El gobierno de Córdoba acordó con ruralistas una serie de beneficios impositivos
Habrá diferimientos de pagos y un tope para la suba del Inmobiliario Rural; explicaron que es por la situación de crisis por el impacto de la baja de precios internacionales, la sequía y la presión tributaria
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- El gobierno de Córdoba diferirá por seis meses los compromisos impositivos de aquellos productores agropecuarios con dificultades económicas, que deberán certificar esa condición a través de una declaración jurada; además habrá un tope de aumento para el Inmobiliario (el excedente se postergará medio año). En una reunión de los integrantes de la Mesa de Enlace cordobesa con Martín Llaryora y el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, las partes volvieron a insistir con la necesidad de bajar las retenciones.
Durante el encuentro, que es de los “habituales”, según dijeron, se analizó “a fondo la crisis que atraviesa el sector a la luz de los bajos precios internacionales de sus productos, la situación cambiaria y las condiciones climáticas adversas que amenaza los rindes de las cosechas”, según se consigna en el documento oficial.
Una vez más se ratificó el reclamo al gobierno nacional para que elimine las retenciones al campo con el objetivo de aliviar el contexto adverso que atraviesa el sector. La semana pasada tanto Llaryora como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) pidieron a la Nación lo mismo. Sin embargo, por el momento, no habrá una escalada en sus acciones.
El comunicado del gobierno de Córdoba indica que 94% de la carga impositiva de los productores rurales de la provincia son los impuestos nacionales, solo 2% municipales y el restante 4% provinciales que “vuelven en obras para el campo en un 98%”.
En la reunión se acordó un diferimiento fiscal. Se decidió conformar una mesa técnica para analizar, mediante declaración jurada (DDJJ), los casos de productores que acrediten dificultades económicas, los que podrán postergar el pago del impuesto en su totalidad por seis meses, con posibilidad de extensión del plazo.
Las solicitudes serán canalizadas a través de las entidades representativas del sector y aprobadas por una Comisión de Trabajo que funcionará en el ámbito de Bioagroindustria.
También se avanzó en que habrá un tope en el aumento del impuesto inmobiliario rural. Los montos que superen el porcentaje que se fije serán diferidos por seis meses con posibilidad de extensión en caso de persistir las condiciones críticas o si no se eliminan o reducen las retenciones.
Otro punto acordado es que se llevará al ámbito de la Mesa Provincia-Municipios el reclamo de los productores para eliminar el cobro de las Guías de Hacienda en los municipios donde estén vigentes.
Llaryora señaló “la importancia de este tipo de espacios donde el gobierno provincial ratifica su voluntad de trabajar junto al sector privado en la defensa de los intereses de Córdoba”.
En representación de la Mesa de Enlace estuvieron presentes Guillermo Vitelli y Sebastián Laborde (Sociedad Rural Argentina); Patricio Kilmurray y Federico Proietti (Cartez); Agustín Pizichini y José Luis Careggio (Federación Agraria Argentina) y Gustavo Gaigh (Coninagro).
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