Elizabeth Gómez Alcorta: "Es el gobierno con mayor representación de mujeres, pero no alcanza"

En los cuatro meses que pasaron desde que el coronavirus desembarcó en la Argentina y el aislamiento obligatorio se instaló en los hogares de todo el país, para Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, quedaron expuestas dos cuestiones centrales: las violencias de género y las grandes desigualdades en las tareas de cuidado. Considera que son problemáticas tan estructurales "que ni siquiera en una situación excepcional se logran reducir". Al contrario, dice, "se profundizaron".

En ese contexto, los desafíos para su gestión son múltiples y requieren de un trabajo articulado entre ministerios, algo que, según la funcionaria, vienen impulsando desde un primer momento. La equidad laboral entre hombres y mujeres, la restitución de derechos al colectivo LGTBIQ+, la toma de conciencia respecto al alcance de un abanico de violencias históricamente naturalizadas, como la simbólica o la política, son algunas de las cuestiones sobre las cuales sostiene que se avanzó, pero aún falta "horrores". La masculinización de la política es otro de esos puntos: "Cuando uno piensa que el 63% de los cargos altos de los funcionarios nacionales está en manos de varones, no es porque no haya mujeres o diversidades que no tengan la capacidad para ocuparlos", asegura.

-¿Cuánto cambió la pandemia los planes que tenían cuando empezaron a delinear la gestión? ¿Hubo problemáticas que no estaban en la lista de prioridades y pasaron a integrarla?

-La pandemia lo que hizo fue profundizar los problemas tanto en términos de violencias como en la organización social del cuidado, que son para mí los dos grandes temas vinculados a nuestra gestión. Estaban en la agenda estratégica del ministerio y lo que nos obligó esta situación fue a repensar algunos dispositivos, por ejemplo, en términos de cuidado, donde estamos trabajando en una Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado con seis ministerios y cinco agencias estatales. Durante la pandemia, se cristalizó lo estructural. Por ejemplo, bajaron todos los delitos menos los femicidios. No es que los femicidios no fueran un tema central, eran un tema central, pero lo que quedó demostrado es que es una variable tan estructural que ni siquiera en una situación excepcional se logran reducir.

-Los índices de femicidios no bajan y la violencia machista en general tampoco. ¿Sobre qué ejes es necesario trabajar más fuerte? ¿En la prevención?

-Los femicidios, travesticidios y transfemicidios son un fenómeno sumamente complejo. Si los vemos exclusivamente como un hecho delictivo, no vamos a poder reducirlos nunca y las tasas en nuestro país vienen establemente altas desde hace más de una década. En los próximos días vamos a presentar el primer programa interministerial de abordaje de estos delitos junto a (la ministra de Justicia y Derechos Humanos) Marcela Losardo y (la de Seguridad) Sabina Frederic. Hay que trabajar en distintas variables a la vez. Sin lugar a dudas, en la prevención, y no me refiero a la prevención en general porque eso ya forma parte del Plan Nacional de Acción contras las Violencias, sino en términos de que el Estado tiene que construir una base de datos que nos permita identificar, cuando hay alguna situación de violencia, aquellas variables que implican mayores riesgos para la víctima.

-¿Por ejemplo?

-Si el agresor tiene un arma o antecedentes de violencia de cualquier tipo es un indicador de que esa mujer tiene un mayor riesgo. Pero no es tan simple. Hay que empezar a ver cuáles son esas variables no para no intervenir en todas las situaciones, sino para tener una intervención más focalizada en los casos donde efectivamente haya más riesgo. Por otro lado, no tenemos duda de que a cualquier persona que esté en una situación de violencia de género, el Estado debe acompañarla con una intervención que no sea solo para el momento de la emergencia. Si una mujer llega a un refugio u hogar, debe irse de allí con recursos materiales y simbólicos para construir una vida autónoma y libre de esas violencias. Sino es una intervención de bombero para apagar el incendio. Estamos trabajando con un abordaje que tenga en cuenta estas situaciones. Se requiere una ingeniería institucional a la cual apostamos, por la cual circular la información, articular entre ministerios y con las provincias, y así podamos, en el mediano plazo, empezar a reducir esa tasa que es un problema y que efectivamente hasta ahora no se han dado políticas específicas para pensar cómo reducirlas.

-Como señalaba, con las familias las 24 horas dentro del hogar, la cuarentena también puso sobre la mesa las desigualdades en las tareas de cuidado. ¿Cómo empezar a enderezar la balanza? Porque se necesita un cambio cultural muy fuerte.

