Denuncia judicial: un diputado nacional pidió investigar a Luis Caputo y a Juan Pazo por la suspensión de las retenciones
La presentación la realizó Oscar Agost Carreño, presidente del PRO de Córdoba e integrante del bloque Encuentro Federal
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- El diputado nacional y candidato a renovar su banca por Córdoba, Oscar Agost Carreño denunció a funcionarios del Poder Ejecutivo nacional por la aplicación temporaria de las retenciones cero a las exportaciones de granos. La presentación quedó en manos de la Fiscalía Federal 3, de esta ciudad, a cargo de Maximiliano Hairabedián.
El legislador pide que la Justicia analice si el decreto 682/2025 por el que se suspendieron las retenciones incurrió en delitos como administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público. La solicitud de investigación alcanza al ministro de Economía, Luis Caputo y el titular de Arca, Juan Pazo.
La baja rigió tres días, período en el que se cumplió la meta de ingresos de los US$7000 millones previstos. Así el 25 de septiembre los derechos de exportación volvieron a su nivel anterior.
El diputado que presentó la denuncia plantea que la eliminación temporaria generó un costo fiscal de unos US$1500 millones y presuntamente benefició a un grupo de cerealeras y exportadoras, algunas de las cuales supuestamente declararon exportaciones sin la tenencia física de los granos.
De hecho, según datos oficiales, Louis Dreyfus Company [LDC Argentina], uno de los mayores jugadores, se consolidó como la principal beneficiaria de la medida, al liderar el ranking de registraciones con 3.546.300 de toneladas de un total de 19.591.831 de toneladas en el lapso de tres días que duró la medida.
En total, el Gobierno consiguió que se anotaran Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por US$7.012.598.143. Hubo siete exportadoras que se quedaron con 17 millones de toneladas, y que concentraron el 86% de los registros totales del negocio.
Agost Carreño entiende que debe investigarse si existió un acuerdo previo y confidencial con las empresas, por lo que los funcionarios denunciados “habrían actuado con conocimiento y voluntad” de favorecerlas.
El diputado es presidente del PRO Córdoba, el que fue intervenido por Mauricio Macri, que perdió en la Justicia Electoral en dos instancias, por lo que el legislador reasumió el cargo. Para las elecciones de octubre presentó su propia lista. En el Congreso trabaja con Encuentro Federal.
LA NACION consultó a Economía respecto de la presentación de la denuncia pero, hasta el momento, no hay comentarios.
Antes del legislador, ya se había presentado una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por presunta administración fraudulenta que alcanza a Javier Milei; al jefe de gabinete, Guillermo Francos; a Luis Caputo y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta y señala como “partícipes necesarios” a cinco exportadoras principales: Bunge Argentina, LDC Argentina, Cofco Internacional Argentina, Viterra Argentina y Cargill SACI.
En tanto, Jonatan Baldiviezo, creador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, realizó otra ante la Justicia Federal de CABA junto con Claudio Lozano, candidato a diputado y presidente de Unidad Popular; María Eva Koutsovitis y el abogado Marcos Zelaya. Menciona a los mismos funcionarios y empresas y entiende que habrían existido negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad y defraudación en perjuicio de la administración pública.
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