La International Trade Commission de los Estados Unidos (Usitc) aceptó iniciar una investigación por dumping contra el biodiésel argentino, lo que implica que podría aplicar derechos de importación si encuentra evidencia de daño a la industria local y de venta por debajo de costos o precios normales.
No es la primera vez que esto ocurre. La Unión Europea lo hizo en 2013 y Perú en 2016. No es el objetivo de esta nota la economía política del antidumping, que en muchos casos es simple proteccionismo, sino analizar el caso concreto del biodiésel para comprender el origen de las controversias y sus implicancias para la política agrícola en Argentina.
Lo que sistemáticamente llama la atención en los países importadores, y dispara las denuncias de dumping, es la muy escasa diferencia observada en los últimos años entre el precio de exportación del aceite de soja y del biodiésel argentino. Incluso, en algunos períodos, el precio promedio del aceite de soja fue superior al del biodiésel, lo que resulta particularmente curioso e incrementa las sospechas de distorsiones de precios. Veamos por qué.
El aceite de soja se transforma en biodiésel mediante un proceso químico con un rendimiento variable, pero que puede aproximarse por un coeficiente de 0.95. Es decir, para producir una tonelada de biodiésel hacen falta 1.05 toneladas de aceite (1/0.95). En el proceso deben utilizarse otros insumos y también hay un recupero por la glicerina obtenida como subproducto. Por el momento, y para simplificar los cálculos, ignoremos estos costos e ingresos adicionales.
De acuerdo con los datos de Aduana, el precio promedio FOB de exportación del aceite de soja en el año 2016 fue de 705 dólares por tonelada y el del biodiésel 717. Aplicando el coeficiente de transformación podemos calcular que una tonelada de biodiésel requiere aceite de soja por un valor FOB de 742 dólares. Y aquí es donde notamos algo extraño: sólo el valor del aceite contenido en una tonelada de biodiesel cuesta más que el precio recibido por esa tonelada de biodiesel. ¿Cómo puede ser esto posible?
La respuesta está en el esquema de retenciones diferenciales aplicadas en el complejo sojero. El aceite tributa el 27% y el biodiésel un 6.38%. Entonces, si se exportan 1.05 toneladas de aceite por valor de 742 dólares se reciben luego de impuestos 542. En cambio, si se exporta una tonelada de biodiesel a 717 dólares, se reciben netos de impuestos 672. Es decir, luego de retenciones conviene vender biodiésel ya que hay una diferencia positiva de 130 dólares por tonelada. En la medida en que los costos netos de producción sean inferiores a este monto, será conveniente transformar el aceite en biodiésel. La clave está en la alícuota diferencial de retenciones que se aplica a los productos. Si fueran idénticas, idealmente cero, para poroto de soja, aceite y biodiésel no se producirían estas distorsiones.
Las retenciones diferenciales tienen el mismo efecto económico que un subsidio. Reducen artificialmente el precio del insumo utilizado en la producción de biodiésel y esto genera lo que se conoce como "protección efectiva". La protección efectiva se mide en porcentaje sobre el valor agregado, que puede aproximarse por la diferencia entre el precio del biodiésel y del aceite.
A los precios de 2016, y en ausencia de distorsiones, se debería incurrir en costos menores o iguales a 12 dólares por tonelada para que producir biodiesel sea conveniente. Sin embargo, luego de retenciones vemos que este diferencial se amplía a 130 dólares. Entonces, la medida de protección efectiva se calcula como [(130/12)-1]x100 y alcanza un valor de 983%. Es decir, dada la distorsión impositiva, un productor puede tener costos de procesamiento ("agregado de valor") casi diez veces superiores a los económicamente eficientes. Esto es lo que hace conveniente exportar una tonelada de biodiesel por sólo 717 dólares, en lugar de 1.05 toneladas de aceite y generar un ingreso de divisas de 742 dólares. Como además se incurren en los costos de procesamiento, en términos sociales podemos afirmar que se destruye valor en lugar de agregarlo.
El viernes 5 de mayo, luego de conocerse la decisión de la Usitc, el gobierno nacional redujo aún más los derechos de exportación del biodiésel a solo el 0.13%. Esto incrementará la protección efectiva y probablemente aportará más evidencia de distorsiones de precios.
Sería muy importante repensar seriamente el esquema actual de derechos de exportación en el complejo sojero, por un lado para evitar sistemáticas controversias comerciales y, por otro y mucho más relevante, para no generar ineficiencias y destrucción de valor.
El autor es coordinador de Agronegocios de Ucema