“Habrá guerra de precios”: empieza la trazabilidad bovina obligatoria con fuerte competencia de proveedores y “flexibilidad”
El sistema entrará en vigor desde el 1° de enero próximo y uno de los cambios planteados por el Senasa es la lectura en destino de las caravanas con chip; anticipan que el costo actual de US$2 tendrá una baja considerable
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LA NACIONMariana Reinke
Tras varias idas y vueltas y casi un año de suspensión de su aplicación, comenzó la cuenta regresiva para la puesta en marcha del sistema obligatorio de identificación electrónica bovina, que entrará en vigencia el 1° de enero de 2026. La medida, impulsada por el Senasa, abre una etapa decisiva para la ganadería argentina, con expectativas altas en materia de trazabilidad y apertura de mercados, pero también con desafíos operativos para el organismo sanitario, las empresas proveedoras y, sobre todo, los productores.
El nuevo esquema se apoya en dos normas centrales. Por un lado, la resolución 530/2025, que definió qué tipo de identificación debe utilizarse; por otro, la resolución 841, que estableció la implementación del sistema a partir del próximo año. Desde entonces, dejaron de producirse las caravanas alfanuméricas con CUIT, que podían utilizarse hasta el 1° de diciembre, y comenzó la transición hacia las caravanas numéricas electrónicas con chip, por ejemplo.
Según la normativa, a partir del 1° de enero de 2026 todo ternero nacido en 2025 que se movilice y ya esté destetado deberá contar con identificación electrónica. Sin embargo, el propio Senasa reconoce que se tratará de un proceso gradual y con convivencia de ambos sistemas durante un período de adaptación.
Fuentes cercanas al organismo sanitario explicaron que uno de los principales objetivos fue consensuar el mecanismo con las entidades ruralistas para no complicar la operatoria del productor. En ese sentido destacaron que el Senasa estuvo y está abierto a “desburocratizar”, dar participación al sector y adaptar el sistema a la realidad productiva.
La premisa central fue mantener el mismo esquema operativo que el productor ya conocía. La compra de caravanas se seguirá realizando a través de veterinarias o distribuidores habituales. “El productor va a hacer lo mismo”, explicaron.
Indicaron que la declaración podrá hacerse por tres vías: mediante autogestión a través de la aplicación del organismo que redirecciona la información al Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa); desde una computadora, cargando los datos, y para quienes no tienen acceso a Internet o no están familiarizados con herramientas digitales, seguirá existiendo la opción de asistencia presencial en las oficinas sanitarias.
Uno de los puntos clave del rediseño fue evitar que los 240.000 productores del país deban comprar lectores electrónicos. Por eso, se definió que la lectura de las caravanas se realice en destino. De ese modo, la obligación de contar con lector recaerá en quienes cierran el Documento de Tránsito Electrónico (DTe): ferias, consignatarios, invernadores, feedlots, frigoríficos y el Mercado Agroganadero (MAG).
“El único que tiene que leer es el que cierra el DTe”, remarcaron. Para el productor, la compra del lector será optativa, al igual que la lectura en el campo. La lógica es concentrar la exigencia en quienes tienen capacidad operativa y reciben grandes volúmenes de animales.
En cuanto a la distribución de las caravanas, señalaron que el sistema será incluso más ágil que el anterior. Mientras antes las caravanas debían asignarse por CUIT, ahora se trabajará por rangos numéricos, lo que facilita el stock y la logística.
El costo estimado de cada caravana ronda hoy los dos dólares. Las fuentes consultadas aclararon que 2026 será un año de transición, en el que convivirán animales con identificación alfanumérica y electrónica. “Va a haber errores”, admitieron, y anticiparon flexibilidades para cerrar DTe parciales cuando haya rodeos con ambos sistemas.
“Necesitamos que esto progrese y en este cambio cultural tenemos que entender que va a haber errores”, señalaron fuentes cercanas al organismo sanitario. En ese contexto, aclararon que no habrá sanciones durante la etapa de adaptación y que el foco estará puesto en aprender, corregir y ajustar el sistema.
Las expectativas oficiales son altas. En el Senasa destacaron que el programa aporta herramientas clave para la gestión productiva, la trazabilidad y la sanidad. “Para una atención ante una emergencia sanitaria rápida, para un rastreo epidemiológico, nos da robustez”, subrayaron, y añadieron que permitirá “mantener mercados y abrir nuevos”.
Del sector proveedor, Marcelo Lizziero, de Datamars, explicó que la industria ya está trabajando. Recordó que desde hace dos o tres años existía la posibilidad voluntaria de utilizar caravanas electrónicas oficiales y que ahora, desde enero, el sistema exigirá el binomio completo: botón electrónico en la oreja derecha y tarjeta visual en la izquierda.
Lizziero aclaró que, aunque la obligación alcanza a los terneros nacidos en 2025 que se movilicen a partir del 1° de enero de 2026, muchos productores ya comenzaron a identificar todo el rodeo para unificar el manejo.
Respecto a la calidad de las caravanas, destacó que el organismo estableció estándares internacionales certificados por ICAR, lo que reduce significativamente las pérdidas. “Una cosa es perder un 20% y otra perder el 2 o 3%”, explicó a LA NACION, en alusión a una de las principales preocupaciones de los productores, especialmente en campos de zonas de monte.
Sobre el precio actual y la competencia, el empresario dijo que hoy el valor de la caravana ronda los dos dólares, pero que va a bajar porque se va a dar una fuerte competencia: “Todos van a querer mantener su mercado y ahora pueden participar todas las empresas que tengan productos habilitados con certificación ICAR. Y para sostener un público cautivo va a haber una baja considerable en el valor; se viene una verdadera guerra de precios entre los proveedores”.
En el plano gremial, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, reiteró que la entidad siempre consideró que “el sistema es muy bueno”, aunque sostuvo que la postura original de que fuera voluntario continúa. Valoró, no obstante, la flexibilización y el trabajo territorial del Senasa para explicar el programa.
El dirigente ruralista remarcó que habrá productores que necesitarán más tiempo, especialmente los más pequeños. “Hay que ser un poco paciente para aquellos pequeños productores y que haya flexibilidad para aquellos productores que les cueste más incorporar este sistema”, finalizó.
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