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El Gobierno le presentó al campo un nuevo esquema para la fiscalización en semillas
Se trata de una iniciativa que regirá para las variedades que se inscriban a partir de ahora y que apunta a fortalecer los controles sin modificar la ley vigente; dijeron que el sector privado tendrá un rol activo
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LA NACION Belkis Martínez
El Gobierno presentó al sector agropecuario una propuesta para fortalecer la fiscalización en semillas, con un rol activo del sector privado. Apunta a facilitar la incorporación de nuevas tecnologías en un contexto de reclamos de la industria semillera para que se mejore el respeto a la propiedad intelectual en autógamas como la soja, el trigo y productos de economías regionales. Fue tras un encuentro en la Secretaría de Agricultura con todos los actores de la cadena, donde el eje central fue la implementación de un nuevo sistema para las variedades que se registren a partir de ahora. La adhesión a las nuevas variedades será opcional de cada productor. En el encuentro estuvieron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, además de integrantes de la Mesa de Enlace.
En ese marco, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) avanzará con convenios con entidades habilitadas para realizar controles y análisis de identidad varietal, cuyos resultados serán remitidos a los titulares de las variedades, quienes podrán efectuar denuncias ante el organismo, que actuará conforme a los procedimientos vigentes. La implementación será mediante una resolución conjunta entre la Secretaría de Agricultura y el INASE, y será publicada en el Boletín Oficial.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado en conjunto con la Secretaría de Agricultura y el Inase, no modifica la ley vigente, sino que introduce herramientas operativas para hacer más efectivo el control a lo largo del circuito comercial del grano, en un esquema que combina participación pública y privada.
Del encuentro participaron, además de Sturzenegger e Iraeta, el director del Inase, Martín Famulari; representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Asociación de Semilleros de la Argentina (ASA), CREA y Aapresid, además de actores de la cadena semillera.
Fuentes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aseguraron a LA NACION que la reunión con entidades rurales, semilleras y representantes de la cadena productiva tuvo un resultado “excelente” y con amplio consenso en torno a la necesidad de mejorar la productividad agrícola.
Según explicaron, entre los actores existe una coincidencia en avanzar hacia un esquema que permita incorporar nuevas tecnologías en semillas. “Se trata de generar las condiciones para que materiales con mayor rendimiento puedan ingresar al país, evitando situaciones como que otros países aumenten su producción con tecnología desarrollada en Argentina”, señalaron.
En un comunicado, el Ministerio de Sturzenegger dio detalles de la propuesta: “Entre sus principales ejes se destaca el establecimiento de controles en el primer punto de entrega del grano, como acopios, plantas de procesamiento y puertos; este es el nodo más eficiente para el monitoreo, ya que concentra el flujo previo a su dispersión".
“Asimismo, se prevé la integración con el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA): todos los establecimientos que operen como punto de entrega primaria deberán estar registrados en el SISA, en cumplimiento de las Resoluciones conjuntas 4248/2018 y 5673/2025. Esto permitirá articular el control de identidad varietal con la infraestructura de trazabilidad fiscal ya existente”, agregó.
Remarcó que “el esquema contempla, además, la participación de Cámaras Arbitrales y entidades que hayan suscripto convenios con el Inase o estén habilitadas por el mismo, en un modelo de articulación público-privada que permite aprovechar la capacidad técnica e infraestructura del sector sin reemplazar el rol de la autoridad de aplicación”.
Según indicó, en cuanto a los métodos de identificación varietal, “los análisis se realizarán mediante métodos reconocidos por el Inase, con resguardo de muestras de respaldo”.
“Los resultados serán remitidos directamente a los titulares de las variedades inscriptas en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, quienes podrán, en caso de corresponder, efectuar denuncias ante el INASE, que dará curso a las acciones sumarias pertinentes. El titular podrá además promover las acciones civiles o penales que considere correspondan. Las infracciones serán sancionadas según el artículo 38 de la Ley 20.247″, precisó.
Fuentes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado agregaron que el esquema fue diseñado como una transición: “El nuevo sistema solo aplicará a las variedades que se registren a partir de ahora, mientras que el stock actual continuará bajo las reglas vigentes”. El objetivo es avanzar hacia un mayor respeto por la propiedad intelectual sin generar un impacto negativo sobre los productores que ya operan con materiales existentes. “El que quiera incorporar tecnología lo hará porque le conviene; quien no, puede seguir como está”, señalaron.
En el Gobierno estimaron que una mayor adopción de genética mejorada podría traducirse en un salto significativo en la productividad, especialmente en autógamas donde la Argentina muestra rezagos frente a otros países. Según cálculos oficiales, “alinearse con los niveles internacionales podría generar entre US$4000 y US$5000 millones adicionales en exportaciones“.
De acuerdo con el diagnóstico oficial, la Argentina quedó rezagada en el desarrollo tecnológico en autógamas —como soja y trigo— en comparación con países de la región, en gran medida por las dificultades para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual. Señalaron que lo que están haciendo es fortalecer el control y el respeto a la propiedad intelectual en semillas. En rigor, remarcaron que la idea es avanzar usando el marco vigente: ley de semillas más normativa del Inase, sin cambiar la ley ni pasar por el Congreso.
