Opinión. Impuestos: cuando el pescador pesca en la pecera
Frente a la presión tributaria, el desafío consiste en desmantelar un Estado diseñado para la extracción y el reparto de privilegios
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PARA LA NACIONManuel Alvarado Ledesma
¿Por qué pagamos impuestos? Una respuesta honesta nos obliga a admitir la obviedad: nadie entrega el fruto de su trabajo para financiar las cirugías estéticas de las cortesanas de turno ni las obscenidades de algunos políticos, desconectados de la realidad.
Para entender la naturaleza del poder fiscal, debemos ir más allá de la indignación moral. La ciencia política y la economía nos ofrecen una explicación. En 1993, el economista Mancur Olson propuso dos categorías analíticas para entender cómo nace un gobierno a partir del monopolio de la fuerza: la del “bandido errante” y la del “bandido estacionario”. El primero es el saqueador que arrasa una comunidad, roba todo a su paso y se marcha hacia nuevas aventuras, dejando atrás una miseria absoluta. El segundo, en cambio, representa al delincuente racional (el equivalente a una mafia local) que opta asentarse y monopolizar el robo en un territorio. Para asegurar sus ganancias a largo plazo, el bandido estacionario adopta una estrategia más inteligente: institucionaliza el saqueo mediante una cuota periódica previsible, inventando el impuesto.
Las sociedades históricamente prefirieron la previsibilidad del bandido estacionario antes que el caos destructivo del errante. Bajo este prisma, el Estado moderno opera como un asfixiante ladrón de guante blanco. Este modelo comenzó a desarrollarse hace 10.000 años con la revolución agrícola y sigue rigiendo. En el plano local, es la matriz que da vida al caudillismo y a la trampa impositiva. En muchos de los llamados “feudos provinciales”, como podría ser la provincia de Buenos Aires, las herramientas fiscales se utilizan como armas de control social y extracción de riqueza.
Esta conducta predatoria se manifiesta en dos tributos: Ingresos Brutos (IIBB) e Inmobiliario.
Al cobrarse en cascada sobre la facturación y no sobre las ganancias reales, IIBB asfixia al sector privado formal sin importar si las empresas ganan o pierden. Aquí, el gobernante es realmente un pescador en una pecera: prefiere ahogar a la economía en blanco antes que recortar el gasto político que sostiene a su coalición de poder. Al incrementar las alícuotas y multiplicar los regímenes de retención, se ignora algo elemental: la Curva de Laffer. Superado el punto de equilibrio óptimo, una mayor presión fiscal no genera más recursos, sino que destruye la base imponible al empujar a las empresas a la quiebra o a la informalidad.
El Impuesto Inmobiliario es el otro caso de voracidad fiscal. Al gravar la propiedad física, este tributo se ensaña con los cautivos del territorio. El campo no puede mudarse ni levantar sus pertrechos en busca de nuevos horizontes. En las provincias más competitivas, los aumentos salvajes del inmobiliario rural funcionan como retenciones encubiertas.
El desafío consiste en desmantelar un Estado diseñado para la extracción y el reparto de privilegios. Debemos construir una infraestructura institucional transparente, donde las reglas del juego sean iguales para todos y el esfuerzo privado deje de ser el botín de la corporación política. La impunidad de buena parte del poder es escandalosa.
Los productores no deben caer en el desaliento, sino expresar a viva voz la necesidad del cambio. El marketing político es una herramienta fenomenal.
El desarrollo demanda la anulación de los privilegios de las élites y el fin de tributos predatorios en cascada como Ingresos Brutos. El modelo de asfixiar al sector privado formal para sostener estructuras estatales hipertrofiadas ha tocado su límite. Detener la voracidad fiscal —especialmente sobre los productores atrapados en el territorio— es el camino para devolver los incentivos de generación de riqueza.
Director de Consultoría Agroeconómica
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