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17A. Senadores bonaerenses piden informes por una imputación a productores
Senadores provinciales de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes para que el gobierno bonaerense explique cuál fue la participación y el accionar de la policía el día de la manifestación por el 17A en Coronel Suárez. Vale recordar que, tras un acto, unos 70 productores quedaron imputados de supuestamente violar el aislamiento social por la pandemia de coronavirus.
Acompañado por otros legisladores, el senador David Hirtz elevó una solicitud de informe que apunta a conocer qué fuerza de seguridad llevó adelante las medidas policiales, "que se detalle dependencia, personal, cantidad de efectivos abocados y el resultado de las mismas". También reclamó "se especifique quién es la persona o personas a cargo de la disposición de la/las medida/s de accionar policial, individualizándolas con su cargo dentro de la fuerza policial o de alguno de los poderes del Estado".
Por otra parte, pidió conocer en detalle el protocolo de actuación específica para homenajes y/o manifestaciones dentro del contexto de pandemia, cuyo detalle y explicación, dijo, deben ser adjuntados, así como así los motivos para dicho proceder. También solicitó "que se especifique si la Policía Comunal se encuentra habilitada para pedir los datos, solicitar el DNI o tomar fotografías de manifestantes o los vehículos y cuál es el fin del ese accionar".
El pedido de informes también está firmado por los legisladores del mismo espacio Andrés de Leo, Nidia Moirano, Felicitas Beccar Varela, Owen Fernández, Flavia Delmonte, Carolina Tironi, Alejandro Celillo, Gabino Tapia. Con el escrito apuntan también a saber quién supuestamente intentó secuestrar un equipo de audio de los manifestantes.
"En caso de ser este accionar parte de una orden determinada, detalle cuál fue, de quién emanó y si la/s persona/s poseen facultades para proceder al secuestro a través de la Policía Comunal", detalla el escrito.
En medio de la polémica citación a los productores, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), le dijo a LA NACION que la imputación "es una medida equivocada". Para el dirigente, "lamentablemente, no suma a una buena relación del Intendente (Ricardo Moccero) con la sociedad y la gente ligada al sector productivo. Hay medidas de revanchismo, de cuestiones anteriores que han quedado sin aclararse que lamentablemente terminan explotando en este tipo de actitudes y terminan rebotando en gente que no fue a manifestarse", expresó.
"La gente que está alineada con el kirchnerismo tiene una particularidad de accionar que se centra en mostrarse autoritarios. En muchos momentos, hasta agresivos, que no tienen ninguna posibilidad de ir marcha atrás y siempre ir hacia adelante. Cuando uno se equivoca es una conducta excelente aceptar que se equivocó y dar marcha atrás", afirmó.
"Es una medida equivocada y es importante que se apele al diálogo o a otro tipo de herramientas persuasivas. Hay un amplio margen de posibilidades de agotar instancias de diálogo, encontrar un punto de equilibrio o pensamiento en común. Siempre hay posibilidades", precisó.
El intendente Moccero había afirmado que antes del acto había tenido una reunión con el presidente de la Sociedad Rural de Coronel Suárez a quien le advirtió de lo que podía pasar en caso de que los productores se manifestaran. Sin embargo, Diego Lodos, presidente de la entidad, señaló que nunca estuvo en contacto con el Intendente. "Yo soy presidente desde el 27 de julio y nunca me reuní ni recibí ningún llamado. A mí nunca me llamó ni tuve reunión con él. Es posible que al saliente le haya llamado, pero no a mí", aseveró.
Según Lodos, tras la citación no hubo avances en torno de la situación de los productores. "Tengo entendido que las comunicaciones se llevaron al Juzgado Federal. Están a la espera a ver si el Juzgado Federal de Bahía Blanca lo aprueba y si (los productores) tienen que ir a declarar", sostuvo.
Desde la entidad rural condenaron el accionar "bajo la fuerza policial para algo que no es su función, la cual es cuidar la seguridad de la población, y no para los fines políticos u otros, sino para actos delictivos. A los productores les dijeron que los documentos se tomaban no para esos fines, con lo cual fue todo manejado políticamente para amedrentar y meter miedo. Ese fue el mensaje".
Según trascendió, en la Fiscalía Federal Nº1 y el Juzgado Federal Nº2 de Bahía Blanca no estaban al tanto de lo que pasaba en Coronel Suárez. El fiscal Santiago Ulpiano Martínez, quien habló con el diario La Nueva, calificó como "un hecho grave" lo sucedido y adelantó que es posible que, al llegar las actas de notificación a la fiscalía, "las desestimen".
