Marcelo Gelcich le exigió la entrega de documentación sobre la actividad de la empresa y mencionó en su reclamo un artículo que abre la puerta a la designación de un interventor o coadministrador
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El juez del concurso de la láctea SanCor, Marcelo Gelcich, le dio 24 horas a la empresa para que cumpla “integralmente” con una entrega de información bajo amenaza de aplicarle un duro artículo de la ley de concursos y quiebras. El pedido se lo hizo ayer y es porque, se desprende de su requisitoria, no presentó toda la información requerida el 17 de octubre último, cuando un anterior magistrado del caso, Gustavo Vales, reclamó datos que van desde la operatoria de la compañía hasta relaciones con otras firmas y flujo de fondos. Fuentes al tanto del caso dijeron que este reclamo del magistrado significa que “algo” va a pasar sobre la suerte de la firma. En tanto, fuentes cercanas a la empresa explicaron que lo requerido es aporte de información al concurso y de la marcha del negocio, algo permanente. Señalaron que la firma hoy está trabajando bien.
“Intímase a la concursada que cumplimente íntegramente con lo solicitado mediante proveído de fecha 17/10/2025, en el término de 24 horas y bajo apercibimientos de ley (art. 17 LCQ), sin perjuicio de la oportuna presentación efectuada en los caratulados “Cuij. 21-24211591-8”, señaló Gelcich en una instrucción de ayer.
El mencionado artículo 17 es particularmente estricto. Habla de que cuando se oculten bienes, se omita lo requerido o se incurra en “falsedad en las que produzca o realice algún acto en perjuicio evidente para los acreedores, el juez puede separarlo de la administración por auto fundado y designar reemplazante”. En esa línea, el juez designar un coadministrador, un veedor o un interventor controlador, con las facultades que disponga.
Como se sabe, SanCor está en concurso de acreedores desde febrero pasado. Su crisis se inició en 2017, tuvo una reestructuración, pero se volvió a caer y, pese a desprenderse de marcas valiosas, como en varios flanes y postres y hasta emblemas como Las Tres Niñas que vendió a Adecoagro, nunca volvió a ser lo que era. De más de 4 millones de litros diarios de procesamiento cayó rápidamente por debajo de los 300.000. Y la planta de empleados se achicó dramáticamente, de 4000 a 800. Las plantas industriales se redujeron de 12 a 6.
En este contexto, y tras enfrentar un duro enfrentamiento con el gremio Atilra, en febrero pasado se presentó en concurso de acreedores. En ese momento se habló de una acreencia total cercana a los US$400 millones.
El sindicato Atilra, en septiembre último, pidió la quiebra con continuidad de explotación de la concursada. Reclamó una deuda preconcursal por $69.000 millones y otra de los últimos meses que ya supera los $14.000 millones. “La asamblea [de Atilra en su momento] destacó que de las más de dos mil quinientas (2500) intimaciones de pago cursadas por los trabajadores, la empresa no respondió ninguna; como tampoco respondió las intimaciones de pago enviadas por Ospil, Ampil y Atilra”, dijo el gremio en esa oportunidad.
En este cuadro Vales dejó su lugar en el concurso, tras ser ascendido a otra instancia judicial, y el caso lo tomó Gelcich, que en el escrito de ayer intimó a la empresa por información de cuando todavía estaba Vales.
En este momento, entre otras cosas, el anterior magistrado había solicitado “la documentación técnica y contable que permita evaluar con precisión el funcionamiento, impacto y trazabilidad de cada operatoria industrial y comercial -vigente o proyectada-, e ingresos asociados, con acreditación de su viabilidad y ejecución”.

Puntualmente, pidió “los convenios formalizados con las empresas ELCOR SA, La Tarantela/Failar SA, Punta del Agua SA, Saputto SA, Brescialat SA, Establecimiento San Ignacio SA, Rojas Proyecto III S.A. -según se denuncia al punto 4.1 del plan-, el estado actual de ejecución de cada acuerdo empresarial o de colaboración (vigente, en negociación o pendientes de formalización)”.
En ese marco enumeró el pedido por la planta involucrada, el flujo por operatoria y la viabilidad económica, entre otros puntos.
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