Tras el cierre de una planta: dos gremios advirtieron sobre una situación crítica en Granja Tres Arroyos y el pago de sueldos en largas cuotas
Tras el cierre indefinido de la planta de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, Uatre y el sindicato de la alimentación acusaron a la empresa de ejercer presión sobre los trabajadores; la firma negó irregularidades
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LA NACION Belkis Martínez
Luego de que la empresa avícola Granja Tres Arroyos anunciara en las últimas horas el cierre por tiempo indeterminado de su planta ubicada en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, por un supuesto conflicto interno del gremio de los alimentos, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) pidió respuestas ante lo que consideró un incumplimiento salarial. Aseguró que más de 1200 trabajadores atraviesan una situación “insostenible” en distintas provincias del país. En tanto, el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) le respondió a la firma.
En Uatre expresaron “su profunda preocupación” por la situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de las avícolas WADE – Grupo GTA, quienes desde “hace más de un año y medio sostienen el funcionamiento de la empresa mientras padecen el atraso y el pago fragmentado de sus salarios”.
“Hoy los trabajadores perciben sus haberes en más de ocho o nueve cuotas, afectando seriamente la economía de cada hogar. Muchas familias no pueden cubrir el plato de comida diario, acumulan servicios impagos, alquileres atrasados y un creciente endeudamiento, todo agravado por el temor permanente a perder la fuente laboral", precisaron.
En el gremio aseguraron que “se realizaron múltiples gestiones, reuniones y presentaciones ante organismos y representantes de la empresa, con seguimiento mensual en audiencias ante el Ministerio de Trabajo. Paralelamente se acompañó a las familias afectadas con asistencia en mercadería, con apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y se gestionó la continuidad de servicios esenciales en los establecimientos donde residen trabajadores”.
“La Uatre exige que la empresa exponga con claridad su situación administrativa, informe directamente a sus trabajadores sobre el estado real de la organización, y solicite al Gobierno las herramientas necesarias para preservar las fuentes laborales y brindar tranquilidad a las familias”, indicaron.
Apuntaron que WADE-Grupo GTA son responsables por trasladar el peso de la crisis sobre sus trabajadores sin ofrecer certezas ni un plan de salida. Indicaron que esta situación no se limita a la provincia de Buenos Aires, sino que también afecta a trabajadores de Entre Ríos, Córdoba y Chaco, lo que evidencia el alcance federal del problema, dijeron. “El tiempo de las promesas incumplidas se acabó: no daremos un paso atrás hasta que cada compañera y cada compañero reciba lo que le corresponde”, avisaron.
Ante una consulta de LA NACION, en la empresa indicaron que la situación en Wade es normal al día de hoy, se está trabajando normalmente y pagando los salarios según lo acordado con los trabajadores. Por otra parte también observaron que la empresa mantiene un diálogo permanente con Uatre y con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
En este marco, se conoció que ninguno de los trabajadores de la planta de Concepción del Uruguay ni lo que puede pasar con Wade, responde al sindicato de Uatre, dado que los trabajadores de las plantas están vinculados a otros sindicatos de los alimentos, explicaron.
Conflicto
En medio de la escalada del conflicto por el cierre indefinido de la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay, el STIA respondió públicamente la versión difundida por la empresa y aseguró que la crisis se originó por incumplimientos salariales reiterados y no por las medidas gremiales. La organización sindical acusó a la compañía de mantener deudas salariales de larga data, aplicar prácticas “antisindicales” y utilizar el pago parcial de haberes como mecanismo de presión sobre los trabajadores.
Según denunciaron, la empresa todavía adeuda la segunda quincena de abril y la primera de mayo de 2026. Además, señalaron que el esquema de cancelación en cinco cuotas presentado por la firma para regularizar salarios “fue incumplido”, ya que hasta el momento solo se habría pagado “una cuota y media”.
El sindicato rechazó además la caracterización empresaria de las protestas como medidas “inflexibles y desproporcionadas” y sostuvo que se trató de acciones encuadradas dentro de la legislación laboral vigente frente a la falta de pago de salarios.
STIA también acusó al Grupo GTA de exigir que los operarios abandonen los reclamos y retomen tareas a cambio de cobrar parcialmente los salarios adeudados. “Granja Tres Arroyos exige a los operarios que desistan del reclamo y trabajen en estas condiciones abusivas a cambio de abonarles parcialmente lo que se les debe, explotando la situación de necesidad extrema a la que han sido empujados los operarios. En esta tesitura, algunos se ven obligados a someterse a estos requerimientos por la apremiante situación de sus familias, lo que origina tensiones entre estos y sus compañeros que sostienen la protesta legítima”, apuntaron.
El comunicado también cuestionó la decisión de cerrar la planta sin ofrecer precisiones sobre el futuro laboral de los empleados ni sobre la cancelación de las deudas salariales. Según indicaron, los incumplimientos impactan incluso en obligaciones familiares básicas, como el pago de cuotas alimentarias de los hijos de los trabajadores. “Esta representación sindical sostiene que el conflicto no es la causa del cierre, sino una consecuencia directa del incumplimiento de las obligaciones básicas del empleador y de sus intentos por imponer condiciones laborales abusivas bajo presión económica”, destacaron.
El sindicato afirmó que las instancias formales de negociación ante las autoridades laborales “nunca fueron interrumpidas” y rechazó mantener conversaciones “extraoficiales” o “en petit comité” con directivos de la empresa.
Este jueves, a las 10 hubo una audiencia de conciliación laboral en la Secretaría de Trabajo de Paraná por el caso de la planta en Entre Ríos en la que participaron autoridades del Sindicato de la Carne, el Sindicato de Industrias de la Alimentación y las autoridades de la empresa, pero no hubo acuerdo y se pasó a cuarto intermedio.
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