Acuerdo UE-Mercosur. La letra chica del documento que se publicó en Europa

Subsidios, gestión de empresas de control estatal, intercambio de bienes comerciales, participación de empresas europeas en licitaciones públicas, barreras sanitarias y propiedad son algunos de los ejes clave de un documento que la Comisión Europea difundió acerca del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur , con conclusiones que amplían lo difundido por el gobierno local.

Si bien es el principio de acuerdo y no un documento legal definitivo, el documento abre interrogantes sobre aspectos sensibles, como el futuro de las iniciativas de ‘compre nacional’, las barreras para-arancelarias y la participación de compañías europeas en negocios locales, que podría abrir tensiones con los intereses de otras grandes potencias como China o los Estados Unidos, junto a Brasil los tres principales socios comerciales de la Argentina.

El texto difundido ayer, que consta de 17 puntos, afirma que la UE liberará un 91% de sus importaciones (incluye el 100% de los bienes industriales) en un plazo de hasta 10 años, mientras que el plazo para el Mercosur será de 15 años, y comprende la eliminación de la totalidad de los aranceles para sectores como los autos, las autopartes, la industria química y los productos farmacéuticos.

El documento también aborda el asunto de los subsidios agrícolas, un elemento a través del cual la Unión Europea protege a su sector agrícola, a través de su Política Agrícola Común (PAC). En 2018, este programa gestionó subvenciones por un total de 58.820 millones de euros.

Si bien el texto califica a los subsidios como "distorsivos" y como "un problema creciente a nivel internacional", no establece definiciones sobre plazos, recorte de montos o cualquier otro tipo de modificación.

En el punto 10 del acuerdo, se plantea que el acuerdo estipula que los subsidios "pueden ser necesarios para alcanzar objetivos de política pública, pero pueden distorsionar mercados". En ese contexto, el acuerdo habla de "mecanismos de cooperación", "trabajo conjunto" e "intercambio de información sobre transparencia", pero elude definiciones y plantea que el tema se seguirá abordando entre ambos bloques y, también, en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Otro punto detallado es el de la gestión de empresas de control estatal, como YPF, Aerolíneas Argentinas o Petrobras. Según establece el documento en su punto 12, estas firmas deberán ser administradas bajo criterios estrictamente "comerciales", en una condición que en los hechos acota potencialmente el margen de maniobra de un gobierno a la hora de implementar políticas públicas o de desarrollo estratégico de determinados sectores a través de estas firmas.

Concretamente, el texto difundido por la UE marca que las decisiones de compra y venta por parte de estas compañías deben realizarse "de acuerdo a la economía de mercado de la forma en la que operaría una empresa de capital privado". Estas condiciones, sin embargo, no alcanza a las compañías que brindan servicios públicos.

Otro punto de potencial conflicto radica en las compras y licitaciones (Public procurement) realizadas desde el Estado. El acuerdo establece un "mercado abierto" para ambos bloques, y especifica que las empresas de países de la UE proveedores potenciales de bienes y servicios podrán participar libremente de estos procesos sin discriminación o barreras comerciales por parte de los gobiernos de países del Mercosur.

Según define el documento, este paraguas comprende compras por parte de ministerios y otras agencias federales, los poderes legislativos y judicial o las universidades nacionales. Además, incluye las de concesiones de servicios o proyectos de obra pública, y menciona como ejemplo a las potenciales iniciativas de construcción de autopistas en las cuales la firma ejecutora financia su obra a través del cobro de peajes.

El marco planteado, que inicialmente comprende únicamente a los Estados federales y dispone que el Mercosur genere las condiciones para incluir a provincias y municipios en un plazo de dos años, podría disparar un choque de intereses frente a firmas de otros países como China, con foco en temas energéticos, transporte y construcción, o los Estados Unidos.