Aprendizajes de éxitos y fracasos en la agroindustria

En las últimas semanas se conoció el concurso preventivo de acreedores presentado por la empresa Molinos Cañuelas, que por volumen procesado de trigo ocupa los primeros lugares del segmento en cuestión. La deuda que la empresa mantiene con bancos locales e internacionales asciende a unos US$ 1400 millones, de los cuales un tercio corresponde a dos bancos oficiales (Banco Nación y Banco Provincia).

Una deuda de esta magnitud, en particular en manos de importantes entidades financieras, amerita atención. La crisis que le toca ahora a Molinos Cañuelas y antes tocó (entre otras) a Vicentin y a Sancor dejan en claro que -pese a las evidentes ventajas comparativas con que cuenta Argentina- la actividad agroindustrial está sujeta a riesgos. Riesgos que los acreedores subestimaron, o riesgos que eran difíciles o imposibles de estimar.

En una economía de mercado se aprende tanto de los éxitos como de los fracasos. En esto radica el formidable stock de conocimiento con que estas economías cuentan. Se crea conocimiento cuando se aprende la lección que corresponde, y no una que lleva a reiterar errores. Un ejemplo de sacar conclusiones equivocadas es el de un empresario del sector molinero quien -refiriéndose a Molinos Cañuelas- señala la existencia de “empresario rico, empresa pobre” y denuncia “un sistema económico que distribuye las pérdidas empresarias a la sociedad, pero no las ganancias”. Una acusación como la anterior es temeraria. Cabe preguntarse, sin embargo, sobre la razonabilidad de la misma.

Una empresa sobrevive en la medida que diseña acuerdos eficientes con (entre otros) proveedores, accionistas, acreedores, empleados y clientes. Por “acuerdos eficientes” se entiende acuerdos que ofrecen a cada participante un retorno al menos tan alto como este participante podría obtener en otras alternativas. Cada participante evalúa potenciales beneficios y riesgos de participar en acuerdos con la empresa. Por su tamaño y grado de especialización, algunos participantes están en mejores condiciones que otros para evaluar, en particular, los riesgos subyacentes. Este es el caso de los bancos y entidades financieras.

Al respecto cabe preguntarse: ¿un volumen de deuda de US$ 1400 millones justifica o no un análisis minucioso por parte de especialistas en riesgo crediticio? ¿Existe forma de estimar, para una determinada empresa, la probabilidad que esta tiene de poder cubrir sus compromisos? El punto a enfatizar entonces es que el problema no es uno de “empresario rico, empresa pobre”, sino uno de la posibilidad de estimar riesgos por parte de los acreedores de la empresa. En el caso de los bancos privados, el “costo” del incumplimiento del contrato crediticio lo pagarán los accionistas: las malas decisiones llevan a pérdidas que, supuestamente, gatillarán acciones dentro de estas empresas.

El caso de los bancos públicos es distinto: la pérdida la internalizan los ciudadanos, que en la práctica carecen de alternativas para castigar a los que tomaron decisiones erradas. El aparato político, en efecto, protege a estos bancos de las consecuencias de sus propias decisiones. O, en algunos casos, el aparato político es cómplice de estas decisiones.

Pero bien puede haber ocurrido que los riesgos incurridos por Molinos Cañuelas eran de difícil (o imposible) cuantificación. En particular, luego de las PASO del 2019 se desplomaron acciones y bonos argentinos y ocurrió una muy fuerte devaluación del peso (30%). El control de cambios y la política de precios máximos se profundizaron con el cambio de gobierno. A esto se agrega, a partir de la pandemia, la prohibición de despidos, que de hecho impide toda reorganización. La gerencia, en efecto, cumple la función de ser delegados del poder político más que decisores que reciben mandato de accionistas.

Una política económica razonable hubiera facilitado cambios. Por de pronto, es altamente probable que inversores de riesgo se interesen por algunas de las unidades de negocios de Molinos Cañuelas, proveyendo los tan necesarios recursos financieros y capacidad gerencial. Pero esto es imposible en una economía sin vistas de futuro. El problema de la empresa es entonces uno de decisiones de inversión realizadas en un contexto altamente volátil.

Una posibilidad es que los acreedores no hayan evaluado la razonabilidad de las inversiones realizadas; son ellos, en definitiva, los que más tienen que perder por otorgar créditos a proyectos de dudosa rentabilidad. La otra es que los acreedores fueron diligentes y profesionales en sus evaluaciones, pero que la economía argentina derrota toda posibilidad de análisis.

Lo primero tiene (al menos para los bancos privados) solución. Lo segundo es más preocupante pues sugiere una sociedad que, en definitiva, no logra decidir que es lo que realmente quiere, y que sacrificios está dispuesta a hacer para lograrlo.

El autor es profesor de la Ucema