Ley de propiedad privada: “Si se aprueba el proyecto, se habilita a que se inicien desalojos en villas y asentamientos de todo el país”
Para la directora de Hábitat para la Humanidad, Bárbara Bonelli, la propuesta del Gobierno pone en riesgo la vivienda de un millón de familias de todo el país
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LA NACIONLorena Oliva
El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que presentó el Gobierno y ya trata el Senado plantea dudas sobre cómo puede impactar en el futuro de cinco millones de personas que viven en villas, asentamientos y barrios populares del país.
Su aprobación, ¿puede habilitar desalojos masivos? ¿Qué garantía tienen las familias que ya habían empezado a regularizar su vivienda gracias a la ley que rige hoy? Para la directora de Hábitat para la Humanidad en Argentina, Bárbara Bonelli, toda esa población, integrada por dos millones de niños y adolescentes, entraría en riesgo porque la ley que se impulsa “termina con la suspensión de los desalojos” en los barrios populares.
—El proyecto modifica la ley de integración sociourbana, aprobada durante la gestión de Macri. Esa ley promueve “la seguridad en la tenencia y la regularización dominial“ de quienes tienen su vivienda en un barrio popular. Entonces, se da la idea de que la propiedad privada y la integración sociourbana son conceptos antagónicos. ¿Es así?
—Para nada, todo lo contrario. Lo que busca la ley de integración sociourbana es propiciar la propiedad privada de personas a las que el Estado abandonó durante muchísimos años sin proveerle servicios básicos. Y también prevé que los titulares formales de los terrenos en donde los barrios populares están asentados, sean resarcidos económicamente.
—De los cambios que introduce este nuevo proyecto, ¿cuáles son los que más la preocupan?
—El proyecto deroga la declaración de utilidad pública de los terrenos donde están asentados los barrios populares, un requisito fundamental para poder expropiarlos, resarcir económicamente a los dueños formales y avanzar para que las personas que hoy viven en esos lugares puedan escriturar esos terrenos. Nadie dice que se les regalen, sino que los compren, que los vayan pagando. Otro punto preocupante es que se termina la suspensión de desalojos.
—¿Qué significa en la práctica?
—Que todo lo que avanzaste en tratar de regular la tenencia irregular, registrando a las familias, emitiendo certificados de vivienda, impulsando mejoras en los barrios y las viviendas puede dar marcha atrás porque mañana se podría iniciar un juicio y desalojarlas. Esta ley habilitaría potencialmente a que tanto el Estado como un privado inicie un juicio por desalojo en barrios populares. Tengo este dato: actualmente hay 150 juicios de desalojo activos, que afectan directamente a 4.500 familias.
—¿Cuántas familias quedarían expuestas a este riesgo?
—Estamos hablando de 1.200.000 familias que viven en unos 6.500 barrios populares y lo que es más preocupante, unos 2 millones de niños y niñas.
—¿Qué pasaría con ellos?
—Quedarían literalmente en la calle. En un país donde el déficit habitacional es enorme, imagínate si dejamos en la calle a 1.200.000 familias y destruimos todas sus viviendas porque consideramos que los terrenos en donde esas viviendas están asentadas tienen que volver a manos de sus dueños.
—¿Se sabe a quiénes pertenecen los terrenos en donde están asentados los barrios?
—Bueno, muchos están en terrenos fiscales. También hay que decir que muchos terrenos son inhabitables porque están, por ejemplo, cerca de basurales. Así que el valor fiscal de estos terrenos habría que estudiarlo. Pero aunque fueran en una enorme mayoría privados, esos dueños hoy no pueden usufructuar esas propiedades porque están ocupadas desde hace años. La ley vigente plantea expropiarlos y reconocerle ese valor a los propietarios.
—¿Cuántos años, en promedio, tienen los barrios populares?
—El 50% se creó en los últimos 25 años. La otra mitad tiene más de 25 años de historia. Son muchos años.
—Una de los argumentos del Gobierno para darle impulso a esta ley es decir que la ley actual fracasó porque en siete años (fue sancionada en 2018) solo el 0,08% de las viviendas logró tener un título de propiedad. ¿Qué opina?
—Cuando se censó a las familias, se les otorgó un certificado de vivienda. Ese certificado de vivienda habilitaba la conexión a servicios, la posibilidad de ser beneficiarios de distintos programas. Está más que probado que el mejoramiento social y urbano tiene impactos en otros aspectos de la vida de las personas: en el acceso a la salud, en la asistencia escolar. Y ofrece mayor seguridad en la tenencia a las familias.
—Se estima que hay casi 870.000 certificados de vivienda otorgados en barrios populares. ¿Por qué no lograron el título de propiedad?
—Porque hacer efectiva la escrituración es un proceso larguísimo. Esto no quiere decir que la política no sea eficiente. Estaría bueno que se simplifiquen escrituración y regularización de las viviendas.
—¿Qué pasaría con la validez de esos documentos si se aprueba esta ley?
—Habría que ver si esto no genera un montón de medidas cautelares porque esta ley derogaría la existencia de ese certificado de vivienda como tal y pondría a todas esas familias en una situación de riesgo inminente respecto de su situación de vivienda sin hablar de todo lo que invirtieron para mejorarla.
—Volviendo al tema de las escrituras, ¿qué condiciones previas en materia de infraestructura se tienen que dar también para poder escriturar?
—Las que garantiza el Estado en la ciudad formal. Porque cuando cualquier persona que vive en la ciudad formal decide comprar un inmueble, no se pregunta si ese inmueble tiene conexión a servicios. Lo da por hecho. Y ese hecho fue garantizado por el Estado. Pero las obras de infraestructura fueron las de las primeras que este Gobierno empezó a paralizar cuando asumió.
—¿De qué obras hablamos en concreto?
—Apertura de calles, trazado de veredas. Que pase el transporte público por esas zonas, que haya espacios de atención a la salud, espacios educativos. Todo lo que existe en el resto de la ciudad formal pero que en los barrios populares llegan al perímetro. No es que no tengan agua, es que están conectados informalmente. Entonces nadie se hace responsable por esa provisión, ni si el agua se contamina con los desechos cloacales. Lo mismo con los demás servicios, como la electricidad. Son servicios que no existen no por culpa de las personas sino porque el Estado jamás planificó en términos urbanos el crecimiento de sus ciudades.
Más información:
Hábitat para la Humanidad es una organización que trabaja por el derecho a la vivienda adecuada de familias que crecen en contextos de mucha vulnerabilidad.
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