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Inquietud en el sector editorial y librero por un nuevo intento oficial de derogación de la ley que fija el precio único de los libros
Por segunda vez desde 2023, el Gobierno quiere desregular el sistema de precios; legisladores de la oposición ya expresaron su rechazo a la iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger
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LA NACIONDaniel Gigena
En el nuevo paquete de desregulación económica que el Gobierno planea enviar al Congreso en los próximos días aparece, por segunda vez desde que Javier Milei llegó al poder en 2023, la iniciativa oficialista de derogación de la ley 25.542, de defensa de la actividad librera, sancionada en 2001, que establece un precio único de los libros. Si el proyecto se aprueba, cada librería, cadena de librerías o plataforma de ventas podrá fijar el valor de venta de un mismo título y ofrecer promociones o descuentos sin las restricciones previstas por la normativa vigente. Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado sostienen que la medida favorecerá la competencia entre comercios y reducirá los precios para los consumidores. Se da por sentado que el mentor del proyecto es el ministro Federico Sturzenegger.
El proyecto también suprime artículos de la ley 25.546 de fomento a la lectura. La iniciativa del Poder Ejecutivo -que no plantea una reforma o una mejora de la norma, sino su derogación- volvió a poner en alerta al sector cultural, editorial y librero.
“Es un proyecto que se está trabajando y que aún no está definido en todos sus detalles -informaron a LA NACION desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado-. Tiene por objetivo que los libros sean más accesibles para los lectores. Para lograrlo, elimina una restricción que hoy impide que las librerías compitan en precios mediante descuentos, promociones u otras estrategias comerciales. La premisa es sencilla: cuando hay más competencia, los consumidores tienen más opciones y mejores precios. La experiencia internacional respalda ese enfoque. En el Reino Unido, tras eliminar el sistema de precio único en 1995, no solo no desaparecieron las librerías ni la producción editorial, sino que aumentó la cantidad de títulos publicados. No existe evidencia en el mundo de que el precio fijo sea necesario para preservar la bibliodiversidad”. Tras la eliminación el sistema de precio único de libro, entre 1995 y 2021 en el Reino Unido cerraron mil librerías.
“Cabe aclarar que la reforma que se está trabajando no elimina editoriales, librerías, derechos de autor ni políticas culturales -explicaron fuentes ministeriales-. Lo que elimina es una prohibición para competir en precios. El objetivo es que más personas puedan acceder a los libros, ampliando la oferta para los lectores y permitiendo que cada librería compita con las herramientas que considere más convenientes”.
El precio de referencia, por un lado, brinda cierta seguridad a la hora de abonar los derechos de autor (alrededor del 10% del precio de venta al público) y, por otro, protege a las librerías independientes o chicas de las killing offers (ventas a precios bajísimos) que podrían llevar a cabo jugadores con mayor poder económico como cadenas de librerías o plataformas como Mercado Libre que serían, apoyen o no la derogación de la ley, las grandes beneficiarias de la derogación de la norma.
Hoy se dio a conocer una declaración en defensa de la ley vigente que firman reconocidas entidades: la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (Falpa), la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla), la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), la Cámara de Librerías Independientes de Rosario, la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines de La Plata, la Cámara de Libreros y Editores Independientes, el Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina, la Unión Argentina de Escritoras y Escritores, la Sociedad Argentina de Escritores, el Centro PEN de Argentina, la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, el Colectivo LIJ, la Asociación de Dibujantes de Argentina y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, la carrera de Edición de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro y la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires.
“El Poder Ejecutivo ha circulado un proyecto legislativo que apunta a derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y suprime artículos de la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura, que precisan el papel del Estado en la promoción efectiva del libro y la lectura -comienza la declaración-. Es el segundo intento en poco más de dos años. Ninguno de los actores relevantes de la cadena (autores, editores, distribuidores, libreros, promotores de la lectura) lo ha solicitado, ni ahora ni antes. No hay un mercado cautivo esperando ser liberado”.
