Debe casi US$140 millones: verificaron el pasivo de la láctea SanCor y un dato resultó sorprendente
Según la Sindicatura, en la firma concursada más del 70% de los reclamos por deudas son laborales
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LA NACIONPilar Vazquez
Un total de 1506 acreedores se presentaron a reclamar pagos en el concurso preventivo de la cooperativa láctea SanCor, que ya cumplió este mes un año desde su apertura en la Justicia de Rafaela, Santa Fe. Aunque la cooperativa había informado inicialmente 2702 acreedores, esa fue finalmente la cantidad que pidió el reconocimiento formal de sus créditos. Según el informe individual elaborado por la Sindicatura, el pasivo que surge de esa verificación asciende a más de $195.158 millones, unos US$138,9 millones, una cifra que reúne deudas laborales, comerciales, financieras y fiscales.
El informe está firmado por los contadores Juan L. Tomat, Oscar L. Epstein e Ignacio M. Pacheco Huber, los tres profesionales designados por la Justicia para revisar las cuentas de la cooperativa. En el documento repasaron uno por uno los reclamos presentados: definieron cuáles se aceptaron, cuáles se rechazaron, cuánto se reconoció en cada caso y en qué categoría entró cada deuda.
En el informe también se consignó que han “recibido más de ciento cincuenta (150) ejemplares devueltos por haberse consignado erróneamente los domicilios” y que el error “surge de la propia información brindada por la concursada”. Además, dejaron asegurado que no pueden “pasar por alto lo reseñado respecto de la muy inferior cantidad de acreedores que se han presentado a solicitar el reconocimiento de sus créditos”.
Este proceso se da en un contexto en el que la Justicia ratificó recientemente la intervención parcial de la cooperativa y un esquema de coadministración judicial. La Cámara confirmó la decisión adoptada en el marco del concurso preventivo y rechazó la apelación presentada por la empresa, al considerar que “la medida recurrida se encuentra dentro de las posibles medidas a tomar por juez concursal”. De esta manera, el esquema de control judicial continúa vigente mientras avanza el trámite del concurso. Esa coadministración quedó a cargo de Lucila Inés Prono.
Un dato relevante es que del total de 1506 presentaciones, 1064 corresponden a acreedores laborales, lo que representó el 70,65% de los reclamos. Los planteos incluyen indemnizaciones, diferencias salariales, cuotas vinculadas a retiros voluntarios y otros conceptos derivados de la relación laboral.
En un expediente vinculado al concurso principal, algunos trabajadores comenzaron a cobrar parte de sus acreencias a través del mecanismo de pronto pago, que permite adelantar pagos laborales mientras continúa el proceso general. En el informe se consignó que “se vienen abonando parcialmente dividendos laborales”.
En el análisis de estos casos, la Sindicatura señaló que los trabajadores no pueden reclamar directamente en el concurso los aportes a la obra social que la empresa no haya pagado. Explicó que ese reclamo le corresponde hacer a la propia obra social, salvo que el empleado haya abonado esos aportes de su bolsillo y pueda demostrarlo. “El trabajador no tiene legitimación activa directa para verificar aportes impagos a la obra social, a excepción que lo hubiera pagado él mismo y pueda acreditarlo mediante los respectivos comprobantes de pago”, detalló.
También se rechazó el reconocimiento del denominado “subsidio código 751”. Allí se explicó que “no se trata de un crédito laboral exigible frente a la concursada, sino de un mecanismo interno de naturaleza mutual o cooperativa entre trabajadores“, y que “este descuento por planilla cesó a partir de los haberes del mes de julio de 2019”.
En los reclamos relacionados con los retiros voluntarios, la sindicatura revisó qué decía cada acuerdo firmado y cómo impactaron los aumentos salariales que se negociaron durante la crisis. Tras ese análisis, en varios casos concluyó que ese pago adicional no corresponde y que “no corresponde aconsejar este rubro”.
El listado incluyó, además acreedores financieros, proveedores comerciales, empresas de servicios públicos, aseguradoras y organismos fiscales. En estos casos se reconoce el capital cuando está debidamente acreditado, mientras que los intereses pueden ser objeto de revisión según los criterios establecidos en el informe. También se detallaron presentaciones declaradas inadmisibles por incumplimientos formales o falta de documentación suficiente.
En relación con los intereses, el informe señaló que se computarán solo hasta el 3 de febrero de 2025, que fue el día en que la empresa pidió el concurso. A partir de ahí, no siguen corriendo. Para las deudas en dólares, se propuso aplicar un interés del 6% anual. En cambio, para las deudas en pesos, se tomó como referencia la tasa activa del Banco Nación, sin sumar intereses sobre intereses y con un tope cuando ya había una tasa acordada previamente.
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