Aunque no lo parece, en el fondo lo saben

Pedirles a los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que entiendan la importancia de sostener las rotaciones de cultivos o favorecer la incorporación de sembradoras con sensores electrónicos para aplicaciones selectivas contra las malezas puede ser desproporcionado. Cuando viajan a un país como la Argentina con desajustes crónicos de la macroeconomía los expertos del organismo internacional analizan los números fiscales y la situación financiera. La agronomía, salvo que tengan un antecedente familiar, es un asunto lejano para ellos.

Sin embargo, pueden comprender perfectamente la relación entre los factores de la producción y el equilibrio o no de las reglas económicas con las que se desenvuelven quienes día a día enfrentan distorsiones.

Hacia eso apuntaron el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, y el equipo técnico de la entidad que se reunió esta semana con la delegación del FMI que está en el país para evaluar un nuevo acuerdo de renegociación de la deuda con el organismo.

"Lo que hay que hacer es eliminar las retenciones", dijo, directamente, el presidente de la SRA y añadió: "Se trata de un impuesto sumamente distorsivo que atenta contra la inversión y la incorporación de tecnología".

Lo que procuró explicarles Pelegrina a los técnicos del FMI y que tantas veces ha sido dicho por especialistas locales a los innumerables funcionarios que alguna vez se sentaron en los sillones del Ministerio de Economía es que los derechos de exportación quiebran la relación insumo-producto. Al depreciar el valor de los granos con un tributo que se calcula sobre su facturación, se reduce el poder de compra. Se necesitan más toneladas de soja, maíz, o trigo para comprar maquinaria agrícola, fertilizantes, fitosanitarios y semillas, entre otros insumos porque los granos tienen el descuento de los Derechos de Exportación (DEX).

Estas situaciones se disfrazan cuando los precios internacionales de los granos están en valores por encima del promedio. Sucedió en 2012, por ejemplo, cuando en el propio sector se decía que "el problema hoy no son las retenciones, son los ROE". Por supuesto, los ROE eran un problema, pero los DEX agravaban la situación.

Pelegrina apeló a la evidencia del impacto que tiene la baja de las retenciones frente a los técnicos del FMI. "Está demostrado que toda vez que se eliminaron o se redujeron los derechos de exportación, aumentaron rápidamente los volúmenes de producción y de empleo asociado; se produjo un efecto multiplicador hacia otros sectores, y se incrementó la rotación de cultivos, lo que contribuye a una producción sustentable", dijo.

Esta explicación se refleja en los aumentos de las cosechas de maíz y de trigo entre 2015/16 y 2019/2020 y el estancamiento del volumen de soja en esos mismos años.

El efecto distorsivo sobre el uso de insumos fue explicado por la SRA con datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. "El nivel de utilización tecnológica medio y alto pasó de 79% en 2010/11 a 91% en 2018/19", señaló la entidad. Eso, además, se agrava cuando hay brecha cambiaria entre la cotización del dólar oficial y los paralelos.

Hay más ingredientes en este cóctel. Cuando la distancia a los puertos y centros de consumo es mayor hay que sumar el flete, así hay más probabilidades que queden fuera del circuito las áreas productivas con menores condiciones de suelo y clima que las de la zona núcleo. Dado que al presidente Alberto Fernández últimamente le preocupan tanto las tierras disponibles para producir habría que recordarle que son las políticas distorsivas las que dejan vacíos territoriales y no un cultivo en particular. En otras palabras, la soja no tiene la culpa.

Otro de los ingredientes que se suman a ese cóctel desagradable, es el de la carga impositiva. En el documento presentado a los economistas del FMI, la SRA explica que hay no menos de 16 tributos nacionales, 12 provinciales y siete municipales que pesan sobre la producción.

Pelegrina explicó también algo los especialistas del organismo internacional, que ahora parece que es progresista y bueno, probablemente ya sepan: "Hay que mejorar la calidad del gasto público, asignando buena parte de él a la infraestructura que genere competitividad en la economía y en las exportaciones, y que resulte en oportunidad de desarrollo en todo el territorio nacional", les dijo. En otros términos, "necesitamos de un Estado más medido y eficiente", destacó el ruralista.

Los analistas económicos creen improbable que el FMI le diga al gobierno argentino que debe eliminar los DEX como parte del plan de pagos por US$ 44.000 millones que el país tiene con el organismo. Pero un programa que pretenda ser sostenible en el mediano plazo no puede sostenerse en las distorsiones sobre uno de los motores de la economía.

Por Cristian Mira

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