Bienes y servicios ecosistémicos, un desafío a la lógica del mercado

Las sociedades humanas están continuamente enfrentándose a nuevos problemas ambientales. En general estos problemas resultan de decisiones tomadas por grupos pequeños que impactan en la calidad de vida de la mayoría de la sociedad. El caso que motiva este debate es un buen ejemplo. La transformación de bosques nativos en áreas agrícolas está motivada fundamentalmente por el interés privado en producir un bien con un elevado valor de mercado.

Para maximizar la producción de este bien (soja, supongamos) el ecosistema se transforma, se modifica su estructura y su funcionamiento y, como consecuencia, disminuye su capacidad de proveer otros servicios y bienes. Varios de estos servicios y bienes tienen a su vez mercado y su renta es también de apropiación privada (turismo, carne o madera).

El criterio más frecuentemente usado para decidir cual bien o servicio se produce es el de maximizar el beneficio económico. Sin embargo muchos bienes y servicios que producen los ecosistema no se comercializan y por lo tanto no tienen precio (aunque si valor). Estos bienes y servicios ecosistémicos son esenciales para el mantenimiento de la vida en el planeta (particularmente la de los humanos) e incluyen, entre otros, la regulación de la concentración de gases atmosféricos, el ciclado de nutrientes, el procesamiento de residuos, el mantenimiento de la biodiversidad y la regulación hídrica.

Los sistemas agrícolas argentinos no podrían haber alcanzado los niveles de producción observados sin el servicio "ciclado de nutrientes" que permitió prescindir del uso de fertilizantes durante la mayor parte del siglo XX. La regulación de caudales y carga de sedimentos en cuencas hídricas, como se señalaba en esta columna de opinión hace unos sábados, es otro ejemplo de un servicio ecosistémico. Muchos de estos servicios se usufructúan lejos del lugar donde se generan. Valga nuevamente como ejemplo la regulación del flujo de agua que el ecosistema realiza en la parte alta de cuenca y que "goza" una ciudad ubicada aguas abajo. Hace unos años científicos de distintas disciplinas y países hicimos el ejercicio de estimar el valor global de estos servicios sin precio de mercado.

El resultado mostró que si hubiera que pagar por los servicios ecosistémicos, para mantener el actual nivel de producción el producto bruto mundial debería multiplicarse por tres. De hecho, algunos de estos servicios son de tal trascendencia que se está haciendo un esfuerzo global por generar mercados para ellos. Es el caso del secuestro de carbono atmosférico.

Recientemente investigadores de la Facultad de Agronomía mostramos como la expansión agrícola en el este chaqueño redujo la capacidad de secuestrar carbono atmosférico. La asignación de un precio a estos servicios o bienes es una cuestión que trasciende lo técnico y depende de cuestiones ideológicas y de los intereses particulares y colectivos de los grupos involucrados.

Los conflictos se plantean cuando distintos actores sociales o políticos difieren en cuanto a que bienes y servicios producir, en los criterios para su apropiación, en el valor que se les asigna o sobre quién se hace cargo de los costos derivados de su merma. Los intereses privados entran en conflicto con los de otros privados y con los de la sociedad toda.

El estado debería arbitrar en estos casos evitando que se violen derechos e intereses de personas físicas, grupos sociales y generaciones futuras.

En el caso particular de la vegetación nativa o del suelo se da una situación particular, se reconocen derechos para decidir sobre su uso y modificación sólo al propietario. A diferencia de lo que ocurre con otros bienes (un automóvil, por ejemplo) el ejercicio de la propiedad no tiene restricciones aún cuando de ella deriven "externalidades" (consecuencias que trascienden los límites de un establecimiento).

El propietario de un campo no tiene obligación de rendir cuentas de sus acciones de manejo, independientemente de las consecuencias que ellas tengan sobre el estado presente y futuro de los recursos naturales. Puede erosionar completamente el suelo, eliminar el bosque o secar un humedal sin violar ninguna ley. Obviamente se padecerán parte de las consecuencias de sus acciones.

Más allá de la conciencia conservacionista de un individuo, la "lógica del mercado" inducirá a asignar recursos de manera de maximizar beneficios económicos independientemente de sus consecuencias ambientales, particularmente si éstas puede "externalizarse".

La concentración de la propiedad de la tierra que está teniendo lugar en nuestro país añade un motivo adicional de conflicto. Los grupos ambientalistas juegan un rol importante al advertir acerca de los riesgos a nivel social y ambiental de las acciones individuales y del vacío legal en torno a ellas. Una normativa que regule, ordene y restringa el uso de los recursos naturales de acuerdo al interés colectivo, nos permitirá avanzar hacia la construcción de una sociedad sustentable, más justa, igualitaria y solidaria.

El autor es profesor de la facultad de Agronomía de la UBA e investigador.

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