Amenazas sobre la propiedad de la tierra

Primero con el robo de animales, más tarde con la sustracción de herramientas, maquinaria, de la cosecha almacenada en silos, golpizas a los productores y ahora con la usurpación directa de tierras, el delito rural en algunas zonas del campo bonaerense parece estar en constante evolución, siempre dispuesto a golpear con las acciones menos pensadas por sus víctimas.

En las últimas semanas, los casos sobre la irrupción de supuestas bandas organizadas y con conexiones de toda naturaleza en los partidos de Presidente Perón, Coronel Brandsen y San Vicente, entre otros, en el sur del conurbano bonaerense, confirmaron la existencia de esta nueva modalidad con la que operaría el delito rural. El interés ya no es apoderarse de la hacienda o de cualquier otro bien que posea un campo, sino por quedarse con la tierra, con todo lo que hay adentro del establecimiento y, a futuro, poder usufructuar su valor. A diferencia de las otras modalidades delictivas, en ésta se habría llegado a observar en varios casos el accionar de organizaciones que ingresan a los establecimientos armados, contando con una presunta protección policial y con la complicidad de escribanos que falsificarían documentos para instalar una dura batalla judicial en torno de la propiedad una vez consumada la usurpación.

"Hasta ahora tenemos unos 10 casos de usurpaciones en zonas como Guernica (cabecera del partido bonaerense de Presidente Perón), Brandsen y San Vicente", comentó Pedro Apaolaza, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

Una fuente vinculada con la comisión contra las usurpaciones de campos, creada por el ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, confirmó el dato: "Se comenzó con un universo de cinco casos y ahora ya se han sumado tres o cuatro más".

Armando Crespo Furlán, quien recientemente recuperó su establecimiento Lomas de Vizcacheras, de 700 hectáreas, ubicado en Coronel Brandsen, sobre la ruta 2, tras una usurpación donde habrían participado unas diez personas supuestamente armadas, señaló que podrían existir más casos. "Todos los días aparecen más", aseveró.

Según otras fuentes, los casos llegarían a 30 si se comprueban denuncias de diversos particulares que se habrían contactado con la Red de Emergencia Solidaria para Productores Agropecuarios (Respa), que tiene un foro de intercambio a través de Internet (groups.yahoo.com/group/respa/).

El artículo 181 del Código Penal establece una pena de hasta tres años para quien comete una usurpación; sin embargo, el delito es excarcelable.

Objetivos

Aún no hay una única hipótesis sobre los eventuales objetivos de esta modalidad delictiva en el sur del conurbano bonaerense. No obstante, existe la posibilidad de que en una zona como Guernica, donde sobre la ruta 58 puede observarse un paisaje que combina lujosos countries con campos poblados con vacas, se esconda la búsqueda de un negocio inmobiliario, dividiendo la propiedad en lotes. "Acá la hectárea cuesta entre 3000 y 5000 dólares, contra los dos mil pesos del año 2000; sobre la ruta 58, que se valorizó mucho, vale hasta más de 5000", dijo Ana Vázquez, de la inmobiliaria A. Tiesi, ubicada en la zona.

El secretario de Carbap agregó otra hipótesis sobre el presunto accionar de estas organizaciones delictivas: "Hay campos que se ofrecieron en venta; también pueden hacer esto para pedir un rescate", subrayó Apaolaza.

"Estamos ante una problemática especial. La usurpación es una etapa superior en las organizaciones que ya venían actuando", sostuvo Horacio Delguy, presidente del Frente Agropecuario Nacional (FAN).

Detrás del delito habría un complejo accionar. "Hay una organización importante que no abarca solamente a la policía, que es el hilo más delgado. Hay también escribanos, porque todo comienza allí, con documentación apócrifa. Mientras uno va a pelear la usurpación a la justicia penal, ellos (por los usurpadores) están inscribiendo el campo con el nombre de otra persona, con hipoteca, y después la ejecutan en subasta pública", indicó Crespo Furlán, quien agregó: "Diez inmobiliarias llegaron a ofrecer mi campo".

Ana Buiani, a quien la Justicia le devolvió su campo La Primavera, en Guernica, en el partido de Presidente Perón, coincidió en parte: "Hay abogados, escribanos y fiscales metidos", expresó. "Los usurpadores intentaron reingresar en mi campo la misma noche que me lo entregaron", denunció.

Hoy las sospechas también apuntarían hacia organismos desde donde se podrían haber filtrado distintos datos confidenciales, como el Registro de la Propiedad y Rentas. "Hay información que saldría de allí", expresó Apaolaza.

Por los distintos casos ocurridos hasta el momento en zonas como Brandsen y San Vicente ya fueron echados de la policía bonaerense dos efectivos y otros tres quedaron desafectados de sus servicios. Además, según confirmó una fuente del Ministerio de Seguridad bonaerense, el capitán Hugo Rubén Echeverría, de Guernica, está bajo sumario por el envío de móviles que habrían acompañado a los usurpadores al campo de Buiani ante una supuesta instrucción verbal por parte del fiscal Leandro Heredia, quien habría actuado, según relató a LA NACION en conocimiento de la denuncia de un particular que quería ingresar en el establecimiento.

Otro caso

Sin el condimento del presunto accionar de bandas armadas, a los casos ya conocidos se agregó el de Silvia Minetto, quien denunció la usurpación en 2001 de tres parcelas de un campo de 60 hectáreas ubicado en Guernica. "Presentaron documentación apócrifa; calcaron la firma de mi padre y de mi madre", dijo Minetto respecto de los boletos de compraventa que se habrían firmado en Córdoba y que habrían facilitado la usurpación.

"Mi suegro jamás firmó una escritura de venta de propiedades", expresó Ricardo Santos Rodríguez, esposo de Minetto, reforzando los dichos de su mujer. "Estos campos eran de los bisabuelos de ella", añadió.

Darío Domingo Donolo, el presunto usurpador, respondió: "Yo compré esas tierras en 1985 a Oscar Sacchi, quien era un agente inmobiliario". Luis Fernando Velasco, uno de sus abogados, agregó: "La denuncia por falsedad de la venta de Minetto (el padre de Silvia) a Sacchi fue desestimada por la Justicia de Córdoba".

Donolo dijo que tiene propiedad sobre las otras hectáreas del lugar. "No tengo la titularidad, pero compré la posesión por escritura pública a la familia Ciurlandi", explicó.

El caso por las tres parcelas continúa en medio de una dura batalla judicial donde no habrían faltado denuncias por falso testimonio, amenazas y hasta fue imputado el hijo de Donolo, Darío Antonio, en la causa.

Por Fernando Bertello

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