A contramano de la tendencia mundial en la comercialización de granos

La política agropecuaria en la Argentina y en particular la que tiene que ver con la comercialización de granos va a contramano de la tendencia mundial, siguiendo la impronta oficial de "profundizar el modelo". Desde 2006 la creciente intervención estatal significó transferencias millonarias del sector productivo a otros actores de la cadena. Esto se tradujo en un estancamiento y baja del volumen de la producción de granos, debido al creciente riesgo que en la comercialización soportan los productores.

En el resto del mundo los países líderes en el comercio de granos llevan adelante programas específicos en materia de comercialización, cuya finalidad es correr de la escena al Estado para dar lugar a la iniciativa privada.

Sucede en Australia, con el desmantelamiento de la Australian Wheat Board; en Rusia, con el proceso de privatización de la United Grain, y en Canadá, donde se eliminó el poder de monopolio de la Junta Canadiense de Trigo y se redujo la carga regulatoria sobre los productores.

Aquí la máxima oficialista de profundización del modelo se hizo sentir en el mercado de granos con una "politización" que se traducirá en el mediano plazo en mayor riesgo y menor valor para toda la cadena comercial.

La resolución 3342/2012 prevé un régimen informativo -complementario al establecido en la resolución 2750- respecto de las existencias de granos, cereales y oleaginosas no destinados a la siembra y requiere a los productores declarar la superficie productiva correspondiente a cada grano con anterioridad al traslado y la comercialización. El incumplimiento del régimen de información obstará al expendio de las cartas de porte, así como a la obtención del Código de Trazabilidad de Granos y a la registración de los contratos y operaciones. Podrán aplicarse, además, las sanciones previstas en la ley de procedimiento fiscal y disponerse la suspensión transitoria en el Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas.

Claramente, la resolución que regirá a partir de la próxima campaña implicará una retracción en la logística productiva, dado que los "controles objetivos" que prevé la norma actúan como amenaza de que, ante la más mínima inconsistencia entre los datos informados y la realidad económica de la actividad del contribuyente, caerá sobre él todo el peso de las sanciones.

A esto se le suma que se deberá tener implementado un "listado de vencimientos" para poder responder en tiempo y forma con toda la información que le requiere el Estado, además de cumplir con las normas del Registro Fiscal de Operadores de Granos y de aquellas que le permitan obtener las cartas de porte, completar el Código de Trazabilidad Fiscal, consultar el Registro de Operaciones Inmobiliarias, y de otras tantas cuya complejidad lo excede, más el costo que implica cumplir con información requerida, concluiremos que todo apunta a desalentar la producción. En resumen, más palos en la rueda. La parafernalia requerida por el Estado terminará por acobardar al pequeño y mediano productor, que se verá empujado a arrendar a "un pool de siembra".

El otorgamiento de permisos de exportación (ROE) de maíz a favor de YPF por 30.000 toneladas es una intervención que abre la puerta a riesgos adicionales. Basta con tener en cuenta que el precio del maíz tiene un 35% de retenciones efectivas, entonces: ¿cuál será la retención en caso de que YPF siga comprando maíz? ¿El camino es la construcción de un monopolio? Esta vuelta al pasado significaría consecuencias perjudiciales para toda la cadena.

Se trata de no repetir estructuras obsoletas que han causado daño al sector productivo. La intromisión de YPF podría ser la punta del iceberg que destruya la expectativa de un mercado de granos transparente. Resulta paradójico que en un país que es protagonista en el negocio agrícola mundial se siembre la incertidumbre cuando deberíamos estar discutiendo cómo hacer para producir más. Tenemos la tecnología necesaria y a los productores dispuestos, pero otra vez carecemos de reglas claras que nos brinden el marco apropiado. No pedimos privilegios; sólo un umbral imprescindible de certeza que despeje las incógnitas sobre cuál es el futuro que nos espera.

La incertidumbre trasladará su efecto negativo a los precios, y el productor terminará pagando los costos de la improvisación. Cada vez que esto ocurre se resiente toda la vida económica del interior porque el campo -que utiliza tecnología de punta y paga altísimos impuestos- es el sector más dinámico de la Argentina. Un sector que hoy necesita proyectar inversiones, incrementar las superficies de cultivos que están devaluados, como el trigo y el maíz, y expandir su frontera productiva.

La Argentina necesita y merece mostrarse al mundo como un proveedor competitivo y confiable. Tiene con qué, el resto es una decisión política. Ojalá prime la sensatez; sería bueno para todos.

Por Rubén Ferrero

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