Se aclara que el Estado no fija el precio de los libros. “Lo fija el editor o el importador, en ejercicio de su autonomía, y la ley solo garantiza que ese precio se respete de manera uniforme en toda la cadena minorista -señalan-. No es un precio administrado ni una planificación cultural: es una regla que impide que el libro se use como ‘producto gancho’ para capturar el mercado. Es, además, la regla que rige en Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur. En América Latina, los referentes del libro de distintos países trabajan desde hace años por una norma de esta naturaleza, y en México por su cumplimiento efectivo”. [...]
“Si nuestra vida cultural, literaria e intelectual es reconocida en toda la geografía de nuestra lengua y más allá de ella, se debe en buena medida a una red amplia y diversa de librerías -sostienen-. Esa red es la que hace viable la existencia de centenares de editoriales pequeñas y medianas, y son esas editoriales las que publican a los nuevos autores y autoras”.
“La experiencia internacional desmiente la promesa oficial. Donde se derogó el precio uniforme, los libros no bajaron. En Suiza, el estudio que encargó la Secretaría de Estado de Economía tras la derogación de 2007 no halló cambios significativos en los precios. En el Reino Unido, los índices oficiales muestran que, tras la caída del Net Book Agreement en 1995, los precios de los libros crecieron por encima de la inflación general, pese a descuentos más amplios y profundos. Lo que sí ocurrió fue el retroceso de la librería independiente y el desplazamiento de la venta hacia cadenas y canales no especializados. Australia, que puso fin al acuerdo de precio fijo en 1972, vio caer su red de librerías de 2879 a 1457 entre 2013 y 2023, y hoy discute públicamente la regulación de los precios del libro”.
De forma unánime, coinciden en que la derogación de la ley afectaría la vida cultural. “Cuando el canal librero se debilita, la pérdida se reparte: los lectores pierden un espacio de referencia y recomendación; las ciudades, uno de sus motores culturales; las editoriales, dónde mostrar y comercializar lo que publican; los libros de circulación lenta, su tiempo en el estante. Y los nuevos autores y autoras [...] donde ver sus obras publicadas y valoradas”.
“Una red de librerías, y la vida cultural en torno a ellas, puede tardar décadas en formarse, y muy poco en perderse”, concluyen.
Algunas de las entidades también difundieron comunicados en redes sociales. El Consejo de Administración de la Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, expresó su preocupación y remarcó que las librerías forman parte del patrimonio cultural del país.
La Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), que tiene entre sus socios a los grandes grupos y a editoriales medianas, indicó que “está a favor de la ley de precio de venta al público (PVP) porque permite hacer sustentable el ecosistema librero y no es un invento argentino sino que se da en muchos países del mundo”.
La Cámara Argentina del Libro (CAL), con más de quinientos asociados, dio a conocer un extenso comunicado en favor de la ley. “Su objetivo es que haya más librerías, más editoriales, más autores y, en definitiva, que los lectores tengan más libros entre los cuales elegir -señalan-. [...] Esta ley constituye una herramienta fundamental de política pública para promover el acceso al libro y a la lectura, fortalecer la producción editorial nacional y preservar una red federal de librerías que garantice a la ciudadanía una oferta amplia, diversa y plural”.
Mientras tanto, las cámaras del sector comenzaron a golpear puertas de funcionarios del Gobierno y de legisladores opositores y oficialistas para que el proyecto no llegue al Congreso y, si llega, no sea aprobado. Un grupo encabezado por Falpa, la CAP y la CAL ya dio el primer paso en ese sentido. Integrantes de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Lorena Pokiok, están en contacto con representantes de las cámaras.
Entre otros, los diputados Maximiliano Ferraro, Myriam Bregman y Esteban Paulón, en sus cuentas de redes sociales, expresaron su rechazo a la iniciativa oficial. La diputada Juliana Santillán, el asesor presidencial Santiago Caputo y otros políticos libertarios respondieron críticamente una publicación del periodista y escritor Hugo Alconada Mon en defensa de la ley 25.542.
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