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Fallo contundente: la Justicia ordenó a un municipio bonaerense informar cuánto recauda del campo y cómo usa los fondos
Un juez ordenó a las autoridades de Rojas dar detalles de los recursos obtenidos por las tasas de la red vial, cómo se calculan y cuánto destina al mantenimiento de los caminos rurales; el reclamo fue presentado por la Sociedad Rural local, Federación Agraria y Coninagro
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LA NACIONMariana Reinke
¿Cuánto pagan los productores por las tasas vinculadas con los servicios rurales y cuánto de ese dinero vuelve efectivamente a los caminos rurales? La pregunta, que desde hace tiempo genera reclamos en el partido bonaerense de Rojas, llegó a los tribunales.
La Justicia le ordenó al municipio de la provincia de Buenos Aires que informe cuánto recauda por las tasas que pagan los productores rurales y cómo utiliza esos recursos, luego de que la Sociedad Rural de Rojas, Federación Agraria Argentina filial Rojas y Coninagro, con la representación legal del abogado Pablo Abdon Torres Barthe, recurrieran a los tribunales ante la falta de respuesta de la administración a un pedido de información. La comuna tendrá 45 días para entregar los datos.
La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Junín, en la causa “Coninagro de Rojas y otros c/ Municipalidad de Rojas s/ amparo”. El fallo fue firmado por el juez Juan Atilio Bazzani.
El pedido estaba relacionado con el destino de los fondos provenientes de las tasas de conservación, reparación y mejorado de la red vial, seguridad e higiene y control de marcas y señales. Los productores buscaban conocer si los recursos recaudados guardaban relación con los servicios para los cuales fueron creados, en un distrito que cuenta con una extensa red de caminos rurales y donde las entidades cuestionan el nivel de mantenimiento.
Rojas tiene aproximadamente 1200 kilómetros de caminos rurales, según explicaron los dirigentes del sector. Alberto del Solar Dorrego, vicepresidente de la Sociedad Rural de Rojas, recordó una experiencia anterior en la que los productores tuvieron participación directa en la administración de esos recursos.
Durante su paso por el Consejo Asesor Municipal de Productores Rurales se impulsó la ordenanza 2649, de 2002. Según relató, el esquema establecía que el 85% de los fondos de la tasa vial quedara afectado a los caminos y fuera administrado con participación de los productores. “Por 10 años los caminos rurales de Rojas estaban impecables”, afirmó a LA NACION.
Ese sistema terminó, según explicó, cuando una nueva administración derogó la ordenanza y los fondos pasaron a manejarse dentro de Rentas Generales, “donde a los secretarios viales les tiraban migajas”.
Para Del Solar Dorrego, el principal problema es contar con recursos suficientes para planificar las obras. “El problema no es el cómo reparar los caminos rurales, sino el con qué”, insistió. Y agregó: “Si la Municipalidad no afecta los fondos de la tasa vial a arreglar los caminos, eso es una utopía, es una fantasía decir voy a arreglar un camino”.
Los productores también realizaron una comparación con el sistema utilizado en San Antonio de Areco, donde, según explicó el dirigente, se contratan equipos por kilómetro trabajado. Con ese esquema calcularon cuánto costaría realizar tres intervenciones anuales en los 1200 kilómetros de Rojas.
“Pudimos demostrarle que prácticamente hacer tres pasadas anuales, una de fondo y dos de rastreo en los 1200 km salía aproximadamente $1000 millones, y Rojas recauda $2300 millones”, relató.
Según recordó, durante una reunión con el intendente Román Bouvier (Juntos por el Cambio) plantearon esa diferencia. “Están sobrando $1000 millones y no arreglan los caminos rurales”, les dijeron a los funcionarios en el encuentro. De acuerdo con su relato, el tesorero municipal solo les respondió: “Qué bien calcularon las cosas, qué buen trabajo hicieron”.
El reclamo apunta además a conocer cómo se determina el valor de la tasa vial. Del Solar Dorrego cuestionó el mecanismo utilizado para establecerla y señaló que, a su entender, el cálculo no guarda una relación directa con el costo necesario para mantener la red. “La tasa vial de Rojas tiene unos componentes complicadísimos, inventados por un álgebra rarísima con un coeficiente Z”, describió.
Carlos Marveggio, presidente de la Federación Agraria Argentina filial Rojas, señaló que la presentación judicial fue una acción conjunta de las tres entidades de la Comisión de Enlace de Rojas. “Es atípico porque en ningún lugar se habían juntado las tres entidades para accionar contra el municipio”, sostuvo.
El dirigente coincidió en que el estado de la red vial es uno de los principales problemas de los productores, que se suma a un parque de maquinaria que considera insuficiente.
Marveggio aportó además el costo que representa actualmente la tasa para los productores. “Estamos entre 25.000 y 30.000 pesos por hectárea por año, que representa entre 10 y 12 litros de gasoil por hectárea por año en cinco cuotas”, señaló.
Según explicó, los productores aceptaron que el 30% de lo recaudado pudiera destinarse a Rentas Generales, por ejemplo para el hospital. “Debería ir a caminos rurales el 70% de lo que se cobra”, afirmó.
El dirigente estimó que con esa recaudación de $2300 millones se pudo haber comprado una máquina por año. “Una motoniveladora puede valer entre 600 y 700 millones de pesos. Pero nada de eso ocurrió”, dijo.
En este contexto, la Justicia resolvió que la documentación entregada por la Municipalidad no respondía de manera completa al pedido de las entidades y ordenó aportar información concreta sobre la recaudación, los costos y la prestación del servicio. Entre otros puntos, el municipio deberá informar los costos utilizados para determinar las tasas de control de marcas y señales y de conservación, reparación y mejorado de la red vial. También tendrá que precisar cuánto recaudó durante 2025 y 2026, qué fondos recibió de la coparticipación nacional o provincial y qué otros recursos fueron destinados al mantenimiento de los caminos.
Además, deberá informar la superficie total que debe atender, describir las tareas realizadas durante 2026 e indicar si fueron ejecutadas con personal y maquinaria propios o mediante servicios tercerizados. También deberá presentar la planta de trabajadores afectados al servicio, sus salarios —sin datos personales— y el detalle del equipamiento utilizado, su estado de conservación y los gastos de reparación y mantenimiento, con documentación respaldatoria.
Durante el proceso, la municipalidad había sostenido que había cumplido parcialmente con el pedido y que parte de la información estaba disponible en su sitio web. El juez rechazó ese argumento. “Tal postura defensiva no será de recibo”, sostuvo Bazzani.
El magistrado también remarcó que la información pública debe ser “completa, adecuada, veraz y en tiempo oportuno” y puso el foco en la relación entre transparencia, gasto público y tasas que afectan al agro: “El conocimiento del modo en que las tasas que afectan al sector agropecuario son aplicadas al objeto de su creación constituye una herramienta por la cual se posibilita el control de la gestión de los representantes por sus mandantes”.
LA NACION intentó tener una declaración del intendente local, pero aún no tuvo respuesta.
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