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En escasos 10 meses al campo argentino le llovieron varios cambios de importancia, y otros recién están asomando y empiezan de a poco a ser reales y concretos. Los productores acusan recibo de algunos, y mentalmente los van clasificando. Algunos serian cambios temporales, otros, se sospecha serian cambios permanentes, y otros casi que no se puede dar crédito que sean factibles y que se puedan sostener en el tiempo.
El debut del gobierno de Alberto Fernández fue con la clásica suba de retenciones. Eso no podía fallar. Pero acompañado esta vez por un desdoblamiento cambiario, con una brecha que va creciendo a medida que la desconfianza alimenta el precio del dólar bolsa o el paralelo, y, por otro lado, la tozudez que mantiene anclado el oficial. La brecha cambiaria incide más que los mismos Derechos de Exportación (DEX) en el valor final de los granos que perciben los productores.
Mientras esto sucede, una mezcla de clichés, de manera desordenada e inconexa llegan como confusos mensajes a los actores de la cadena agroindustrial. Por un lado, queda claro, que, se escuchan a los lobbys, y que les es posible dar curso a sus demandas particulares, aunque sean en detrimento de la misma cadena en su conjunto. Así fue el caso tanto para el diferencial aceitero, como la aprobación del trigo HB4, que hoy está a la espera de la decisión soberana de Brasil para su comercialización en Argentina. Ambas cuestiones resueltas de manera ágil por vía del fast track.
Estos mensajes llegan insertos en una ensalada de descalificaciones en contra del "agronegocio", como el caso del intento de expropiación de Vicentin, o la presencia de grupos con apoyo logístico y organizados, acompañados increíblemente por funcionarios que también se pasean junto a los ocupantes ilegales del campo Casa Nueva en Entre Ríos, dando así un apoyo factico a los ocupantes desde reparticiones oficiales. Cuestión tan inédita como inadmisible.
También se vio "sacar a pasear" por alguna que otra semana el concepto de "Soberanía alimentaria", hasta que alguien explico que esa proclama va en contra de las exportaciones de nuestras propias producciones, y que estaríamos proponiendo darnos un tiro en el pie siendo un país agroexportador.
Al mismo tiempo que esto se dice, pero en sentido contrario y con gran énfasis, surge el gran y reciente descubrimiento del Gobierno (al menos en lo declarativo) que sería: "Hay que exportar más". Un concepto loable, pero acompañado de mediadas oficiales que a diario apuntan a la dirección opuesta.
La desorientación para los agentes económicos es mayúscula
También asistimos a la particular y sugestiva situación del mercado triguero, donde casi no hubo declaraciones de exportación desde febrero 2020 de la última cosecha, lo cual ya marca un rumbo para la campaña que se avecina, y permite comenzar a adivinar las intenciones en relación con el comercio y exportación granos.
La agenda G-20, acuerdo UE-MCS al menos para nuestro país, parecieran ser cosas del pasado, y de esta manera se va perdiendo la esperanza del acceso a mercados de frutas, legumbres, carnes, o consolidar arancel 0% a harina soja nuestra principal exportación a UE, como así también la cuota de maíz y la posibilidad de contar con un mercado de 500 millones habitantes con el 20 % del PBI mundial.
Pero el centro de la cuestión, y ahí es donde con incredulidad se empieza a procesar y al correrse el velo comienza a toma dimensión el cambio radical que parece avecinarse. Me refiero al tema de la propiedad privada. ¿La inviolabilidad consagrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional puede ser atropellada? Ese es el mensaje que está haciendo levantar las banderas de alarma más profundas. La presión impositiva abrumadora es la causante del estancamiento de las producciones, y una vez que se pierda el envión de 2015-2019 probablemente asistamos a una caída productiva si no se modera la carga impositiva y no se avizore una política macro consistente. Pero la posibilidad que la propiedad privada pueda ser avasallada por grupos organizados de espaldas al derecho, causaría ya no estancamiento, sino parálisis y regresión del aparato productivo.
Los últimos acontecimientos de ocupación ilegal de propiedad privada dejaron de ser una simple rareza discursiva estudiantil, para transformarse de manera efectiva en un mensaje que puede causar más daños que los ya infligidos por malas políticas impositivas. Ese daño se da en toda la sociedad y en particular en el seno de quienes toman decisiones de inversión en la economía real. El impacto negativo, de no revertir y continuar esta tendencia de las tomas, probablemente sea de magnitudes no vistas hasta la fecha. La confianza se puede ir perdiendo de a poco, pero también la confianza se puede desmoronar colapsando así el aparato productivo.
Un mensaje ambiguo de las autoridades sobre el derecho de propiedad puede ser devastador para un sector que todavía está en condiciones de ser competitivo a nivel internacional.
Se siembra, se cría hacienda, se plantan frutales, y se invierte sobre suelo fértil, pero en realidad se siembra y cosecha sobre seguridad jurídica.
El autor es productor agropecuario
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