Baja de impuestos: provincias y municipios en distinta sintonía que la Nación
La discusión que genera el capítulo tributario de la Reforma Laboral expone una vez más dos posturas contrapuestas que atentan contra la competitividad; gobernadores se oponen a la rebaja del impuesto a las ganancias para empresas porque ello afecta la coparticipación.
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PARA LA NACIONCésar Litvin
Las noticias de actualidad reflejan unos de los aspectos más discutidos del capítulo tributario del proyecto de Reforma Laboral, que es la propuesta de rebaja del impuesto a las ganancias para empresas (la escala del 30% pasaría al 27% y la del 35% se reduciría al 31,5%). Los gobernadores de varias provincias condicionan su apoyo a la eliminación de esa propuesta. Sostienen que implica una pérdida en materia de recaudación coparticipable que debería ser compensada.
La presión fiscal efectiva es altísima sobre los contribuyentes que pagan, lo que genera una gran informalidad y evasión, provocando una competencia desleal.
En estos últimos dos años de gestión, el Gobierno nacional además de no prorrogar el impuesto PAIS, eliminó o redujo varios tributos. En contraposición, a nivel provincial aplica el peor de los impuestos, que es Ingresos Brutos, que recauda el 4% del PBI y casi se duplicó en los últimos 20 años. Es plurifásico, se cobra en cada una de las etapas de la cadena productiva sin reconocer créditos fiscales con efecto acumulativo en cascada, lo cual repotencia los costos y el precio de los bienes y servicios gravados, afectando la competitividad. Distorsiona el valor de los bienes que se exportan porque no tiene recupero. Desconoce la capacidad contributiva del contribuyente.
Para peor, las provincias establecen regímenes de retenciones, percepciones y recaudación bancaria que les permiten cobrar por adelantado este impuesto, lo que genera, en muchos casos, saldos a favor de los contribuyentes, convirtiéndolos en acreedores debilitados ante normativas burocráticas que tornan en una “misión imposible” la devolución del dinero pagado en exceso, restando capital de trabajo para la actividad productiva. Ningún país del mundo aplica actualmente un tributo de estas características.
Las provincias también recaudan otro impuesto arcaico y medieval, como es el impuesto de sellos, que grava la instrumentación de operaciones económicas. Un tributo que en la era de la digitalización no debería existir.
A nivel municipal, la voracidad fiscal es cada vez mayor. Está naturalizado cobrar verdaderos impuestos disfrazados de tasas por servicios que no se prestan o en los que el tributo no guarda ninguna relación con el costo de su prestación, sino que se establece en función de la capacidad contributiva del contribuyente.
Para evitar la indefensión del contribuyente, es necesario reformar las legislaciones municipales contemplando el “efecto suspensivo” de los recursos que interpongan los sujetos pasivos, para que puedan discutir las tasas ilegítimas ante la justicia sin pagar ni correr el riesgo de ser embargados o ejecutados.
Los ejemplos de arbitrariedades siguen apareciendo. Al finalizar 2025, Pilar modificó la denominada “tasa ambiental”, obligando ahora a los comercios a percibir el tributo como un porcentaje del monto de cada operación en lugar de un importe fijo
El escenario descripto demuestra que la política tributaria de provincias y municipios afecta la competitividad. No alcanza con una Reforma Tributaria Nacional, sino que debe haber una orientación en el mismo sentido a nivel provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para ello es necesario que la Nación y las provincias comiencen a sintonizar en forma coordinada. El capítulo tributario de la Reforma Laboral podría ser un buen punto de partida para luego avanzar en un Pacto Fiscal con provincias y municipios para bajar o reformular Ingresos Brutos y eliminar o reducir las tasas municipales, que ocasionan una superposición “obscena” de tributos sobre los contribuyentes.
Todo esto provoca un traspaso de dinero del sector privado al sector público y genera un círculo vicioso: menos inversiones, menor actividad, menor empleo y menos recaudación. Mientras que la idea es hacerlo virtuoso: menos impuestos, mayor inversión, más actividad económica, más consumo, más empleo y mayor recaudación.
Sin duda que la Nación también tiene asignaturas pendientes. Entre ellas, están los derechos de exportación, un impuesto nocivo que afecta la competitividad. Sólo otros 12 países del tercer mundo aplican este tributo y ninguno de nuestros vecinos con los que competimos (Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay). Su eliminación haría que nuestros productos sean más competitivos en relación al resto del mundo. En parte esto se viene dando con las reducciones graduales que se dispusieron en 2025 para ciertos productos (soja, maíz, trigo y girasol) y su eliminación permanente para algunas economías regionales (azúcar, algodón, tabaco y arroz).
Otro de los impuestos más distorsivos es a los débitos y créditos bancarios, conocido como “impuesto al cheque”, que aplica por cada acreditación o débito en una cuenta bancaria. Es un tributo que nació por un año y en marzo próximo cumplirá 25, que también debería eliminarse.
En síntesis, a mediano y largo plazo, priorizando el equilibrio fiscal se requiere una Reforma Tributaria amplia, no un parche junto a una moderna legislación laboral, con acuerdos entre los distintos sectores, incluyendo a las provincias, con severas sanciones por incumplimientos, para evitar que fácilmente se vuelva atrás, consensuando cómo y qué tributos recaudará cada nivel de gobierno para evitar tantas distorsiones.
Para dar un primer paso, las Nación, las provincias, los municipios y CABA deben comenzar a sintonizar en el mismo sentido. El capítulo tributario del proyecto de ley que ingresó al Congreso para ser tratado en sesiones extraordinarias brinda una excelente oportunidad. Sería sólo el puntapié inicial, pero por cierto relevante para empezar a construir algo estructural a largo plazo a favor de la competitividad.
Tipo de trabajo:
análisis
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