Ordenan frenar la construcción de dos barrios cerrados en Tigre
Lo dispuso la jueza Arroyo Salgado hasta que se revise el impacto ambiental que pueden generar los desarrollos inmobiliarios en la zona norte
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LA NACIONLaura Rocha
La Justicia puso la lupa sobre los countries y su impacto ambiental. En un fallo del fuero federal se impone a los municipios de la zona norte del conurbano bonaerense y al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) revisar los permisos para nuevos desarrollos y determinar su impacto ambiental y los efectos "acumulados" de las construcciones en su conjunto.
La medida además ordena detener los trabajos de Venice, Ciudad Navegable, y que no empiece el proyecto Remeros Beach, ambos en Tigre.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, también ordenó al OPDS y a las municipalidades de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Luján, Exaltación de la Cruz, Campana, San Andrés de Giles, General Rodríguez, Mercedes, Suipacha, Pilar, Escobar, Moreno, José C. Paz y San Antonio de Areco que "hasta tanto el tribunal cuente con las conclusiones del estudio pericial acumulativo ordenado y se disponga lo contrario, se abstengan de autorizar la construcción de emprendimientos o ampliaciones de los existentes que impliquen una o más tareas de endicamiento, embalses y/o polders, dragados, refulados, excavaciones, creación de lagunas, derivación de cursos de agua, modificación de costas, desagües naturales, cotas en superficies asociadas a valles de inundación y cursos de agua o ambientes isleños". Esos distritos abarcan la planicie de inundación del río Luján y del delta del Paraná.
Los responsables del emprendimiento Venice, que debe ser precintado por la Prefectura, según ordenó la jueza, emitieron un comunicado: "El proyecto que TGLT y Metro 21 codesarrollan en el casco urbano de Tigre comunica que cuenta con las habilitaciones y permisos pertinentes, por lo que confía en que la situación será resuelta a la mayor brevedad posible". La decisión judicial se suma a la de Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín, que ordenó a TGLT entregar estudios técnicos de la construcción de Venice a partir de una acción judicial patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que reclama desde hace casi dos años la urbanización e integración sociourbana del barrio Garrote, lindero al emprendimiento.
La intervención del CELS se dio ante la preocupación de que los vecinos de Garrote, unas 800 familias, tuvieran riesgos de habitabilidad por los rellenos y obras del country.
La obra de Venice está avanzada. Es un proyecto de 32 hectáreas con un puerto deportivo, y marinas y canales que simulan ser Venecia.
"Hay una convergencia de fallos que ponen en evidencia las debilidades del sistema de gestión territorial que se aplica y la falta del ejercicio del poder de policía de la provincia en los emprendimientos que aprueban este y otros municipios. El fallo es muy auspicioso. Recomienda revisar los procedimientos de aprobación en humedales", explicó Patricia Pintos, geógrafa e investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas (CIG), que entiende que en los últimos años es la sociedad civil la que se moviliza por conflictos ambientales y es la Justicia la que reacciona.
Venice, en Solís y el río, y Remeros Beach, junto al Camino de los Remeros, son dos de los desarrollos más importantes de la zona. Según un relevamiento hecho por Pintos, hasta diciembre de 2014 se registraron 66 urbanizaciones en 9200 ha de humedales en la cuenca baja del Luján, que incluye Pilar, Campana, Escobar y Tigre.
La obra de Remeros Beach no había comenzado. El proyecto consta de una laguna de 3,5 hectáreas rodeada por tres barrios residenciales que abarcarán unas 17 hectáreas. En una audiencia pública, la preocupación de vecinos de la zona fue el impacto ambiental de posibles endicamientos, polders y otras obras que dificultarían el escurrimiento de agua.
Guillermo Tella, director de Urbanismo de la Universidad de General Sarmiento (UNGS), aporta más cifras del crecimiento de este tipo de proyectos: "En la región metropolitana, 400 km2, el doble de la superficie de la Capital, están destinados a urbanizaciones cerradas. Esto altera la topografía creando un microhábitat que disfruta un grupo selecto de personas en detrimento de las poblaciones más vulnerables". Y agregó: "El fallo de Arroyo Salgado es necesario para poner cierto orden. Pone en evidencia el proceso de mercantilización de la periferia urbana".
Javier Corcuera, secretario de Ambiente de Pilar, que lleva adelante el proceso Diálogos Hídricos -por el cual varios countries deberán ayudar a mitigar las consecuencias de las lluvias y el desborde de ríos y arroyos-, está de acuerdo con el fallo. "Es una señal sana para la sociedad, pero desde el Ejecutivo tenemos que dar las herramientas para ser quienes estemos a cargo de esta tarea", indicó. Corcuera se ha reunido con 12 countries para trabajar en la mitigación de impactos negativos de los desarrollos.
En el municipio de Tigre no quisieron hacer declaraciones. Ante la consulta de LA NACION indicaron que acatarán el fallo y trabajarán con el OPDS. En el organismo provincial bonaerense dijeron que no fueron notificados oficialmente, aunque se trabajaba ayer para comenzar con el proceso de relevamiento de municipios, que demandaría varios meses.
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