Qué es el proyecto de ley de Propiedad privada de Milei: punto por punto, las principales modificaciones
El texto busca facilitar los desalojos por falta de pago de alquileres, intrusión o toma de terrenos y viviendas; también pretende dificultar la expropiación estatal
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LA NACION
El Gobierno busca impulsar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, ya presentado ante el Senado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El texto propone simplificar desalojos en casos de falta de pago, ocupación o toma de terrenos, facilitar la compra de tierras para ciudadanos extranjeros y reducir las posibilidades de ejecutar una expropiación.
Los principales puntos de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
La propuesta modificaría el Código Procesal Civil y Comercial para acelerar la restitución de viviendas y terrenos. El plan establece un juicio sumarísimo, un trámite exprés para expulsar a quienes no paguen el alquiler, “okupas” o personas que tomen un terreno.
De acuerdo con la norma, en caso de que el reclamo sea válido, el juez deberá entregar la propiedad al dueño dentro de los cinco días. El proyecto también fija un plazo de 72 horas para que la policía identifique a los ocupantes del inmueble.
La reforma también exige que el Estado justifique de forma estricta por qué necesita quedarse con un bien determinado y obliga a pagar al dueño el precio real de mercado antes de tomar posesión. Esta compensación debe incluir el dinero que el propietario deja de ganar por no disponer de su bien. En caso de ser ocupado por una emergencia, el trámite no puede superar los 60 días.
La ley propone que los ciudadanos extranjeros puedan acceder a tierras sin los límites vigentes, al derogar las trabas impuestas en la Ley 26.737. El Gobierno justifica la decisión afirmando que esa normativa dificultaba operaciones y desincentivaba la llegada de inversiones.
El Estado solo controlaría las operaciones donde participen otros países o empresas ligadas a gobiernos extranjeros. La medida también busca potenciar el desarrollo del sector agropecuario mediante la llegada de capitales externos.
El texto también pretende acabar con las restricciones impuestas por la Ley del Manejo del Fuego y permitir vender tierras rurales que sufrieron incendios. El proyecto busca eliminar la prohibición de comercializar esos campos por plazos de entre 30 y 60 años.
Esta medida solo se mantendría para los bosques nativos que cuentan con una protección especial. El Ejecutivo argumentó que la prohibición actual castigó el valor de las tierras de los productores sin alcanzar resultados reales en el cuidado del ambiente.
La iniciativa otorga a las provincias y a los municipios la facultad de entregar escrituras en los barrios populares. El Gobierno señaló que el sistema centralizado actual falló, ya que solo se entregaron títulos de propiedad al 0,08% de los vecinos en siete años.
Toda la información de las propiedades pasaría a un formato digital, donde los ciudadanos presentarán documentos con firma electrónica y podrán consultar datos a distancia. Esta medida apunta a bajar los gastos de las operaciones inmobiliarias y reducir las demoras en las oficinas públicas.
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