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“Ley penal en blanco”: tras el rechazo del campo, el Gobierno asegura que el proyecto de ecocidio no será tratado
La senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, afirmó a LA NACION que la iniciativa no llegará al recinto; CRA advirtió que la propuesta pone en riesgo la seguridad jurídica, el derecho de propiedad y el desarrollo productivo
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En medio de la fuerte preocupación que generó en el sector agropecuario el proyecto de ley que propone incorporar la figura del ecocidio al Código Penal, Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), intentó llevar calma al campo y aseguró que la iniciativa no será tratada en el recinto. La definición llegó luego de que la propuesta obtuviera dictamen favorable en junio pasado y despertara fuertes cuestionamientos de entidades rurales, que advirtieron sobre el riesgo que implicaría para la seguridad jurídica, el derecho de propiedad y el desarrollo productivo.
“La idea es no tratarlo”, le dijo Bullrich a LA NACION al ser consultada sobre el proyecto impulsado por la senadora por Chubut Edith Terenzi, que recibió respaldo de legisladores de fuerzas provinciales y de algunos sectores vinculados al peronismo.
La iniciativa había obtenido dictamen favorable el pasado 9 de junio en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado. Sin embargo, tras la repercusión que generó el texto, los senadores de La Libertad Avanza (LLA) que inicialmente habían acompañado el despacho solicitaron retirar sus firmas.
En ese momento, Bullrich ya había anticipado que el proyecto sufriría cambios sustanciales. “El proyecto va a tener muchas modificaciones; prácticamente va a ser otro proyecto”, sostuvo.
En ese contexto, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) difundió un duro comunicado en el que cuestionó tanto el contenido del proyecto como su técnica legislativa.
“La protección del ambiente constituye un objetivo irrenunciable y un compromiso de toda la sociedad. Sin embargo, ese propósito no puede servir de fundamento para impulsar normas penales imprecisas, técnicamente deficientes y potencialmente incompatibles con la Constitución Nacional”, señaló la entidad.
CRA sostuvo que el país ya dispone de herramientas legales suficientes para proteger el ambiente. “Resulta incorrecto afirmar que existe un vacío legal en materia ambiental. La Argentina cuenta con un amplio entramado normativo, integrado por la Ley General del Ambiente, la Ley de Residuos Peligrosos y numerosas leyes provinciales”, afirmó.
Para la entidad que preside Carlos Castagnani, el problema no radica en la ausencia de normas sino en su aplicación: “El verdadero desafío no es crear nuevos delitos con definiciones ambiguas, sino hacer cumplir eficazmente la legislación vigente”.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la definición del nuevo delito. Según CRA, el proyecto incorpora “conceptos vagos e indeterminados como ‘daño ambiental irreversible’, ‘equidad intergeneracional’ o ‘afectación multiecosistémica’, sin parámetros objetivos que permitan conocer con precisión qué conductas serán consideradas delito”.
Y advirtió que esa redacción “vulnera el principio de legalidad” previsto en la Constitución Nacional y afecta la previsibilidad que debe caracterizar al derecho penal. También cuestionó que la iniciativa remita la definición del delito a normas nacionales, provinciales e incluso municipales. “A ello se suma que la iniciativa configura una ley penal en blanco”, indicó, al advertir que una misma conducta podría ser considerada delito en una jurisdicción y no en otra.
Otro de los puntos que genera preocupación es el alcance que podría tener sobre las actividades productivas. “Resulta preocupante la amplitud de las penas previstas y la posibilidad de que productores, empresas, trabajadores, funcionarios y responsables técnicos sean sometidos a procesos penales por decisiones adoptadas dentro del marco de actividades lícitas y reguladas”, sostuvo CRA.
Según la entidad, ese escenario podría “paralizar inversiones, desalentar la producción y promover una judicialización permanente de la actividad económica”. Además, remarcó que el proyecto no afectaría únicamente al agro. Su alcance podría extenderse a la “industria, la minería, la energía, la infraestructura, el transporte y a cualquier actividad que utilice recursos naturales o intervenga sobre el territorio”.
Por eso realizó un reclamo para que el Congreso revise integralmente la propuesta antes de avanzar con cualquier modificación del Código Penal. “La defensa del ambiente debe ser compatible con la seguridad jurídica, el federalismo, el derecho de propiedad, la libertad de trabajo y el desarrollo productivo”, afirmó.
El proyecto
La iniciativa impulsada por Terenzi propone crear un nuevo Título XIV del Código Penal denominado “Delitos contra el ambiente”, dentro del cual incorpora la figura del ecocidio.
El texto define ese delito como el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de normas de protección ambiental. Prevé penas de tres a 10 años de prisión para quienes ocasionen daños “especialmente graves, extensos y duraderos” sobre el ambiente, además de multas económicas.
Cuando el daño sea considerado irreversible, las penas aumentarían de cinco a 15 años de prisión. El proyecto también agrava las sanciones cuando el hecho provoca víctimas fatales. En esos casos establece penas de cinco a 25 años de prisión, mientras que si el resultado fuera la muerte de dos o más personas, el mínimo de la condena se elevaría a 10 años.
Asimismo, incorpora la responsabilidad penal de las empresas, que podrían afrontar multas de hasta cinco veces el beneficio obtenido, suspensión de actividades, pérdida de beneficios estatales y restricciones para contratar con el Estado.
Otro aspecto que generó debate es que la iniciativa contempla tanto conductas dolosas como culposas, al establecer que el ecocidio también podrá configurarse por “imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes a su cargo”, aunque con penas inferiores a las previstas para los casos intencionales.
En los fundamentos del proyecto, su autora sostiene que “el Código Penal argentino no contempla delitos ambientales como categoría autónoma” y considera que la legislación vigente resulta insuficiente frente a “la creciente degradación de los ecosistemas a escala global, regional y nacional”. Según el texto, “la sanción de este proyecto constituirá un paso histórico en la evolución del derecho penal argentino”.
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