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Armas de doble filo que tienen riesgos en el mediano plazo
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LA NACIONCristian Mira
Finalmente, el Gobierno definió cuál será la política de exportación de carnes para 2022. Con el decreto y las resoluciones que fijan la prohibición de exportar siete cortes que en su mayoría se destinan al mercado interno y el fin del sistema de cupos que había regido tras la primera versión del cepo cárnico el interrogante que se abre es si eso generará previsión y confianza o el nuevo marco contiene atajos para que el Gobierno se reserve el derecho de cerrar el grifo cuando lo desee.
Los analistas y especialistas del negocio se dividieron entre quienes creen que se llegó al mejor acuerdo posible, ante opciones que eran peores, y entre quienes afirman que el cepo se mantiene, aunque el color del collar sea diferente.
Hay, particularmente, dos herramientas que pueden ser críticas. El Gobierno mantiene la última palabra con las Declaraciones Juradas de Exportación de Carne (DJEC) y esto podría convertirse en los ROE, sostienen quienes desconfían de los mecanismos. El otro es el Observatorio de Producción de Carne Vacuna, una suerte de mesa colectiva que, se supone, debe monitorear el mercado. Para algunos, esto podría servir de reaseguro para que nadie saque ventaja. Claro, habrá que sentarse a la mesa y no levantarse de la silla ni un minuto.
No obstante, para muchos productores ganaderos la sombra de la intervención no se ha despejado y la oportunidad que tiene el país para conquistar los mercados externos sin descuidar el abastecimiento local todavía no se aprovecha.
Parte de este malestar se expresará hoy en la asamblea que promueven productores autoconvocados en Armstrong, Santa Fe, con el apoyo de un gran número de sociedades rurales y la presencia, parcial, de la Mesa de Enlace.
Por detrás de la nueva normativa, lo que sigue afectando a la ganadería y a toda la producción agropecuaria es la inconsistencia de la macroeconomía. Con una inflación anual de más de 50%, una brecha cambiaria de 100%, presión impositiva exorbitante y restricciones comerciales el objetivo del Gobierno de incrementar las exportaciones, para obtener divisas y generar empleo, se refleja como una contradicción.
Un dato: el cepo a las exportaciones de carne que comenzó en abril del año pasado le impidió al país obtener unos 370 millones, según un cálculo de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes de la República Argentina (Ciccra). “Frente a un mercado internacional demandante y a la escasez doméstica de dólares en el segmento oficial de cambios, llama la atención que el gobierno nacional haya impedido a la cadena de valor exportar más volumen y aprovechar el mayor precio unitario”, expresó el informe. Además, estimó que en el período abril-noviembre la industria exportadora se perdió de vender al exterior unas 72.000 toneladas peso producto.
El objetivo de bajar el precio al consumo, además, no se cumplió. Como se sabe, el fenómeno principal que altera al mercado es la inflación, producto del déficit fiscal y la emisión monetaria, según se cansan de explicar una y otra vez los economistas.
El interés del Gobierno por aplicar recetas curiosas se presenta con el fideicomiso para subsidiar la compra de pollo, fideos secos, harina y pan. Las entidades de la producción, la industria y el comercio le dijeron al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que ese mecanismo provocará distorsiones en los mercados de granos. El ministro tomó nota, pero dijo que continuará con la idea. Son US$150 millones que están en juego y que, de concretarse, tienen todas las características de convertirse en un mecanismo de transferencia de ingresos, que provocará consecuencias en el mediano plazo. Las entidades propusieron utilizar mecanismos que no sean distorsivos para atender a la población con necesidades, como la tarjeta Alimentar. Hay países como Estados Unidos o Brasil que los utilizaron sin alterar el funcionamiento de los mercados.
En un contexto donde la campaña agrícola 21/22 tiene dificultades climáticas por la falta de lluvias que está deteriorando el maíz de siembra temprana y pone en alerta la evolución de la soja, a lo que se suma el incremento del precio de los insumos, la aplicación de estos mecanismos puede tener consecuencias negativas en el mediano plazo.
Quizás para un Gobierno que apenas tiene la meta de 2023 este objetivo sea muy lejano, pero si quiere tener al campo como sector clave para obtener los dólares que el país necesita para crecer, estas herramientas pueden convertirse en un arma de doble filo.
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