Las tierras de Pizarro siguen sin rumbo

El pretendido avance de la frontera agropecuaria genera conflictos cuando no se hace con el debido consenso de la comunidad y fundamentalmente cuando implica la pérdida de áreas consideradas valiosas desde el punto de vista ambiental y social.

Una muestra clara de ello es la controversia que existe en Salta en torno de las tierras que formaron parte de la reserva natural provincial Lotes 32 y 33, en General Pizarro. A poco menos de un año desde que el gobierno que encabeza Juan Carlos Romero desafectara y vendiera 16.227 hectáreas de esa reserva, las tierras aún no tienen destino cierto.

Desde antes que se concretara la venta, científicos del Conicet, especialistas de la Universidad Nacional de Salta y de la Universidad de Buenos Aires y varias entidades ecologistas advertían a las autoridades provinciales sobre el mal precedente que se estaba sentando y sobre la necesidad de trabajar de manera conjunta para recuperar y preservar un zona de particular interés ambiental (única protegida dentro del Chaco Sub Húmedo Occidental) y social (allí viven aborígenes de la etnia Wichi y criollos).

En retirada

Los tres compradores que se habían impuesto en la licitación pública y prometían puestos de trabajo y desarrollo para General Pizarro ya desistieron de sus proyectos. El primero fue Miguel Ragone, en octubre pasado. Este inversor había obtenido la parcela número 7 (3802 hectáreas). En aquel momento, Carlos Ortiz de Zárate, administrador de Ragone, dijo a LA NACION: "Como no nos gusta generar discordia preferimos desistir de la compra", en referencia a la resistencia expresada por ecologistas y científicos. La parcela licitada por ese inversor salteño sigue sin dueño.

La deserción siguió con la firma MSU, de Manuel Santos Uribelarrea, que había adquirido las parcelas 2 y 5 (2155 y 2011 hectáreas) para hacer un emprendimiento agricola-ganadero. Según fuentes de esa empresa, "para evitar problemas mediáticos" en diciembre último se vendieron las tierras a la firma IA SA. Ante la pregunta sobre quién es el responsable de la empresa compradora, la fuente dijo que no podía revelar ese dato.

De igual modo, el abogado y productor tucumano Manuel Alberto Courel, que había adquirido las parcelas 1, 3, 4 (2207, 2017 y 2009 ha) para Ganadera El Caburé y la 6 (2026 ha) para su emprendimiento citrícola, dijo haber vendido todo. Consultado por LA NACION, Courel se limitó a decir: "Estoy fuera del asunto". Y añadió: "La transferencia tiene una cláusula de confidencialidad", por lo cual se negó a brindar precisiones.

Aparentemente, los compradores temen ser alcanzados por las campañas públicas hechas por entidades ecologistas contra los tenedores de las tierras. Emiliano Ezcurra, de Greenpeace, se mostró sorprendido por el silencio de los empresarios y aseguró que desde MSU lo llamaron "para comunicarle que le transferían las tierras a Manuel Alberto Courel", algo que el abogado tucumano negó enfáticamente a LA NACION.

En contraste con el hermetismo de los empresarios, el secretario de Medio Ambiente de Salta, Gustavo López Asensio dijo que es necesario transparentar este tema. "En la secretaría teníamos dos pedidos de desmonte para 6218 hectáreas impulsados por Courel y Ganadera El Caburé. Ahora, tras la venta de esas tierras, la solicitud está a nombre de la firma Everest, de Alvaro Domingo Cornejo, bajo el nombre El Reencuentro", indicó a LA NACION.

Asensio anunció que el 2 del mes próximo se hará la audiencia pública en la que cualquier interesado podrá expresar su punto de vista sobre el pedido de desmonte.

Quienes sostienen la defensa del medio ambiente se resisten a aceptar que las tierras sean desmontadas. "Le manifestamos el gobernador Romero que era un error lo que estaban haciendo. Ahora estamos mediando para encontrar una solución", dijo el presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Héctor Espina. Una opción es que APN compre las tierras. "Lamentablemente no contamos con la plata necesaria, por ello estamos buscando auspiciantes o donantes para generar una reserva de usos múltiples y atender las cuestiones ambiental y social", dijo Espina.

Recientemente, entidades ecologistas presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema contra la decisión del gobierno salteño de desafectar y vender parte de la reserva de General Pizarro.