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El camino del déficit fiscal cero es el correcto para la Argentina. Para terminar de alcanzarlo, ahora que se ha colmado la capacidad contributiva desde la sociedad, el ajuste debe venir de la política y el Estado.
En relación a la aprobación del Presupuesto 2019 y ante la iniciativa de poner Bienes Personales, el sector agropecuario actuó con firmeza y en legítimo reclamo, haciendo llegar el mismo a los legisladores. Acción organizada, firme y dentro de la institucionalidad del marco que otorga la democracia.
El sector sigue reclamando una reforma impositiva integral de los tres estamentos: Nación-provincia-municipio y una reforma laboral que dé el marco legal a las nuevas relaciones comerciales y de empleo dando así la capacidad de generar nuevos puestos de trabajo.
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reclama el ajuste de la política y del estado. En la vereda opuesta, sectores de la izquierda y del kirchnerismo, con acciones planificadas y programadas, volvieron a intentar frenar la sesión en Diputados, hecho que tiene gravísimas consecuencias institucionales.
En primer lugar, fue comandada desde dentro de la Cámara de Diputados, para que los violentos afuera volvieran a destruir la Plaza del Congreso y de manera organizada, mientras los legisladores instaban a suspender la sesión en una actuación lamentable ante los medios masivos de comunicación.
Recordemos que esta estrategia tuvo éxito el año pasado durante la sesión en que se intentó tratar la ley de la reforma previsional, cuya consecuencia fue la plaza destrozada y la Argentina sin reforma.
Este accionar cuasi subversivo, tiene su corolario en un diputado nacional, Leopoldo Moreau, mostrando en Diputados pruebas falsas y fotos viejas.
La Argentina soporta la peor de las violencias institucionales que se han vivido en los últimos tiempos. Si atentar contra el funcionamiento de la Cámara legislativa con hechos de violencia, no es un daño a toda la democracia, entonces la Argentina no ha aprendido nada.
Dos modelos se debaten en la Argentina, el modelo de la institucionalidad y el modelo de la violencia institucional.
La violencia institucional debe ser castigada, sin importar quién, ni cuánto ni cómo y escudándose en los fueros parlamentarios para organizarla, ejecutarla y/o dirigirla. Debería enmarcarse en graves hechos hacia la Nación.
CRA insta a transitar el camino de la institucionalidad, del debate genuino y enriquecedor, con el respeto de las distintas ideologías, como lo establece nuestra Constitución Nacional que otorga el derecho de huelga y habilita otros mecanismos para realizar los reclamos. La Argentina debería aferrarse a la Constitución Nacional.
El autor es presidente de Confederaciones Rurales Argentinas
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