-Absolutamente. Hay que pensar en distintas variables que tienen que ser concomitantes. Primero, poner en la agenda el tema de los cuidados. Esto es algo que la agenda feminista venía sosteniendo pero el Estado, en general, nunca la había tomado. Como entendemos que es el nudo más fuerte o el origen de las desigualdades y las desigualdades son habilitantes de las violencias, para nosotros es un tema clave, un hueso duro. Hay que tomarlo desde la agenda de políticas públicas. Nosotros creamos la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado pero hay muchos ministerios, como Desarrollo Social, que también la tienen. Son muchas las agencias que están trabajando en esto.

-Además de las transformaciones culturales, ¿se requiereuna mayor inversión de presupuesto?

-Se requiere desde transformaciones culturales y reformas normativas, por ejemplo, en términos de licencias por paternidad y maternidad, hasta inversiones en infraestructura para que haya más espacios como jardines maternales o de cuidado de adultos mayores. Creamos la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado porque entendimos que lo que había que pensar era un camino para llevar estas transformaciones en un doble sentido: por un lado, una redistribución más equitativa de las tareas de cuidado entre la comunidad, el sistema privado y el Estado, para que no recaigan solo en la familia, porque eso hace que aquellas que están en mejor situación económica tengan más posibilidades de terciarizarlas; y, por otro lado, en términos de género, es decir, que las tareas que queden en manos de la familia no recaigan exclusivamente en las mujeres y diversidades. Ahí hay un camino enorme por recorrer, por ejemplo, con la creación del primer mapa nacional de servicios estatales de cuidados que estamos haciendo junto a la CEPAL.

-El colectivo LGTBIQ+ sigue siendo uno de los más vulnerados en cuanto acceso a derechos. En la Argentina tenemos leyes de vanguardia, como la de Identidad de Género, pero el cambio en la mirada social es mucho más lento. ¿Es parte del proceso?

-La Argentina tiene leyes de avanzada que han ido transformado la realidad. Hace poquito cumplimos 10 años de la ley de matrimonio igualitario y tenemos desde hace ocho años la de identidad de género. Creo que esas leyes son llaves enormes para las transformaciones culturales. Son llaves, no transforman de un día para el otro. Tenemos un ministerio que se llama de las Mujeres, Géneros y Diversidad; además, un Presidente muy comprometido particularmente con esta agenda. Es un proceso que siempre hay que moverlo: lo mueve el movimiento y cuando tenemos posibilidad de hacerlo desde el Estado, se tracciona mucho más. El otro día participamos de una actividad en la que se cumplían 30 años desde que la OMS excluyó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Y hace dos años, ¡dos años!, se sacó al travestismo y la transexualidad de ese listado. Nosotros tenemos hace ocho la Ley de Identidad de Género y a la primera subsecretaria de Estado trans en la Argentina (Alba Rueda). En las provincias hay muchísimas compañeras trans que están llevando adelante las políticas públicas.

-Las transformaciones avanzan, pero falta muchísimo.

-Falta ho-rro-res. No se ha logrado modificar la expectativa de vida de un colectivo que no supera los 40 años, como hace 200 años, y eso tiene que ser una vergüenza como comunidad porque habla del nivel de vulneración de derechos a cierta población pura y exclusivamente vinculado a su identidad sexual. Las transformaciones se hacen trabajando en el plano cultural, por ejemplo, que hoy tengamos a Diana Zurco en la TV Pública. En las radios también hay muchísimas compañeras trans y travestis que están poniendo su voz. Eso es parte de un proceso y hubiese sido imposible sin otras conquistas anteriores. Estoy convencida de que estas que estamos dando ahora y las que nos faltan y vamos a dar en unos años, van a ser habilitantes de otras. La transformación es lenta, pero está en marcha.

-El Ministerio de las Mujeres tiene un grupo de asesoras y asesores que representan las diversidades. Para muchos, posiblemente es la primera vez que estén ocupando lugares de toma de decisiones. ¿Por qué esto es clave?

-Es fundamental que en las políticas sean corresponsables aquellos y aquellas a quienes van dirigidas. Por ejemplo, por más compromiso que tenga yo con los pueblos indígenas, no soy la persona indicada para decir cuáles son las violencias que atraviesan, por más que estudie o las lea, ni tampoco voy a llegar a interactuar del mismo modo cuando llevo adelante esas políticas. Lo mismo puede suceder con las situaciones vinculadas a migrantes o diversidades. Más allá de que no hay que pensar que eso tiene que ser un nicho, porque ese es el otro riesgo. Tenemos que tener una mirada intercultural de la diversidad en cada una de las políticas que tiene el ministerio y que tiene que tener el Estado. Esas voces representan la diversidad y cuando no están, lo que no está representados en el Estado son esos colectivos, por más que se puedan hacer "políticas para". Nosotras lo entendemos de ese modo. Por ejemplo, hemos hablado con cada uno de los ministros y las ministras sobre la importancia de que se incorpore personal travesti y trans, porque además ahí hay una deuda histórica vinculada a la casi imposibilidad de acceso al mercado laboral.

