Ajuste y nueva fórmula: los dos años de Alberto Fernández en la política previsional

El bono de $8000 que durante la semana próxima cobrará un grupo de jubilados y de beneficiarios de pensiones no contributivas cierra el capítulo de noticias sobre ingresos previsionales de los primeros dos años de gestión de Alberto Fernández. Se trata de un pago extraordinario, que no se incorporará a los haberes mensuales y que abarcará a 4,6 millones de las 7,2 millones de personas que perciben ese tipo de prestaciones.

Dentro del sistema contributivo, quienes cobran la jubilación o pensión mínima son 2,54 millones, el 47% del total de beneficiarios; de ellos, la gran mayoría accedió a la prestación vía moratoria, según las estadísticas publicadas por la Secretaría de Seguridad Social. Además de este grupo, quienes perciben un ingreso mensual de entre $29.062 y $37.062 cobrarán en los próximos días un adicional, que será de un monto tal que se complete la segunda de las cifras.

La decisión de otorgar bonos a algunos jubilados se dio en varias oportunidades en el actual gobierno, en el cual la discrecional y el ajuste fueron marcas distintivas en la política previsional del primer año. El último antes del actual, de hasta $5000, fue el bono cobrado en agosto por quienes ganaban hasta algo más de dos haberes mínimos.

Apenas asumió, en diciembre de 2019, el Presidente le pidió al Congreso la aprobación de una ley que, entre otras cuestiones, incluía la suspensión de la fórmula de movilidad que había sido aprobada, entre fuertes protestas sociales, a fines de 2017, durante la gestión macrista. Esa suspensión rigió por ley durante 6 meses y luego se la extendió, por decreto de necesidad y urgencia, durante medio año más. Mientras tanto y por las facultades concedidas por el Poder Legislativo, las recomposiciones para los ingresos fueron dispuestas por decretos, sin criterios ni cálculos predeterminados.

En el primero de esos aumentos, en marzo de 2020, se apeló a la entonces proclamada meta de achatar la pirámide, otorgando un porcentaje mayor cuanto menor fuera el ingreso, una estrategia abandonada rápidamente tras no pocos cuestionamientos. La movilidad, que está garantizada por la Constitución nacional, debe dar respuesta al objetivo de que el haber mensual inicialmente percibido por un jubilado -tras un cálculo correctamente realizado- no pierda su valor real con el paso del tiempo. Y eso es válido para todos y no solo para algunos.

En dos años, el resultado de aplicar primero esa política de movilidad suspendida, y luego una nueva fórmula regida por la recaudación de impuestos y la marcha de los salarios fue que, con una inflación acumulada que se estima en 104%, las jubilaciones recibieron una suba total de entre 89,8% y 106,6%. El primer porcentaje corresponde al haber máximo; el segundo, al mínimo. Los ingresos ubicados entre esas puntas tuvieron variaciones también entre esos dos porcentajes. Alguien que entre diciembre de 2019 y febrero de 2020 cobraba $50.000, tuvo en los dos años un incremento de 92,5%, por lo cual, como quien cobra la jubilación máxima, perdió contra la inflación.

En rigor, si bien este año con la nueva fórmula y una suba total de 52,67% las jubilaciones le ganarán levemente a la inflación (que rondaría el 50%. según las proyecciones), como señalan desde el Gobierno, lo cierto es que en 2020 ocurrió lo contrario, y eso arrastra efectos para hoy y para los próximos años. La inflación del año pasado fue de 36,1% y los aumentos se movieron entre 24,3% y 35,3%, con un dato de trasfondo que no es menor: con la fórmula de la gestión anterior el incremento hubiera sido para todos de 42,1%. Así, justo en el año en que llegó la suspensión (y más allá de que hubo bonos de única vez para algunos), se iba a generar una leve recuperación del poder adquisitivo de todos los haberes, luego de las caídas de 2018 (13%) y 2019 (1,7%).

Aun habiendo tomado esa decisión, en el acto que hoy encabezó, el Presidente dijo tener “la certeza y la decisión política de lograr que las jubilaciones aumenten más que la inflación”

Las decisiones del Poder Ejecutivo tras suspender la fórmula de movilidad durante todo un año son ahora materia de análisis en la Justicia, por lo cual el tema no está cerrado. Más allá del efecto de la política de bonos, todos los haberes mensuales serían hoy más elevados si no se hubiera concretado el ajuste de 2020, tanto si hoy siguiera el cálculo anterior, como también si se hubiera modificado para 2021 la fórmula, tal como ocurrió. En el primer caso, el haber mínimo sería de $29.722 y en el segundo, de $30.517, mientras que para ingresos más altos las diferencias serían proporcionalmente mayores. El haber máximo, hoy de $195.557, sería de $217.748 en la primera hipótesis, y de $223.571 en la segunda.

En varios juzgados del interior del país se está cuestionando el ajuste en sí mismo, o bien la continuidad de sus efectos. ¿Qué quiere decir esto último? Que hay sentencias que aceptan que en 2020 se haya ajustado el gasto, en función de una emergencia que fue declarada por ley, pero sostienen que la consecuencia en los bolsillos no debería continuar en el tiempo y que, entonces, antes de aplicarse los aumentos surgidos del nuevo índice de movilidad, las jubilaciones deberían haber sido llevadas, a inicios de este año, a los montos que hubieran correspondido en caso de no haber existido la suspensión. Es el criterio expuesto, por ejemplo, por la justicia federal de Bahía Blanca. E indica que la política aplicada el año pasado tiene sus repercusiones también en el actual y en los que vienen: sin ese hecho, hoy el Estado debería estar erogando mes a mes un monto mayor para los pagos previsionales.

El cambio de una fórmula a otra se hizo, así, ajuste mediante. Y será finalmente la Corte Suprema de Justicia la que dará la última palabra sobre el tema, pero esas decisiones siempre llegan en forma lenta.