 las obras fueron inexplicablemente iniciadas en la plaza contigua, la Intendente Alvear.

Tras detener y relocalizar la construcción, el gobierno porteño demandó a Berjman, Pusso y Basta de Demoler con el argumento de que "promovieron una traba infundada con la única intención de obstruir los trabajos, ya que luego abandonaron voluntariamente el litigio", recordaron fuentes oficiales.

Como se dijo, la Justicia había ordenado detener cautelarmente la obra; la sentencia final sólo se conocería al concluir el proceso legal. Berjman, Pusso y Basta de Demoler dejaron de impulsar el reclamo de fondo "en vista de que el gobierno procedió a relocalizar la estación", afirmaron, por lo que el planteo devenía abstracto. El gobierno consideró que este proceder de los denunciantes denotó una ausencia de interés real en la causa y los acusó de provocar una pérdida de tiempo y dinero.

El ex procurador de la ciudad Julio Conte Grand, quien impulsó inicialmente la demanda, se excusó de opinar: "No me parece pertinente pronunciarme sobre un asunto relativo a una jurisdicción sobre la cual ya no tengo competencia", afirmó el actual secretario legal y técnico de la provincia. El nuevo procurador, Gabriel Astarloa, explicó que aún no tuvo oportunidad de revisar el expediente.

Pusso consideró que cuando en 2007 Pro comenzó su gestión en la ciudad se fijó el objetivo de darle un fuerte impulso a la obra pública y que esa ansiedad condujo al gobierno a cometer desprolijidades en la aprobación y ejecución de algunas obras. "Como en el caso de la plaza Intendente Alvear", citó.

"Fuimos unos ingenuos. Pensamos que vivíamos en una república, con un sistema legal y con justicia", se lamentó Sonia Berjman, doctora en Historia del Arte, que además en numerosas oportunidades fue distinguida por sus esfuerzos en defensa de los espacios verdes porteños.

"Me siento muy maltratada, dado que siempre colaboré para preservar a la ciudad -agregó-.Y siempre lo hice ad honórem."

Roberto Gargarella, doctor en Derecho, dijo que "el gobierno debería darle las gracias a Basta de Demoler en lugar de sancionarla económicamente. A esa y a todas las ONG que lo ayudan a pensar las medidas que toma". También consideró que la demanda "puede llegar a afectar derechos ciudadanos".

Voceros oficiales sostuvieron que la causa "en absoluto busca desalentar la participación ciudadana. Responde a medidas infundadas que perjudicaron el interés público en materia de transporte y generaron daño económico por los gastos extra", concluyeron.