Contraste entre la realidad productiva y las políticas públicas
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LA NACIONCristian Mira
La realidad productiva va por un lado y las políticas públicas, por otro. Como pocas veces ha ocurrido antes, el contraste entre la evolución de las campañas de trigo y maíz y las medidas que se aplican es abismal.
Los números dan cuenta de una cosecha récord para el trigo que podría ubicarse entre 21 y 22 millones de toneladas, según las estimaciones. En maíz, a su vez, ya se sembró el 60% del área con un cálculo de 7,3 millones de hectáreas, unas 500.000 ha más que en la campaña pasada, según informó el Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
A nivel precios, más allá de las bajas de las últimas semanas, el panorama es positivo. La demanda global de alimentos sigue siendo elevada y los stocks, reducidos. Las luces de alarma se encienden por el lado del recrudecimiento de la pandemia por las nuevas variantes del Covid, que podría desacelerar las economías del hemisferio norte, y por el alza de precios de los insumos, como fertilizantes y fitosanitarios.
En materia de políticas públicas, el Gobierno corre el riesgo de provocar un efecto tijera sobre ese escenario. La decisión de implementar el concepto de “volúmenes de equilibrio”, establecida por la resolución 276 publicada la semana pasada en el Boletín Oficial, y la de aplicar un fideicomiso para subsidiar, con el aporte de la exportación, la compra de harina, fideos y pollo para los sectores de menores recursos, amenaza con reanudar el ciclo contractivo para la producción que ya se vivió en los dos primeros gobiernos kirchneristas.
La idea de una fijación de “volúmenes de equilibrio”, por el cual se otorgarán Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) hasta llegar al 90% del cálculo establecido para exportar, elimina la posibilidad de que los jugadores del mercado -exportadores, consumos locales e industrias- compitan con las herramientas tradicionales: tiempo, información, planificación y evaluación de los riesgos. Ya con la decisión de haber “pisado” las DJVE en trigo, sin una resolución escrita, la producción perdió unos 20 dólares por tonelada en el precio, según el cálculo de los analistas del mercado de granos. En el maíz, se estima una cifra similar.
Las Mesas del Trigo y del Maíz se despegaron de la decisión que tomó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aunque días antes que la resolución se publicara, varios miembros de la cadena sabían lo que se venía. Hasta la Mesa de Enlace quedó descolocada tras la reunión con Domínguez, cuando los dirigentes dijeron que no iba a haber intervención sobre el trigo y el maíz.
En un comunicado, las Mesas del Trigo y del Maíz dijeron que ese tipo de regulaciones “no han servido para bajar los precios, y la consecuencia ha sido el desaliento del productor”. Además, pidieron “terminar con las falsas antinomias entre abastecer el mercado interno o exportar”. Buscaron aclarar que la decisión no fue consensuada, sino, simplemente ellos le presentaron los números a Agricultura. Pero todos sabían que el Gobierno estaba trabajando en una resolución para blanquear lo que hasta ese momento se había hecho informal.
En el caso de la idea del fideicomiso, propuesta por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y conformada técnicamente por el Ministerio de Agricultura, se propone armar un fondo, con aporte de la exportación, para la compra de 3,13 millones de toneladas de trigo y 1,5 millones de toneladas de maíz, según adelantó Fernando Bertello en lanacion.com.ar/campo el domingo pasado. La propuesta está en un borrador que circuló entre la cadena de ambos cereales, pero, al cierre de esta edición, todavía no tenía un formato legal.
Aquí también las mesas de ambos cereales expresaron su oposición a la iniciativa y dijeron que el Gobierno “debe trabajar sobre las reales causas de la inflación, que exceden al precio del maíz o del trigo, los cuales estuvieron siempre por debajo del ritmo inflacionario durante todo el 2021″. A su vez, apuntaron contra la política de control de precios y propusieron, a cambio, evaluar “propuestas que incluyen desde la utilización de mecanismos de cobertura, financiación y, sobre todo, propuestas para llegar a los sectores de bajos ingresos o desocupados a través de tarjetas de alimentos”.
Los exportadores, como ha ocurrido siempre, trasladan cada aumento de impuestos o exacción del Estado, tenga el nombre que tenga, al precio que le pagan al productor. Si el Gobierno quisiera apostar a un círculo virtuoso, y apoyar a quienes verdaderamente lo necesitan, la distorsión del mercado es la peor herramienta. El 2022 va a estar movido
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