
La ley 22.021, que le permite a las empresas postergar el pago de sus obligaciones impositivas, atraen cada vez más a los grandes capitales que se orientan hacia explotaciones agroindustriales en zonas áridas y poco desarrollo
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SAN JUAN.- La iniciativa sobre diferimientos impositivos surgió del propio presidente Carlos Menem cuando éste era gobernador de La Rioja. El proyecto de promoción para zonas de poco o casi nulo desarrollo agropecuario e industrial, avalada por la ley nacional 22.021, beneficia hoy a tres provincias: La Rioja, San Juan y Catamarca.
La Ley mencionada consiste en tentar a empresarios a que inviertan en aquellas zonas que por su aridez geográfica y alejamiento de importantes centros urbanos carecen de desarrollo.
¿Cuál es el beneficio que obtiene el inversor? La posibilidad de pagar los impuestos varios años después de instrumentado el plan. La Nación visitó uno de los tantos proyectos que ya estan en marcha y con prósperos resultados en la provincia de San Juan.
Los Olivos de Santiago de Compostela S.A. y Ecoagro S.A. conforman, en este caso, el grupo inversor. Justamente días atrás inauguraron la primer planta de empaque de Frutas y Hortalizas automatizada en la localidad de Media Agua, departamento de Sarmiento a 55 kilómetros de la ciudad de San Juan.
La planta mencionada -construida a metros de los cultivos- es la prosecución de un emprendimiento original que consiste en sembrar 900 ha de Olivo (todavía en implante), 415 ha de forestación (en implante), Vid 20 ha (realizado) y 200 ha de horticultura (20 % relizado). Es alentador ver cómo una zona prácticamente desértica se ha convertido en productiva.
En este emprendimiento se utiliza tecnología de punta: riego localizado con sistemas computarizados, plantas de genética certificada traídas del país de origen y fortalecidas en viveros locales cuyas estructuras están climatizadas con mecanismos de control de temperatura y humedad con sistemas automáticos de control.
Aplicación
Diferir significa postergar. Pero cuando el diferimento se refiere al área impositiva, las consecuencias pueden o no acarrear cambios sustanciales en la zona a aplicarse. Todo depende del encuadre jurídico-administrativo que le dé el Gobierno nacional y la aplicación práctica que concrete el beneficiado.
Para Enrique Gobbée, uno de los directores de Cazenave Interagro S.A.-empresa que asesora y administra el proyecto mencionado-, "al postergar el pago de un impuesto la ley permite que el dinero que se tiene que entregar a la DGI en en concepto de IVA, impuesto a las ganancias e impuesto al patrimonio sea dirigido a estructurar un proyecto agropecuario o agroindustrial."
Desde el presupuesto general de la Nación se define el monto que deja de percibir el Gobierno en materia de impuestos. Para 1997 serán destinados 200 millones de dólares para ser distribuidos de la siguiente manera: 60 millones para La Rioja, 60 para Catamarca, otros 60 para San Juan y los 20 millones restantes fueron destinados a dos departamentos de la provincia de Mendoza. Sólo las provincias nombradas participan de los beneficios del diferimiento impositivo.
Otras, solicitaron ser parte de este proyecto. Sin embargo, su inclusión fue vetada por el propio Poder Ejecutivo. Así, Tucumán que intentó estructurar un proyecto forestal y San Luis que veía posibilidades de avanzar en la ampliación de la cría de ganado vacuno no alcanzaron a figurar en el presupuesto.
Igual situación para las provincias del sur argentino. La Patagonia se vió despoblada de ovinos en los últimos años por causas político-económicas y climáticas. Sin embargo, no cuenta con el diferimiento impositivo a empresas para que se aplique dentro de sus fronteras. De alguna manera, no queda claro los fundamentos que priman en la elección de las zonas a beneficiar.
Términos
Los diferimientos tienen un término de acuerdo a la producción. Si la inversión está aplicada por ejemplo a las frutas secas la devolución de la acumulación de gravámenes se efectúa a los 15 años de haber sido implantado el cultivo.
Para la forestación y fruta de carozo 10 años, alfalfa y vid 6 años, olivo 15 años, tambo 6 años, algodón y feed lot 3 años, producción hortícola a los 12 meses y la cría de ganado caprino 5 años.
Es importante destacar que el pago, a su vez, se efectuará a través de 5 años más, es decir que el monto total es dividido en 5 cuotas anuales sin intereses.
En general, los inversores en las áreas autorizadas conforman grupos con peso económico importante.
Así en San Juan se instaló el grupo Pulenta (Trapiche); Soldati en La Rioja produce uva de mesa para exportar a Alemania. También el "zar" de la televisión, Alejandro Romay, desde Catamarca prefiere devolver impuestos en los próximos años a través de la producción del algodón.
Grilla de puntaje
Los lineamientos generales con que deben cumplir las empresas que desean concretar proyectos con diferimiento impositivo se incian en una licitación ante el respectivo ministerio de la producción de la provincia beneficiada junto con la secretaría de Hacienda de la Nación. Existe una grilla de puntaje que condiciona a la licitación.
Lógicamente hay diferencias en las exigencias: cuando la ubicación del emprendimiento se sitúa, por ejemplo, en un ámbito desértico tendrá más puntaje y será más beneficiado el inversor que si el proyecto se encuentra cerca de un centro urbano.
También el puntaje fluctúa si se implanta álamos o vid. En el primero de los casos la mano de obra va a ser menor que en el segundo. A los factores geográficos, ocupacionales y tipo de cultivo (según su grado de dificultad de implantación) también suma puntos la dimensión del emprendimiento.
Más adeptos
La iniciativa del diferimiento tiene hoy muchos adeptos. Cinco años atrás los proyectos cubrían 30 millones de dólares. Hoy se han presentado solicitudes por 300 millones quedando, de acuerdo a la norma presupuestaria, numerosas empresas sin lograr reubicar sus obligaciones.
Por su parte, el Gobierno se cubre de posibles incumplimientos en el tiempo pactado para la devolución de impuestos con una hipoteca sobre los bienes invertidos.
El acreedor es la DGI. Un seguro de caución o avales bancarios dan mayor garantía a la Dirección Impositiva sobre el cumplimiento del proyecto.
La idea, en principio, es la de lograr la ejecución de inversiones en zonas marginales. Si la misma se lleva a cabo instrumentandosé seria y efectivamente la resultante será alcanzar mayor ocupación y mayor expansión.
Para ello será vital que la postergación de gravámenes provoque un aumento en la productividad de cada provincia y que sea controlado fehacientemente el cumplimiento de las pautas de inversión, ocupación y sobre todo la devolución de los impuestos.