-Más de una vez, expresó su descontento con la masculinización de la gestión: muchas de las imágenes son solo de hombres reunidos con el presidente. ¿Sigue siendo difícil para las mujeres ocupar lugares de poder?

-Sin lugar a dudas. Cuando uno piensa que el 63% de los cargos altos de los funcionarios nacionales está en manos de varones, no es porque no haya mujeres o diversidades que no tengan la capacidad para ocuparlos. Lo mismo en el Poder Judicial: ¿por qué en el 2017, por ejemplo, solo el 28% de los cargos jerárquicos altos estaban en manos de mujeres? No es porque no haya más mujeres capaces, y muchas veces sobrecalificadas, para llevar adelante las mismas tareas, sino que tiene que ver con los obstáculos que tenemos aún hoy y que están vinculados a las tareas de cuidados.

-La distribución inequitativa en las tareas de cuidado es, en muchos sentidos, el quid de la cuestión.

-Yo siempre hago este ejercicio. En promedio, en la Argentina y según cifras del Indec, las mujeres usamos seis horas diarias en las tareas de cuidado y los varones dos. Son cuatro horas de diferencia diarias. Obviamente, a mayores recursos, esas tareas se reducen; y, a menores recursos, se agravan y llegan a tener ocho. Esas cuatro horas si las multiplicas de lunes a viernes, son 20. Y así se van sumando por meses y años. Son horas que nosotras no usamos para trabajar, hacer política, para el ocio o el deporte, por ejemplo. A la vez, los varones sí las usan para todo eso. Cuando uno piensa en los obstáculos, son eso. La política tiene además otros vinculados con que es un mundo que ha sido de los más masculinizados. Las mujeres y las diversidades venimos mucho más atrás. Lo que hay que hacer es empujarlo. Lo hablábamos el otro día con el Presidente: es el gobierno que tiene mayor representación de mujeres, ¿alcanza? No, no alcanza. Estamos mejor, pero tenemos que aspirar a que el número que tenemos hoy sea el piso para el próximo gobierno y así sucesivamente. Va a llegar un momento donde, más temprano que tarde, no estemos hablando de esto porque vamos a estar en igualdad de condiciones.

-La violencia simbólica y la violencia política contra las mujeres se está visibilizando cada vez más y, cuando sucede, hay más repudio. ¿Somos más concientes?

-No tengo dudas y para mí es auspicioso que se hable, se detecte y se desnaturalice este tipo de violencias. Porque no es que ahora hay más: esa violencia existió siempre de forma explícita y se fue cambiando la percepción. Si uno ve hoy un programa de la televisión argentina de hace 15 años, es altamente probable que le parezca imposible que consumiéramos esos productos culturales. Cuando a uno le sucede eso, es que efectivamente hay todo un cambio cultural, que verlo es maravilloso porque uno detecta cómo se desnaturalizaron violencias. Y si no las desnaturalizamos, no las podemos cambiar. Cuando empezamos a hablar de violencia política, muchos ni siquiera sabían que existía como una categoría legal. Desde el Ministerio tenemos una intervención, que se ve en nuestras redes sociales, que es muy pedagógica. Estamos en un proceso para nosotras maravilloso de transformación donde el mejor rol que podemos tener es el pedagógico. Salir a explicar por qué una cosa impacta en la otra, qué implican estas violencias y por qué nos hace mal a todos y todas. Hay un trabajo que los medios de comunicación, más allá de alguna situación muy focalizada, también están haciendo. ¿Nos falta? Un montón. Pero que me lo preguntés muestra que ya es un tema.

-¿Cómo impactan las propias diferencias dentro del movimiento de mujeres a la hora de gestionar? Por ejemplo, en el debate torno a la regulación o abolición de la prostitución.

-A nosotros no nos impacta. Los feminismos tienen una enorme heterogeneidad, que es lo que para mí hace que el movimiento sea extremadamente rico. Y, además, es extremadamente crítico. Esas dos condiciones lo convierten para mí en un movimiento diferente a muchos otros que a lo largo de nuestra historia nos hicieron llevar adelante transformaciones. Nosotros tenemos la obligación, pero además es una decisión política, de escuchar a todas las personas aunque tengan posiciones diametralmente distintas. Por otro lado, como Estado nos manejamos con el marco normativo de la Argentina. Para retomar tu ejemplo, ahí hay un problema enorme de acceso a derechos y esa es una agenda que tomamos porque es una obligación del Estado. No creo que nos interpelen de un mal modo las diferencias, sino de uno bueno. De hecho, tenemos un consejo ad honorem de asesores y asesoras con posiciones totalmente diferenciadas. Lo que nos enriquece es eso. Cuando empezás a trabajar en la agenda de derechos, ves que esas diferencias casi no existen.

Por María Ayuso

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