Frente a los conflictos viejos se buscan ideas nuevas

Si el resultado económico de la campaña agrícola 2014/15 ya era negativo o magro, la huelga de los trabajadores de la industria oleaginosa en los puertos del Gran Rosario vino a agravar la situación. El cierre de los cupos a las entregas de mercadería que dispusieron las fábricas por las medidas de fuerza y los piquetes provocó el corte de la cadena de pagos. Los productores que necesitan cancelar vencimientos impositivos en junio están haciendo malabares para financiarse. Más de 35 buques debieron permanecer frente a las costas del Paraná a la espera de que el conflicto se resolviese y poder cargar.

El problema logístico, que ya era complicado por el volumen de la cosecha de soja de unos 60 millones de toneladas, se agravó por el conflicto sindical. Después de 15 días de paro el Gobierno se dio cuenta de la gravedad de la situación cuando advirtió que los exportadores podían retrasar la liquidación de divisas.

En rigor, el trasfondo real del conflicto es la manipulación del índice de los precios al consumidor que desde hace siete años viene haciendo el kirchnerismo. Los parámetros válidos que deberían tener trabajadores y empresarios para negociar salarios están destruidos. Eso puede prestarse para cualquier acción.

La falta de institucionalidad alcanzó, en otra dimensión, al mercado de semillas. Frente a la controversia que desató con el gremialismo rural el "canon tecnológico" que impulsa Monsanto para su soja resistente a insectos y herbicidas, que contempla el control en grano, el Gobierno apeló a un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Por esta medida habrá un registro para establecer el uso propio oneroso de semillas que solventará un fideicomiso para sustentar la investigación en genética y biotecnología. Para el Gobierno, con el DNU, la "cláusula Monsanto" derivará en abstracta. Sin embargo, la compañía reafirmó que el esquema de control sigue vigente para lo cual cerró acuerdos con exportadores que aceptan la verificación del pago de regalías en grano. Las entidades rurales reiteraron su rechazo a esa insistencia. Si no se logra un acuerdo entre las partes como el que se viene intentando desde hace más de diez años, todo parece encaminarse a una batalla judicial.

El conflicto revela la debilidad estructural que tiene el país por no elaborar una ley de semillas que reemplace a una norma que tiene más de 40 años y demostró su caducidad ante la transformación tecnológica. La industria de semillas, para continuar con las inversiones en investigación y desarrollo en mejora genética y eventos biotecnológicos, insiste en que necesita un reconocimiento a la propiedad intelectual de sus materiales. Éste es el consenso entre empresas nacionales y las multinacionales. De igual modo, los productores se resisten a aceptar mecanismos abusivos para garantizar este derecho.

El Gobierno ha apoyado los avances en biotecnología e incrementó el presupuesto en ciencia en los últimos años. Fueron acaso una de las pocas políticas para el agro que resultaron positivas. Deja como déficit no haber logrado aprobar una ley de semillas.

En ese contexto, hay quienes eligen prepararse para lo que vendrá. La Sociedad Rural Argentina (SRA) presentará el jueves próximo su propuesta de política agropecuaria. Surgida del debate y el análisis interno en más de 15 comités por producto, supervisado por el Instituto de Estudios Económicos, el documento, de un centenar de páginas, servirá para que productores y dirigentes de la SRA aporten al debate de ideas que surja en el año electoral. "Es una propuesta para ser enriquecida, pero necesitamos conocer qué piensan hacer con el campo los candidatos a presidente, sobre todo aquellos que no han dicho nada todavía", dice el presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere. Además de ideas para el agro, el documento se referirá a la educación, la infraestructura y las instituciones. Uno de los capítulos clave es el internacional. "En la Argentina parece que se hubiera congelado este tema, pero el mundo siguió funcionando", señala el ruralista. Se pondrá énfasis en la necesidad de poner en marcha los acuerdos de libre comercio para ganar mercados para los productos del agro.

Coninagro, por su parte, presentará sus propuestas de política agropecuaria el 4 de junio próximo. Tanto la SRA como los cooperativistas convocarán a dirigentes políticos. El campo tiene ideas.

Resumen

100

Millones de pesos

Ésa es la pérdida estimada en la exportación por el conflicto con los trabajadores aceiteros.

La frase

Jaime Linares

Senador (UCR)

"Podrían desaparecer miles de productores?de trigo"

Por Cristian Mira

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