Opinión. Verdad y relato en la censura al proyecto Sprint vinculado con el INTA

En junio de 2023 el INTA prohibió a sus propios investigadores continuar con los compromisos asumidos dentro del proyecto Sprint. Para ese momento, habían transcurrido tres años desde la firma del proyecto: ya habían sido aprobados los procedimientos, el convenio por las autoridades del INTA, las responsabilidades entre las partes, permisos y códigos de ética, se habían hecho los muestreos, los trámites de traslado de muestras, incluso se había concluido una gran parte de los análisis realizados en laboratorios idóneos, y los datos individuales se habían enviado a cada participante voluntario del muestreo.

Conocer los resultados parciales e individuales de residuos de plaguicidas en distintas matrices es solo una primera etapa del proyecto. Algunas presentaciones de Sprint a nivel internacional han reportado que hay fitosanitarios en todas las muestras analizadas (ambientales, humanas, animales y vegetales; distintos países), que tanto productores, como vecinos de productores y otros habitantes urbanos están expuestos a un variado número de fitosanitarios. Sin embargo, aún falta el análisis de sus relaciones, sus posibles causas y su impacto en la Salud Global: la censura del INTA impidió profundizar las implicancias, los orígenes, saber realmente qué significan los resultados. Aunque algunos datos están o estarán incluidos en publicaciones europeas, nadie mejor que nuestros investigadores para interpretarlos y brindar la mirada local. Esto también fue prohibido en diciembre último.

Cerca de 40 de los voluntarios muestreados, que diferimos radicalmente en ideologías, actividades profesionales y visión de la agricultura, nos agrupamos para reclamar la continuidad del proyecto. Nos unió la indignación de que un proyecto de tal magnitud fuera suspendido en Argentina a poco de comenzar: tener datos de residuos de fitosanitarios en distintas matrices (es decir, sangre, orina, polvo, granos, etc.) no es tener toda la información a la que se aspiraba, porque falta el análisis de las vinculaciones entre los datos y sus efectos, sometidas al arbitraje de pares nacionales e internacionales para avanzar en el conocimiento del tema. Con conocimiento científico se pueden mejorar, reducir, mitigar, profundizar, cambiar las prácticas productivas o culturales.

Difusión

La difusión de los resultados de la primera etapa fue la herramienta que los voluntarios utilizamos para visibilizar la situación de censura. Si la investigación se hubiera podido continuar, seguramente los investigadores responsables hubieran colocado en su justa medida el impacto de lo obtenido: las relaciones entre los cultivos, entre las intensidades de las aplicaciones de los fitosanitarios, la dilución en el paisaje productivo y en el tiempo, las propuestas de diversificación, reducción o mitigación, los residuos detectados provenientes de otras actividades (como pipetas de mascotas o domisanitarios), etc.

En el artículo publicado en este suplemento el 20 de enero pasado, Ernesto Viglizzo escribe “como país quedaríamos descolocados si los estudios demuestran que el agro exporta productos contaminados y que, además, internamente expone la salud de los argentinos.” La preocupación por quedar “descolocados” es insignificante frente al ocultamiento de esa información, o a la omisión de estudios al respecto para mejorar -o en caso contrario, si los estudios demostraran lo bien que estamos al respecto- la ventaja comercial que eso significaría. En cualquier caso, importa generar información calificada para ser mejores productores en cinco, diez o 50 años. La agricultura es dinámica y siempre sigue mejorando sus prácticas.

Sorprenden aún más las palabras del autor, considerando que el Dr. Viglizzo, editor de la publicación El agro y el ambiente: Políticas y estrategias”, incluye el capítulo “Gestión de fitosanitarios en sistemas agrícolas”, donde se menciona respecto de los fitosanitarios: “este doble aspecto, en cierto grado contradictorio, de ser necesarios y de impactar negativamente en el ecosistema, nos interpela y obliga a utilizarlos en forma altamente racional y controlada o a su reemplazo por tecnologías más amigables”. En el resumen para decisores, Viglizzo y Casas enuncian, entre otras: “el interés público creciente en torno al impacto negativo del uso de fitosanitarios sobre la salud de los seres humanos y el ambiente en general”; “[que] la formulación de políticas públicas debe estar basada en la evidencia científica y no en hipótesis o supuestos no comprobados”, y continúan sobre “generar información básica y evidencia científica”. Además, recomiendan que “se deben realizar sistemáticamente evaluaciones periódicas de residuos y poner en práctica regulaciones […]”. El INTA al suspender la participación en Sprint, atenta contra lo declamado.

El autor también afirma que las relaciones entre algunas enfermedades humanas y la exposición a fitosanitarios “son hipótesis nunca probadas”. Existen publicaciones científicas nacionales e internacionales que lo contradicen. En este sentido, Sprint intenta ir más allá: investigará, en Europa, el impacto de las “mezclas de plaguicidas” en la salud. En todo caso, si fuera cierto que la información entre la exposición a plaguicidas y problemas de salud no fuera sólida: ¿cuál es el inconveniente de corroborarlo desde la ciencia?

Lo que el INTA logra con la prohibición o censura -da igual el término- es promover el malentendimiento del tema, dado que deja librado a cada uno la interpretación de datos preliminares e incompletos, dañando los objetivos de la investigación científica en general, y que comparte el INTA en particular.

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Los autores son docentes e investigadores y participaron en el proyecto Sprint también como voluntarios de la muestra como productores y vecinos urbanos y rurales

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