El secretario de coordinación de Energía defendió un proyecto de desregulación de los biocombustibles y dejó una advertencia
Daniel González habló en el marco del congreso Maizar 2026, donde destacó la creación de mercados transparentes a término y la habilitación de surtidores especiales, bajo la premisa de retirar al Estado de la fijación de precios y cupos
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LA NACION Belkis Martínez
El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, ratificó el marco regulatorio que el Poder Ejecutivo busca imprimirle al mercado de los biocombustibles. Durante una disertación pública, el funcionario respaldó el proyecto de ley de biocombustibles impulsado en el Senado por Patricia Bullrich, el cual propone un incremento gradual de los cortes obligatorios, la creación de mercados transparentes a término y la habilitación de surtidores especiales, bajo la premisa de retirar al Estado de la fijación de precios y cupos.
La iniciativa bajo análisis en la Cámara alta plantea una reforma estructural al actual régimen de la Ley 27.640, que el funcionario coincidió que está “agotado”. El texto del proyecto establece que el corte obligatorio de biodiésel en gasoil pase del 7,5% actual al 10% en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia de la ley. Por su parte, el bioetanol en las naftas subirá del 12% al 15% en el mismo período, manteniendo un esquema de origen específico: un 6% proveniente de caña de azúcar y un 6% de maíz, quedando desregulado el origen del porcentaje restante. Asimismo, se abre la puerta a la comercialización de vehículos “flex fuel” y a bocas de expendio con mayores porcentajes de mezcla.
“Hay consenso en que el régimen regulatorio actual está agotado y necesita cambios. Presentamos un proyecto que creemos moderno y equilibrado”, señaló González en diálogo con Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol, en el marco del congreso Maizar 2026.
El secretario enfatizó que el principal objetivo es “proteger al consumidor, que es lo que nadie miró en todo este tiempo”. El funcionario advirtió que mayores subas en los cortes encarecerían el surtidor.
En rigor, el incremento de las mezclas obligatorias abre un debate técnico y económico sobre el precio final para los consumidores. González advirtió que el biodiésel es históricamente entre un 50% y un 100% más caro que el combustible fósil, aunque la brecha se redujo por los altos valores internacionales del petróleo. En este sentido, justificó los límites fijados en el proyecto frente a las presiones de algunas provincias que exigen un piso del 15% para el biodiésel.
“El Estado no puede pagar el costo fiscal y no estamos dispuestos a que el consumidor pague un mayor costo del gasoil”, sentenció el funcionario, quien detalló que un salto de esa magnitud encarecería el gasoil entre un 5% y un 10% en términos reales. “Los productores agropecuarios no quieren pagar más por el costo del gasoil. Este equilibrio es el máximo nivel de consenso posible al que llegamos con petroleras, aceiteras, provincias y automotrices”, agregó.
Respecto de la situación actual en las estaciones de servicio, González descartó expectativas de faltantes y aseguró que los precios de la nafta y el gasoil están “relativamente equilibrados”, admitiendo un leve atraso de entre 45 y 60 días por el impacto global de los conflictos bélicos. Explicó que el país importa apenas el 5% del combustible que consume, y que las distorsiones del pasado obedecieron a intervenciones artificiales: “Si exportás petróleo e intentás intervenir los precios internos, la consecuencia inmediata es que falta gasoil. Eso ya pasó en 2023”. Destacó que actualmente el mercado se autorregula sin el Estado, dado que refinadores y productores asumen los desfasajes de forma transitoria para no golpear la demanda.
Una de las principales novedades operativas del proyecto de ley es la creación de un mercado electrónico spot y un mercado a término para los biocombustibles, replicando esquemas vigentes en el sector del gas y la energía eléctrica. La intención es que un productor pueda pactar la venta de su capacidad con un mezclador a cinco años a precios de mercado de manera transparente.
“Queremos eliminar esta lógica donde la Secretaría de Energía fija precios y cupos, donde siempre hay dudas de quién obtuvo el cupo y por qué. Queremos que el mezclador compre el producto al menor precio posible porque confía en la contraparte”, definió González. A su vez, aclaró que la ley fijará pisos mínimos nacionales, pero dará total libertad territorial: “Si una provincia está dispuesta a poner un corte del 18% y consigue gente dispuesta a poner bocas de expendio y consumidores que quieran hacerlo, está buenísimo. Queremos fomentar la mayor libertad posible”.
El ordenamiento de los precios relativos también abarca al mercado del gas. González se mostró optimista respecto del abastecimiento general del país, apoyado en las reservas de Vaca Muerta, estimadas para 200 años. Sin embargo, reconoció que persisten restricciones puntuales de transporte en la región del Centro y el Litoral.
El secretario marcó una fuerte diferenciación respecto de la gestión anterior sobre cómo deben financiarse las obras de ampliación. “El último gasoducto lo construyó el Estado nacional y el costo es uno de los más caros de la historia de la humanidad; el único cargador fue el sector público. Ahora el sector público no participa, las inversiones en infraestructura las está haciendo el sector privado porque hay demanda y contratos”, contrastó.
De cara al corto plazo, anticipó que las restricciones logísticas serán marcadamente menores el próximo año y que las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) caerán a menos de la mitad, volviéndose marginales en el mediano plazo. No obstante, advirtió que el sistema se regirá por señales de precios y no por subsidios estatales generalizados. “El consumidor debe entender el costo real de la energía. Una industria deberá evaluar si le conviene comprar GNL caro, pasarse a fueloil o parar la planta unos días. La señal de precios tiene que ordenar el sistema”, concluyó.
Las proyecciones oficiales indican que, aun sin un barril de crudo a US$ 100, el sector energético consolidará un crecimiento sostenido que le permitirá, en un plazo de cuatro años, generar una balanza comercial positiva de US$40.000 millones anuales. Según consideró, este flujo de divisas operará junto al complejo agroindustrial para eliminar las crisis recurrentes por restricción externa en la economía argentina.
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