El Consejo Directivo del organismo decidió que el proceso, que empezará en abril, alcance al personal permanente
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El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó la implementación de un sistema de retiro voluntario para el personal de planta permanente del organismo. Los representantes de las entidades privadas y estatales en el organismo instruyeron a la Dirección Nacional a elevar la propuesta y, posteriormente, armar un expediente para derivarlos al área de Empleo Público del Gobierno y al Ministerio de Economía para designar el presupuesto de las desvinculaciones. Todavía no se sabe qué cantidad de gente podría optar por el retiro: el INTA tiene 5749 empleados actualmente. Fue en el marco de la última reunión que se llevó adelante entre los representantes de las entidades del sector privado y los funcionarios del gobierno nacional.
El esquema, que quedó formalizado en el Acta N°611, alcanzará al personal permanente con un mínimo de tres años de antigüedad y menor de 65 años al 31 de marzo de 2026, de acuerdo con un documento al que tuvo acceso LA NACION. En cuanto a los pagos, se establece que serán calculados a razón de 1,5 haberes brutos por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses en el desempeño de relaciones de empleo público, de acuerdo con las categorías previstas en la Ley N° 25.164 y el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, conforme el registro que conste en el legajo personal. Para los agentes que tengan hasta 60 años cumplidos al 31 de marzo de 2026 se abonará la totalidad del monto que resulte del cálculo mencionado.
En el caso de quienes tengan entre 61 y 63 años inclusive al 31 de marzo de 2026 el valor se calculará bajo el mismo criterio, pero con un tope máximo equivalente a 24 haberes brutos. Para aquellos que hayan cumplido 64 años a esa fecha el límite máximo será de 12 haberes brutos. En ese sentido, el Consejo Directivo del organismo, que preside Nicolás Bronzovich, también estableció que el pago total se hará en una sola vez.
El Consejo Directivo también instruyó la prohibición de reingreso para el personal que se adhiera al retiro voluntario. En concreto, quienes accedan a este régimen no podrán ser designados nuevamente en planta permanente ni en planta transitoria, ni tampoco ser incorporados bajo ninguna modalidad de contratación —con o sin relación de dependencia— en los organismos que integran el Sector Público Nacional, según lo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156. Esta restricción tendrá una duración de cinco años y se contará desde la fecha efectiva de cese del agente.
La convocatoria tendrá un plazo de treinta días corridos a partir del 1° de abril de 2026. Ese período podrá ser prorrogado por única vez por otros quince días corridos, siempre que medie una solicitud de la Dirección Nacional.
De acuerdo con los números que maneja la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el INTA tiene 5749 empleados: la intención del Gobierno sería recortar 1000 puestos más o hasta alcanzar los 4000 puestos. Entre bajas, retiros voluntarios, cesantes, renuncias y jubilaciones superan las 800 bajas hasta la fecha desde que asumió esta nueva gestión.

Julieta Boedo, delegada del gremio ATE en el INTA, señaló: “El plan sigue intacto: vaciar el INTA, al igual que todos los organismos públicos. Con este retiro voluntario pueden irse administrativos y también una gran parte de la planta de profesionales, un plan que atenta directamente contra la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En una palabra, es un cientificidio.
Asimismo, se conoció que la dependencia encargada de ejecutar la instrucción deberá caratular el expediente administrativo correspondiente y formalizar su tramitación con la intervención de las áreas competentes. El objetivo es que el Consejo Directivo pueda tratar el acto de aprobación pertinente en una reunión ordinaria prevista para marzo.

Según pudo saber este medio, las entidades representantes del agro en el organismo pidieron “que se tomen todos los resguardos para que este proceso se pueda realizar sin que se vea afectado el normal accionar del INTA”. También solicitaron a los representantes del Gobierno esclarecer el número de personas que esperan que se adhieran al esquema de retiros. Falta ver qué cantidad de trabajadores podrían aceptar el retiro.
Por otra parte, el Consejo Directivo también definió los participantes que integrarán ocho concursos destinados a la elección de Directores Regionales. En relación con las Agencias de Extensión Rural (AER) se instruyó a la Dirección Nacional a dar de baja aquellas que ya estaban contempladas en la Propuesta Integral de Adecuación y Fortalecimiento que se viene trabajando desde febrero del año pasado. Según se indicó, la medida cuenta con la validación de los respectivos Consejos Regionales y no implica pérdida de puestos de trabajo ni de presencia territorial.
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