
El proyecto de ley del Gobierno enviado al Congreso es una herramienta para que productores y trabajadores rurales puedan crecer, formalizarse y proyectarse en el tiempo
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Con la presentación en el Senado del proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno Nacional, Argentina entra en una etapa clave para ordenar su mercado de trabajo, reducir la informalidad y generar condiciones reales para la creación de empleo genuino. Que el sector agrario haya sido incluido en esta reforma no es un detalle menor: es una señal de comprensión profunda de la realidad productiva del país y una oportunidad que el Congreso no debería desaprovechar.
El agro argentino “productores, trabajadores rurales y economías regionales” necesita con urgencia un marco laboral moderno, previsible y adecuado a su especificidad. La informalidad en el campo no es una elección cultural, sino muchas veces la consecuencia directa de normas rígidas, costosas y pensadas para otra época, que no contemplan la estacionalidad, los ciclos climáticos, la diversidad territorial ni la dinámica real de las actividades rurales.
La inclusión del régimen agrario dentro del proyecto de modernización laboral representa un paso decisivo hacia la coherencia normativa. No tiene sentido promover la formalización, simplificar registros, incentivar el empleo joven o reducir litigiosidad si uno de los principales motores de la economía nacional continúa atado a un esquema legal que desalienta la contratación formal y la inversión en capital humano.
Modernizar no es precarizar. Por el contrario, es reconocer que para garantizar derechos efectivos a los trabajadores rurales es indispensable que el empleo exista y sea formal. La previsibilidad para el productor y la seguridad para el trabajador no son objetivos contrapuestos: se potencian cuando las reglas son claras, razonables y acordes a la realidad productiva.
El mundo rural del siglo XXI ya no responde a lógicas del pasado. Hoy el trabajo agrario incorpora tecnología, gestión de datos, maquinaria de precisión, logística integrada y vínculos permanentes con la industria y los servicios. Exigirle que funcione bajo marcos normativos desactualizados es condenarlo a la informalidad o al estancamiento.
Por eso, resulta fundamental que el Congreso de la Nación asuma la responsabilidad histórica de debatir, tratar y sancionar el proyecto de modernización de la Ley de Contrato de Trabajo Agrario tal como fue elaborado por el Gobierno, evitando desnaturalizar su espíritu con modificaciones que vuelvan a introducir rigideces y distorsiones ya conocidas.
La Argentina necesita menos consignas ideológicas y más realismo productivo. Necesita empleo formal, inversión, arraigo rural y desarrollo sostenible. La modernización laboral no es una amenaza para el campo: es una herramienta para que productores y trabajadores rurales puedan crecer, formalizarse y proyectarse en el tiempo.
El agro argentino ha demostrado, una y otra vez, su capacidad de innovar y adaptarse. Hoy le toca al sistema institucional acompañar ese proceso. La modernización laboral es una oportunidad. Que el Congreso esté a la altura del desafío.
El autor es abogado, docente universitario y asesor de la Sociedad Rural Argentina (SRA)
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