El cuatrerismo y la faena clandestina, una historia sin fin

El robo de ganado es un delito que se comete en lugares por naturaleza desprotegidos, de difícil acceso y sin la infraestructura propia de los centros urbanos; que necesita un tratamiento, investigaciones, normas y castigos especiales; funcionarios honestos y capaces, acciones policiales y judiciales que no transformen a las víctimas en sospechosos o victimarios, y también políticas gubernamentales que no desjerarquicen a los organismos e instituciones responsables.

Pero si bien es relativamente fácil sustraer el ganado de los campos, es complicado deshacerse del cuerpo del delito. Trasladar, faenar y comercializar con rapidez el ganado sustraído no es una tarea que los delincuentes puedan efectivizar impunemente; salvo que, actuando tan sólo como la mano de obra barata de alguna organización delictiva mayor, cuenten con aguantaderos, zonas liberadas, plantas de faena, transportes, locales comerciales, cadenas de comercialización, asesoramiento jurídico y/o elementos enquistados en distintos estamentos de los organismos de control, prevención e investigación.

Estas circunstancias originan sospechas e interrogantes de toda naturaleza que, en muchos casos, sobrevuelan altos niveles del poder económico o político.

Deber irrenunciable

La lucha contra el cuatrerismo es una obligación irrenunciable de los funcionarios que integran el Poder Judicial de las provincias y de la policía que actúa bajo sus órdenes. Las falencias que exhiban dichas autoridades no pueden solucionarse como, por ejemplo, pretenden algunos intendentes, funcionarios y dirigentes agropecuarios bonaerenses, descendiendo en el nivel jerárquico hasta otorgarles competencia para disponer arrestos y allanamientos a funcionarios municipales, aunque éste sea juez de paz, al que la Constitución bonaerense atribuye el conocimiento en "faltas provinciales y en causas de menor cuantía y vecinales".

Desde el Frente Agropecuario Nacional consideramos que en la provincia de Buenos Aires es cuestionable la ley de faltas agrarias en cuanto faculta a la autoridad administrativa de aplicación (Ministerio de Asuntos Agrarios o Municipalidades) para efectuar detenciones hasta por doce horas.

Téngase presente que el Código de Faltas está destinado a sancionar infracciones de menor cuantía o contravenciones. Mal se aviene una competencia para temas menores de esta naturaleza con la trascendente misión de combatir el cuatrerismo al que el Código Penal reprime con penas de hasta ocho años de prisión.

En la provincia de Buenos Aires también es cuestionable, y creemos debe ser reconsiderada, la llamada ley de seguridad pública, la que virtualmente ha establecido una justicia corporativa incompatible con la letra y el espíritu de la Constitución Nacional. Ello es así por cuanto frente a los foros de seguridad que crea, el individuo, el ciudadano, como portador de derechos inalienables y base insustituible de la sociedad y del Estado, queda "licuado" y desamparado frente a corporaciones locales que carecen tanto de formación jurídica como de legitimación electoral, y que pueden llegar a resolver el destino procesal de los justiciables y el de cada causa en el silencio y en la sombra, motivados quizá por las amistades, rencores o intereses de pago chico.

De conformidad con el sistema criticado, cada comisario tendrá como auditor de su gestión un "foro vecinal de seguridad"; cada víctima o imputado tendrá como inquisidor un "foro municipal de seguridad", y cada fiscal o juez de garantías que resulten competentes en una causa tendrán como observador a un "foro departamental de seguridad".

Del modo expresado, cuando el fiscal o el juez se encuentren abocados a una determinada investigación criminal, en lugar de hallarse solos frente al hecho, frente a la norma y frente a su conciencia, tendrán inevitablemente que contemporizar con tres corporaciones extrajudiciales y hasta, en el peor de los casos, con su influencia tan pesada como irresponsable.

Control en toda la cadena

Creemos que la lucha contra el abigeato debe tener en cuenta estas consideraciones y conllevar la imprescindible decisión política en el más alto nivel. Esto permitirá iniciar un círculo virtuoso donde figuren: el control sistemático de todas las plantas de faena y lugares de comercialización, una brigada de cuatrerismo especializada e incorruptible, una justicia dispuesta a investigar a fondo todos los casos de robos de ganado registrados, jueces y fiscales con profundos conocimientos de los usos y costumbres rurales y la modificación de los códigos de procedimientos para que establezcan penas de cumplimiento efectivo y todo el conjunto se empeñe a fondo en la lucha contra el cuatrerismo organizado y la faena clandestina, delitos que ponen en permanente riesgo la vida y los bienes de los integrantes de la familia rural.

Los autores son coordinador de la comisión de seguridad y presidente del Frente Agropecuario Nacional, respectivamente

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