Para evitar impacto en tarifas, el Gobierno posterga su plan para privatizar la importación de gas en invierno
Enarsa seguirá a cargo de las compras de GNL este año; el impacto de la guerra en los valores internacionales del combustible y la búsqueda oficial de contener los precios
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El Gobierno dio marcha atrás con uno de los cambios más relevantes que había impulsado para el mercado energético en 2026. Finalmente, el Estado concentrará al menos por un año más la importación de gas natural licuado (GNL) a través de Enarsa durante el invierno, en lugar de transferir esa tarea al sector privado como estaba previsto. La decisión fue confirmada a LA NACION por fuentes oficiales y privadas.
Se trata de una operatoria clave para garantizar el abastecimiento de gas en los meses de mayor consumo, cuando la producción local no alcanza para cubrir los picos de demanda residencial, industrial y eléctrica. Pero detrás del giro hubo también una razón macroeconómica: moderar el traslado del shock externo a las tarifas internas y, por añadidura, a la inflación.
“La decisión obedece a la suba y volatilidad del precio internacional, agravada por el conflicto en Medio Oriente. No es momento de convalidar condiciones que puedan sumar costos al sistema justo cuando la Argentina está bajando el uso de GNL”, señalaron en el Gobierno. Sin embargo, aclararon que la estrategia de fondo no cambió. “Seguimos convencidos de privatizar esta operatoria y avanzar hacia un esquema competitivo, transparente y con señales de precio para que se conozca el costo real de la energía”, agregaron.
El esquema original apuntaba a que una empresa privada asumiera una tarea históricamente reservada al Estado: comprar el combustible en el exterior, coordinar la llegada de los barcos, operar la terminal regasificadora de Escobar y luego vender ese gas a distribuidoras, grandes industrias y generadoras eléctricas. También debía administrar stocks, logística portuaria y riesgo comercial. Para la gestión libertaria, además, era una señal política: correr al Estado de funciones comerciales incluso en un mercado sensible y regulado.
La licitación avanzó durante semanas y terminó en una competencia muy ajustada. En la primera ronda económica, Trafigura presentó una prima de US$4,91 por millón de BTU y Naturgy ofertó US$4,95. La diferencia mínima abrió una nueva instancia de mejora. En la segunda ronda, Naturgy pasó al frente con US$4,50, frente a US$4,57 de Trafigura. Sin embargo, ninguna de las propuestas terminó de convencer al Gobierno.
Fuentes que conocen de primera mano el funcionamiento del sistema admiten que el problema no eran solo los precios que pedían las compañías, sino el contexto en el que debían ejecutarse esos contratos. Delegar la compra en un privado implicaba aceptar un traslado más directo del costo internacional hacia tarifas y grandes usuarios, algo incómodo para el Ministerio de Economía en pleno invierno.
La guerra en Medio Oriente alteró los supuestos con los que se había diseñado el proceso. El precio del GNL, que a comienzos de año se movía cerca de los US$10 por millón de BTU, saltó a una zona de entre US$17 y US$20 en mercados de referencia. Ese movimiento encareció el costo esperado para el invierno y volvió más delicada cualquier decisión sobre cuánto de esa suba debía absorber el Estado y cuánto podía trasladarse a las facturas de gas y electricidad.
“Yo creo que la decisión se toma porque el mercado del GNL tiene hoy una alta volatilidad de precios”, dijo Daniel Montamat. Según explicó, las ofertas privadas incorporaban no solo un margen de intermediación, sino también el riesgo de operar en un mercado mucho más inestable. Aun así, advirtió que Enarsa deberá comprar los cargamentos a precios internacionales y que, si el Gobierno decide no descargar ese costo pleno en el mercado doméstico, “tendrá que poner la diferencia vía subsidios”.
Es decir, la marcha atrás no elimina el costo: redefine dónde impacta. En vez de aparecer plenamente en tarifas, una parte podría trasladarse a mayores necesidades fiscales o a subsidios energéticos transitorios, una variable que el Gobierno venía intentando recortar desde el inicio de la gestión.
Juan José Carbajales sostuvo que el contexto actual podría implicar un extracosto de alrededor de US$700 millones respecto de los valores que se manejaban en febrero. A eso sumó un problema estructural: la demora de obras e iniciativas que debían reducir la dependencia estacional de importaciones, entre ellas la etapa II del gasoducto Perito Moreno y la reversión del Gasoducto Norte.
La Argentina redujo fuerte su necesidad de compras externas gracias al salto productivo de Vaca Muerta, pero todavía necesita importar barcos durante los meses fríos porque la demanda residencial se dispara y la infraestructura de transporte no alcanza para cubrir esos picos de consumo. En el sector estiman que este año podrían requerirse entre 20 y 25 cargamentos, según la temperatura y la disponibilidad de gas local.
En ese marco, la decisión de sostener a Enarsa aparece también como una forma de administrar el impacto sobre la macroeconomía. Un traslado pleno del costo del GNL hubiera presionado sobre los precios regulados justo cuando el equipo económico necesita mostrar una desaceleración.
En su último informe, Econviews sostuvo que el 3,4% de inflación de marzo tuvo que ver con “shocks puntuales” y que los precios regulados subieron 5,08%, impulsados por combustibles, transporte y servicios públicos. Para abril, la consultora proyectó una inflación en torno al 2,7%, apoyada, entre otras cosas, en una moderación de los aumentos de luz y gas. En ese contexto, arriesgarse a un nuevo salto tarifario por el GNL importado podía complicar los planes del Gobierno.
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