Es indeseable que pierda sus tierras y se descapitalice; para diversificar sus fuentes de financiamiento parece necesario delimitar las áreas experimentales y explotar el resto de las tierras de manera profesional y transparente
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“Adaptarse o morir”, fue el título que LA NACION eligió para su editorial del 12 de enero pasado. Refirió a objetivos de la actual política: replegar el Estado nacional solo a funciones que pueda financiar, erradicar estructuras ineficientes, eliminar funciones innecesarias y liberarlo de ser agencia de empleo público.
Tal argumentación sostiene que una acumulación casi centenaria de distorsiones económicas, financieras y fiscales (sostenidas mediante emisión de dinero e inflación) afectó al país y lo alejó del mundo. Quebrar esa historia implicaría virar hacia una creación genuina de valor que mejore la competitividad del país.
Dentro de estas reglas de juego, ¿es viable hoy el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)? Nadie puede ignorar el papel clave que tuvo en el desarrollo agropecuario desde mediados de los 50 hasta mediados de los 80. A partir de los 90, el sector privado lideró gran parte del cambio tecnológico que exigía un nuevo perfil agroexportador de la Argentina.

La pérdida de protagonismo desdibujó la imagen de la institución y el sector productivo puso foco en otra dirección. Durante las últimas décadas se le achacaron defectos estructurales y funcionales que habrían afectado su desempeño y su misión. Insistir en sostener hoy el INTA histórico es tan utópico como aspirar a que el progresismo que gobernó el país durante casi dos décadas resuelva los problemas que generó.
¿Cuáles son los defectos achacados al INTA? No es complicado detectarlos: excesiva dependencia de fondos públicos, injerencia perniciosa de la política, burocracia creciente (se estima que la planta permanente creció 130%, entre 2003 y 2023), desfinanciamiento cíclico, débil articulación con el sector privado, fuga de talentos y de personal capacitado, infraestructura obsoleta en varias regiones y provincias, y centralización creciente.
Ese combo lleva hoy a cuestionar el propio patrimonio del INTA. Es indeseable que el INTA pierda sus tierras y se descapitalice. Para diversificar sus fuentes de financiamiento, parece necesario delimitar las áreas experimentales y explotar el resto de las tierras de manera profesional y transparente.
¿Qué organizaciones equivalentes al INTA fueron reestructuradas exitosamente y cuándo lo hicieron? Como casos significativos podemos mencionar Embrapa en Brasil en la década del 90, el USDA Agricultural Research Service en Estados Unidos, en 1994; CSIRO Agriculture and Food en Australia, en 2016; INRAE en Francia en 2020 y, a escala global, el Sistema Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), en 2016.
No tiene el INTA porqué copiar algunos de esos modelos, pero vale la pena preguntarnos qué han tenido en común: diversificaron sus fuentes de financiamiento, fortalecieron alianzas con el sector privado, modernizaron y profesionalizaron la gestión, definieron con claridad prioridades tecnológicas nacionales y regionales, descentralizaron las decisiones, eliminaron burocracia, retuvieron talentos e implementaron planes de capacitación permanente.
En ningún caso compitieron con el sector privado, sino que asumieron roles complementarios. Esto incluyó problemáticas ambientales como la mitigación del calentamiento global y adaptación al cambio climático, uso racional de la tierra y del agua, digitalización, inteligencia artificial, “big-data analysis”, uso de información de campo y satelital, aplicación de sensores, drones y otros dispositivos de alta tecnología (AgTech) a la toma de decisiones. Debido a la necesidad de reasignar recursos financieros escasos, inevitablemente debieron desactivar áreas no priorizadas.
La profesionalización de la gestión institucional fue un factor clave para ellas. En el INTA, la selección de los cargos gerenciales siguió una lógica escala: se ascendió por concurso hasta posiciones de gerencia o coordinación. Muchos técnicos llegaron por concurso a cargos de alta gestión en la escala administrativa. Lamentablemente, no siempre los concursos estuvieron libres de interferencia y transparencia ¿Será necesario insistir con esa figura o hay métodos más expeditivos que el concurso para tener una gestión profesional eficiente?
No fueron ajenos a la declinación del INTA las propias entidades del agro y del sector público cuyos representantes integraron el Consejo Directivo de la institución. Cuando la política se inmiscuyó, esas representaciones pasaron a ser remuneradas con un salario estatal atractivo.
Se quebró así una vieja tradición de servicio ad-honorem que expresaba las reales necesidades de las entidades y del sector, garantizaba independencia y aseguraba equidistancia respecto a injerencias no deseables ¿No será momento de volver a las fuentes?
Hay cambios que son imprescindibles para recuperar el protagonismo del INTA en el sector agropecuario. Seguramente será necesario volver a las fuentes y retomar la misión original establecida en su ley de creación. Pero también avizorar cambios futuros que atiendan la cambiante demanda de estos tiempos. Si otras organizaciones en el mundo supieron adaptarse sin perecer, ¿por qué no puede intentarlo el INTA de una buena vez?
El autor es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria
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