“Improcedente, inconsulta e inoportuna”: fuerte crítica de Coviar a la decisión del Gobierno de cerrar un plan vitivinícola
La entidad criticó la eliminación de los aportes obligatorios y advirtió que la resolución modifica aspectos estructurales del esquema vigente; convocará a su Directorio para definir los pasos a seguir
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Después de que el Gobierno cerrara el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), eliminara los aportes obligatorios que financiaban su funcionamiento y se abriera un nuevo frente de conflicto dentro de la cadena del vino, la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), organismo privado-público encargado de ejecutar esa política y los fondos recaudados, cuestionó con dureza la medida y alertó por sus consecuencias.
En un comunicado, la entidad calificó la Resolución 55/2026, de la Secretaría de Agricultura, como “improcedente, inconsulta e inoportuna” y expresó su rechazo al cierre del esquema que durante más de dos décadas articuló la planificación del sector.
“La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) manifiesta su rechazo por improcedente, inconsulta e inoportuna a la Resolución 55/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, de la Secretaría de Agricultura de la Nación, por la que resolvió el cierre definitivo del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y la eliminación de las contribuciones obligatorias”, señaló la entidad.
En rigor, la medida oficial eliminó el sistema de financiamiento compulsivo que sostenía a la corporación, previsto en la Ley 25.849. Desde la administración nacional argumentaron que el esquema implicaba una carga obligatoria sobre las bodegas y que el plan había agotado su vigencia formal.
Sin embargo, desde Coviar advirtieron que la decisión se tomó en un momento especialmente delicado. “Las cámaras empresarias alertan sobre el impacto negativo que esto traerá a la vitivinicultura argentina, en el actual contexto de crisis económica, y anticipan que llamarán con urgencia a una reunión de Directorio para definir los pasos a seguir con el objetivo de defender la institucionalidad del sector y la vigencia de una planificación estratégica que se viene sosteniendo desde hace más de dos décadas", indicaron.
La entidad sostuvo que la resolución modificó aspectos centrales de su funcionamiento sin respetar el marco legal vigente. En ese sentido, remarcaron que la resolución de la Secretaría de Agricultura “introduce modificaciones en el esquema de funcionamiento y financiamiento de la Coviar”, en la que plantea una redefinición de instrumentos centrales en la operatoria de la Coviar, particularmente en lo referido a su financiamiento y alcance operativo.
“Lamentamos profundamente la decisión adoptada por la Secretaría de Agricultura de la Nación porque se aparta de los principios de legalidad, previsibilidad e institucionalidad que deben regir la relación entre el Estado y los sectores productivos, entendiendo que la misma excede las competencias y atribuciones de la autoridad administrativa, al introducir modificaciones sustanciales sobre un régimen establecido por ley", mencionaron.
Además, agregaron: “Manifestamos nuestro rechazo a la medida adoptada por la Secretaría de Agricultura y solicitamos de manera urgente que se revea la resolución adoptada dejándola sin efecto, a fin de encauzar cualquier proceso de revisión o adecuación dentro del marco legal e institucional, garantizando el diálogo, la seguridad jurídica y la estabilidad necesaria para el desarrollo de la vitivinicultura argentina”.
En rigor, la medida que fue oficializada este martes redefine el modelo de organización del sector vitivinícola, ya que eliminó el mecanismo de recaudación administrado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y dejó sin su principal fuente de financiamiento a la Coviar. Según lo dispuesto, el organismo deberá presentar un informe de gestión y rendición de cuentas, mientras que los recursos remanentes pasarán a la órbita estatal.
Vale recordar que el año pasado Damián Arabia, diputado nacional cercano a la senadora nacional Patricia Bullrich, había presentado un proyecto de ley para derogar la Coviar. Ponía el eje en el cobro de una contribución a los establecimientos estén o no adheridos. En abril del año pasado, cuando trascendió la iniciativa de Arabia, la contribución de una caja de vino cuyo valor era de $2500 tenía un beneficio de $0,49 por litro; una botella de $5957 una contribución de $0,87 por litro. En todos los casos las incidencias iban del 0,005% al 0,0020% del total.
En sus fundamentos, el gobierno nacional argumentó que no tiene sentido continuar el cobro por algo que dejó de funcionar como tal. Señaló que la duración del plan fue concebida para que sea efectivamente hasta la fecha señalada, 2020.
“Declárase cumplido el plazo del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) previsto en la Ley N.º 25.849, incluyendo a su extensión parcialmente aprobada por la presente, disponiéndose su cierre formal en un plazo de TRES (3) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente medida”, dice el artículo tres de la resolución de Sergio Iraeta.
El Gobierno también dispuso la transferencia de fondos al INV y le ordenó al mismo que cese en la recaudación de las contribuciones. Indicó: “Establécese la finalización, a partir del dictado de la presente, de las contribuciones obligatorias previstas en el artículo 10, incisos a, b, c, d y e de la Ley N.º 25.849, así como también de cualquier otra fuente de financiamiento de origen público nacional del Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI)”.
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