“No hay un plan trazado”: contrapunto entre el gobierno provincial y el nacional por las tareas ante las inundaciones en Buenos Aires
Damián Costamagna, presidente de la Autoridad del Agua bonaerense (ADA), dijo que “Nación no dio indicaciones”; Santiago Hardie, director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), contestó: “Yo tampoco sé cuál es el plan de la provincia”
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LA NACION Belkis Martínez
A casi una semana de la conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde se anunciaron ayudas para los afectados por las inundaciones en el centro oeste de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional y provincial todavía no trazaron un plan de trabajo para contener el impacto en la producción. Así lo admitió Damián Costamagna, presidente de la Autoridad del Agua de la provincia (ADA), quien, pese a haber participado en las reuniones, apuntó a falta de precisiones de Nación. “No hay un plan trazado”, expresó. En tanto, desde el gobierno nacional, Santiago Hardie, director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), contestó: “Yo tampoco sé cuál es el plan de la provincia”.
Hace dos días, la ministra de Seguridad participó de una cumbre con intendentes de los partidos más golpeados. “No tengo precisiones de qué es lo que se ha hecho ni cómo se va a avanzar. No hay un plan trazado”, acotó en diálogo con LA NACION. Las seis máquinas prometidas todavía no están operativas y los fondos alcanzan para un solo día de obra por municipio, indicaron. No hay una hoja de ruta que indique cómo y dónde se implementarán las medidas prometidas.
“El plan es colaborar con las autoridades locales en la limpieza de los caminos donde hay anegamientos y personas afectadas. Hay una máquina de Nación trabajando en La Niña. Yo tampoco sé cuál es el plan de la provincia. Nos estamos moviendo de acuerdo con las urgencias que nos señalan los municipios. A medida que eso sucede, vamos llegando y ayudando en determinados lugares”, respondió Santiago Hardie, titular de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), quien agregó que están yendo a los lugares más afectados y en función de las necesidades de los municipios.
“Ante la excepcionalidad del agua caída, seguimos trabajando con maquinaria, técnicos y equipos; se está avanzando en la situación de los convenios”, agregó.
En tanto que Costamagna, quien participó del primer encuentro entre Nación y provincia, realizado el jueves posterior al anuncio del Gobierno, donde confluyeron la Dirección Provincial de Hidráulica, Vialidad, Defensa Civil y representantes de la Agencia Federal de Emergencia y el Ejército Argentino, dijo que Nación llegó “a interiorizarse de la situación". “No vinieron con nada en concreto. Se mencionó informalmente el envío de maquinaria, únicamente”, detalló.
El sábado pasado, Bullrich viajó a 9 de Julio, donde se reunió con intendentes, funcionarios provinciales y dirigentes de la Mesa de Enlace, y anunció el envío de seis máquinas —dos retroexcavadoras, una cargadora, un chasis y dos motoniveladoras— y un fondo de $1900 millones para los 19 municipios en emergencia. El dinero se destinaría a la compra de piedra, tosca, combustible y materiales para la reparación de caminos rurales. Pero el cálculo técnico expone la debilidad del esquema: equivale a menos de 100 millones por municipio, un monto que se gasta en un solo día de obra, explicaron.
“No alcanza, y eso lo dejaron claro los intendentes con la ministra. Agradecieron la intención, pero el monto no ofrece una solución significativa. Hoy no hay una estrategia de fondo ni coordinación sobre dónde actuar primero”, completó Costamagna quien observó que hoy hubo reuniones con los intendentes y, en función de las zonas más críticas, Nación definirá por dónde se comenzará.
Pero, mientras eso no ocurra, en la provincia sostienen que cuentan con su propio operativo: maquinaria, bombeo y reparación de accesos rurales en 9 de Julio, Bolívar, Carlos Casares y 25 de Mayo. Entre agosto y octubre pasado, la provincia acumuló más de 1000 horas de trabajo con retroexcavadoras solo en 9 de Julio y 600 en Carlos Casares. En Bolívar y 25 de Mayo, los equipos operan en drenajes y bombeos de emergencia.
“No tengo precisiones sobre, por ejemplo, dónde están esas seis máquinas, si ya llegaron o cuáles son los distritos donde se va a comenzar el trabajo. Las máquinas que llegaron no cuentan con la logística, que seguramente pondrá la provincia”, deslizó.
El presidente de la ADA remarcó que la falta de coordinación retrasa la ayuda. Explicó que la maquinaria tanto la provincial como nacional, debe asignarse por consenso entre los intendentes, ya que “por salvar una zona podés complicar a quienes están aguas abajo”.
Ese consenso, sin embargo, no puede avanzar aún porque “Nación no dio indicaciones”. Según insistió, “todavía no está definido”, por tanto, ante la consulta de un cronograma, fue tajante: “Nación no trazó un plan de trabajo. Si preguntás por una línea de tiempo, ese plan todavía no existe”. Muchos campos están comprometidos por la cantidad de agua caída. En 9 de Julio, el promedio anual ronda los 850 a 900 mm, y este año ya se proyectan 2000 mm. Es una zona baja, sin cursos naturales que drenen hacia la Cuenca del Salado. Todo depende de canales artificiales o de la evapotranspiración. “En una inundación como la de este año, lo primero que hay que asegurar son los cascos urbanos. Muchas veces la maquinaria se encuentra allí porque lo primero es salvar vidas”, dijo.
La obra estructural clave que consiste en la Etapa 4 del Río Salado, tramo 2, entre Roque Pérez y Saladillo, permanece sin avances desde diciembre de 2023. “Si esa obra, de 35 kilómetros, no estuviera frenada, los impactos serían mucho menores”, precisó.
El Fondo Hídrico de Infraestructura, que se nutre de un porcentaje del impuesto al combustible, recaudó más de $260.000 millones entre 2024 y 2025 y aún así no se avanzó. “Toda ayuda es bienvenida. No vamos a ponernos en una posición infantil: cualquier colaboración sirve. La realidad es que, por más maquinaria que haya, hay zonas donde no se puede ingresar. Hay que esperar a que el agua baje. En muchos caminos se puede rellenar con tosca, piedra o tierra, para que funcionen como protección y evitar que el agua siga drenando hacia distintas zonas", subrayó.
Según resaltó Costamagna, en Carlos Casares la situación más crítica la atraviesan en la región lechera, en las localidades de Quiroga, Santos Unzué y Cambaceres, donde los tambos están severamente afectados por el anegamiento de caminos y potreros. En 9 de Julio, el distrito está entre los más comprometidos. Persisten los problemas en el acceso a La Niña, donde se realizan trabajos para restablecer la circulación, y en la intersección de las rutas 65 y 70, que conecta con el partido de General Viamonte.
En tanto, en Bolívar las mayores complicaciones se registran en el norte del partido, donde el exceso hídrico afecta tanto los caminos rurales como los accesos productivos. Además, en la zona limítrofe entre Bragado y 9 de Julio el agua continúa acumulada en áreas bajas, con caminos intransitables que mantienen aislados a productores y vecinos rurales.
Por último Hardie aclaró sobre una ayuda con combustible para las máquinas: “Es una ayuda importante: es un millón en combustible, en valor producto, para que los municipios puedan comprar los materiales”.
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