Ajuste: se aprobó un fuerte cambio institucional en el INTA
El Consejo Directivo del organismo avanzó en modificaciones sobre la conducción y en diversas áreas a nivel operativo
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LA NACION Belkis Martínez
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó esta noche una reestructuración institucional en el ente. Entre los puntos se encuentran quitar funciones y competencia a la Dirección Nacional para concentrarlas en el Consejo Directivo.
Entre los cambios figura una nueva Secretaría de Coordinación Técnica, que absorbería funciones clave como las de la Dirección General de Administración (DGA), a pesar de que por ley esta debe responder a la Dirección Nacional. No está definida la persona que ocupará el cargo. En el medio, hoy el organismo sufrió un ciberataque.
Julieta Boedo, delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) e integrante de la Coordinación Nacional de ATE-INTA, señaló que esta movida forma parte de un plan de ajuste del Gobierno, que busca reducir la planta de 6100 a 4500 trabajadores, utilizando mecanismos como los “pases de disponibilidad”.
También advirtió sobre el cierre de áreas y el traslado de líneas estratégicas de trabajo hacia el control del Consejo Directivo. Mientras tanto, contó, desde temprano este martes trabajadores en todo el país hicieron asambleas permanentes en estado de alerta por estos cambios.
Fuentes oficiales aclararon a LA NACION que la reunión tuvo como único objetivo cerrar las decisiones tomadas en marzo, en el marco de un proceso interno de la institución. Hablan de un proceso de restructuración positiva para el INTA y un proceso institucional que se cerró con esta reunión. Con los cambios el organismo reduciría las direcciones en un 70% y las gerencias en un 20%.
En ese contexto, la Asociación del Personal del INTA (Apinta) denunció que, pese al discurso oficial de austeridad y eficiencia impulsado por las autoridades del organismo, encabezadas por su presidente, Nicolás Bronzovich, y su vice, Beatriz Giraudo, se han tomado decisiones que contradicen esos principios.
En el gremio apuntaron contra la designación de cuatro asesores sin antecedentes técnicos con sueldos elevados, el sostenimiento de funcionarios sin funciones definidas, la creación de nuevas estructuras sin justificación estratégica y el uso personal de recursos institucionales. Fustigaron gastos en eventos del agro donde el mismo ente muestra lo que hace para el sector de la producción.
Fuentes oficiales aclararon a LA NACION que el equipo técnico conformado para el diagnóstico institucional y tomar las decisiones trabajó mayormente ad honorem o con gastos mínimos, y que las erogaciones realizadas fueron muy inferiores a las cifras difundidas, y todas estuvieron consensuadas con el Consejo Directivo, en línea con la estrategia nacional del organismo. Destacaron que la única contratación formal que se hizo desde diciembre de 2023 responde a necesidades estratégicas y que se está recorriendo activamente el país en coherencia con el carácter federal del organismo. Además, por primera vez se está midiendo el impacto económico de las tecnologías desarrolladas y se están adoptando decisiones que fortalecen la operatividad, el cumplimiento normativo y la orientación hacia la demanda real del sector.
“Buscan poder avanzar con todas las funciones y las competencias que se quieren adjudicar los mismos del Consejo Directivo, quitándole la competencia a la Dirección Nacional”, puntualizó Boedo.
En marzo pasado, el Consejo Directivo propuso la creación de una nueva Secretaría de Coordinación de Gestión, la redistribución de competencias de la Dirección Nacional y el traspaso de áreas clave a la Secretaría Ejecutiva del Consejo. Además, se encargó la elaboración de una nueva propuesta de retiro voluntario y quedaron pendientes de resolución iniciativas como la reestructuración de centros, la reformulación del Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (Ciapaf) y la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA). Se decidió bajar un 70% las direcciones y un 20% las gerencias.
“La idea que tienen es llevar adelante el plan de ajuste: bajar la planta de 6100 a 4500 personas, que lo siguen sosteniendo. Lo quieren llevar adelante con los pases de disponibilidad. Están en peligro de cerrarse áreas y de perderse puestos de trabajo, así como líneas estratégicas de trabajo que hoy dependen de la dirección nacional para que dependan directamente del Consejo. Este es un modelo diferente al que tiene INTA desde hace 70 años”, agregó.
Las funciones que tendría la Secretaría Ejecutiva, según planteó en la última reunión el Consejo Directivo, estaría el control técnico áreas clave como la Dirección General de Administración y las Coordinaciones de Recursos Humanos, Operaciones, Sistemas y Comunicación y exDirecciones Nacionales Asistentes.
Así también se propuso que la Dirección General de Asuntos Jurídicos pase a depender de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Directivo, así como así también la Coordinación Transversal de Gestión y Guarda Documental y Mesa de Entradas. Se instruyó a la Dirección Nacional Asistente de Desarrollo, Gestión y Fortalecimiento de las Personas arbitrar los medios para realizar una nueva propuesta de retiro voluntario para su consideración y tratamiento en el Consejo.
El Consejo Directivo del INTA está integrado, más allá del sector público, por entidades del sector agropecuario como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro. Al ser un órgano colegiado, también está conformado por un representante de las facultades de Agronomía y uno de Ciencias Veterinarias; así como tres del Poder Ejecutivo: uno de la Secretaría de Agricultura, el presidente del INTA y su vicepresidenta.
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