Caso complejo: imputaron a quien habría vendido los animales del influencer y la defensa promete un contraataque
La Justicia de Santa Fe investiga una supuesta defraudación por abuso de confianza por parte de Nicolás C. tras la denuncia que realizó Bruno Riboldi; desde el entorno del acusado dijeron que el productor “sabía perfectamente que los animales se iban a vender”
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La causa por la desaparición de los animales del influencer agropecuario Bruno Riboldi, conocido como “la joya agro”, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo: la Justicia imputó a un hombre por supuesta defraudación por abuso de confianza tras comprobarse que al menos 161 bovinos fueron comercializados sin autorización del denunciante. Desde la defensa, sin embargo, negaron que haya existido delito y sostuvieron que “no hubo ningún fraude”. En diálogo con LA NACION desde la defensa adelantaron que presentarán pruebas para sostener que Riboldi “sabía perfectamente que los animales se iban a vender” y que pedirán el archivo de la causa.
Según fuentes judiciales, la mencionada imputación se hizo ayer en los Tribunales Provinciales de Villa Constitución. El fiscal, Ramiro Martínez, acusó a un hombre identificado como Nicolás C., mientras que la jueza dispuso una serie de medidas por 90 días, como la obligación de fijar domicilio y la prohibición de salir del país.
De acuerdo con la investigación, todo gira en torno a una operatoria que se habría realizado entre fines de febrero y mediados de marzo en un campo de Santa Teresa, donde el imputado tenía a su cargo los animales. Según la Fiscalía, en ese contexto habría decidido vender la hacienda sin autorización, en el marco de una relación comercial previa entre las partes.
En concreto, la causa apunta a la venta de 161 bovinos a través de una consignataria que luego fueron trasladados a un establecimiento en Chabás, donde finalmente aparecieron. Ese hallazgo fue clave porque marcó que no se trataba de un robo común, sino de algo más complejo dentro del circuito comercial.
Además, los investigadores detectaron otro movimiento que ahora también es importante en la causa: el intento de emitir nuevas guías de traslado por 190 animales sin autorización. Esa maniobra fue advertida a tiempo y frenada por el propio productor.
Medidas
Con este escenario, el eje de la causa quedó claro: la Justicia busca determinar si la venta de los animales fue una decisión tomada por una sola de las partes o si en realidad formaba parte de un acuerdo previo.
Ahí aparece la principal diferencia entre las versiones. Desde la defensa del imputado, el abogado Pablo Morosano dijo que “no hubo ningún fraude” y asegura que van a demostrar que Riboldi conocía cómo funcionaba la operatoria. Según explicó, la relación entre ambos no era nueva, sino que ya venían trabajando juntos bajo un mismo esquema. “Era el cuarto ciclo de engorde que hacían juntos. Los animales se engordaban y después se vendían”, señaló.
Planteó que la venta de la hacienda era parte del funcionamiento habitual del acuerdo y que el problema surgió por los tiempos de cobro. Según su versión, la venta se hizo a través de una consignataria con plazos normales del mercado, de entre 30 y 45 días, por lo que el dinero todavía no había sido cobrado cuando el caso salió a la luz.
Sostuvo que hay mensajes privados que demostrarían que el productor e influencer estaba al tanto de la operación e incluso necesitaba cobrar en un plazo más corto. Según esa mirada, habría querido apurar el cobro y eso terminó generando el conflicto. Morosano también habló de la situación judicial de su defendido y cuestionó algunas versiones que circularon en los últimos días. Aseguró que no hubo pedido de captura y que tampoco avanzó un planteo de fianza por 20 millones de pesos. “Hoy Nicolás no tiene los animales ni cobró por su trabajo”, afirmó.
En ese contexto, adelantó que en los próximos días van a presentar pruebas y que pedirán el cierre de la causa. “Vamos a sostener que no hubo ningún fraude”, remarcó.
Por su parte, Riboldi volvió a expresarse en redes sociales y dio más detalles sobre cómo detectó lo que estaba pasando. Según contó, el 17 de marzo vio en el sistema de Senasa que se habían emitido guías de traslado por los 190 animales sin su autorización. A partir de eso, decidió anularlas y hacer la denuncia. También relató que, después de esa alerta, fue al campo junto con la patrulla rural y comprobó que no había animales. “No solo no estaban mis animales, no había ningún animal”, dijo.
El productor, además, hizo foco en el vínculo previo que tenía con las personas involucradas. Explicó que conocía el campo y a la familia, lo que le daba confianza para dejar allí la hacienda en engorde. “Conocía el campo y a la familia, por eso estaba tranquilo”, sostuvo.
En ese sentido, contó que venía siguiendo la evolución de los animales y que incluso había visitado el establecimiento antes de que estallara el conflicto. “Me pasaban información y fui a verlos. Estaban bien”, afirmó. Vinculó lo ocurrido con la situación económica de la firma involucrada y aseguró que se enteró de la existencia de cheques rechazados por montos importantes.
En paralelo, tras el hallazgo de la hacienda en un feedlot de Chabás, la firma vinculada a la comercialización del ganado, Aguirre Vazquez Sociedad Anónima, difundió un comunicado en el que aseguró haber sido también víctima de la situación y que colabora con la investigación. “Nos dirigimos a toda nuestra comunidad de negocios con el fin de informar que, en el marco de los recientes acontecimientos de público conocimiento, vinculados a una denuncia efectuada por un productor agropecuario con animales vacunos en la localidad de Santa Teresa, la firma ha resultado víctima de una maniobra cuyos alcances se encuentran actualmente bajo investigación judicial”, señaló la empresa.
En el mismo texto, agregó: “Ante esta situación, y con el objetivo de colaborar plenamente con el esclarecimiento de los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder, la empresa se ha puesto a disposición de las autoridades competentes, aportando toda la información y documentación requerida”. Anticipó que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación, Unidad Fiscal de Villa Constitución.
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