Retenciones o desarrollo rural, ése es el dilema

Un problema con las políticas actuales aplicadas al campo es que se defienden posiciones con argumentos mediáticos que ocultan la realidad y disimulan los intereses. El Gobierno afirma que el objeto de las retenciones es capturar renta ganada sin mérito propio por los productores, mientras que éstos afirman que el Gobierno sólo quiere recaudar para mantener un sistema clientelístico.

En esta nota se trata de aportar algunas visiones alternativas desde la economía y el derecho económico.

La idea de que las retenciones a las exportaciones son un impuesto a la renta de la tierra generada por los altos precios internacionales es absolutamente falsa; al aplicarse como un impuesto de exportación ad valóren, las retenciones se comportan como un impuesto a la producción, que es algo muy distinto.

En primer lugar

Para entender la cuestión debe destacarse en primer lugar que las tierras agrícolas y ganaderas no son todas iguales, menos aún en la Argentina. En nuestro país las condiciones productivas se vuelven gradualmente adversas a la producción a medida que aumenta la distancia desde los puertos de Rosario y Buenos Aires. Cuando un agricultor de Pergamino tiene una "rentabilidad razonable" en el sentido de Guillermo Moreno, los agricultores de muchas regiones y tecnologías intensivas estarán quebrados o directamente habrán quedado fuera del negocio. Este es el dilema central de las retenciones: son ciegas respecto del concepto de "renta diferencial" de la tierra, que fue uno de los grandes aportes a la ciencia económica del economista británico David Ricardo.

Cuando la población comenzó a crecer fuertemente en Europa en el siglo XVIII, se pensó que la renta de la tierra no era un ingreso legítimo y surgió la idea de un impuesto que dejara en manos del productor lo suficiente para retribuir las mejoras, los costos y su trabajo, sin afectar a la producción. El norteamericano Henry George llegó a proponer un impuesto único sobre la tierra libre de mejoras. Se trataba de una idea inviable, pero al menos tenía más fundamento que el supuesto actual de que las retenciones gravan renta y no castigan a la producción.

La experiencia histórica demuestra que la oferta de recursos, incluida la tierra, es creciente en función de las mejoras y el uso de tecnologías intensivas, por lo que la distinción entre renta y costos de expansión productiva no es sencilla.

Por lo tanto, el tratamiento fiscal discriminatorio para el sector rural, además de ineficiente y de atrasar dos siglos, va a contramano de los avances en economía y tributación, al mismo tiempo que degrada la base imponible de los impuestos provinciales e impide recaudar impuesto inmobiliario rural en las provincias, que sería una forma más genuina de gravar renta y fortalecer el federalismo.

Caminos cruzados

Cuando los representantes de las colonias que se estaban independizando de Inglaterra se reunieron en Filadelfia (Pensilvania) en 1787 para dar forma a la Constitución de los EE.UU., los flamantes Estados del Sur negociaron exitosamente la prohibición de los derechos de exportación. Su interés principal como regiones productoras de materias primas exportables fue evitar que los estados industriales del Norte, entonces proteccionistas, aplicaran "retenciones" a la exportación con la finalidad de abaratar sus insumos a expensas de los productores del Sur.

Así surgió en el artículo 1 de la Constitución, la cláusula 5 de la sección 9 sobre prohibiciones al Congreso, que expresa "No se aplicarán impuestos o derechos a los productos exportados de cualquier Estado".

En este importante aspecto nuestra Constitución de 1853 se apartó del modelo norteamericano, y en el artículo 64 sobre atribuciones del Congreso, en el párrafo 1º se sancionó: "Legislar sobre las Aduanas exteriores, y establecer los derechos de importación y exportación que han de satisfacerse en ellas".

Este párrafo ha perdurado y se ubica en el artículo 75 de la Constitución de 1994. O sea que las retenciones a la exportación tienen rango constitucional, aunque su utilización sistemática ha sido una cuestión principalmente de la segunda mitad del siglo XX y ahora, desde marzo de 2002.

Lácteos y soja

Sin embargo, la Constitución no se cumple porque el Congreso ha delegado en el Poder Ejecutivo la mayor parte de sus competencias económicas y así el principio constitucional sobre tributación de que "impuesto sin representación es tiranía" pierde sentido cuando un Ministro que no representa a la soberanía popular puede crear impuestos tan impresionantes como el que hoy día grava a los lácteos o la soja.

El argumento principal del Gobierno para aplicar retenciones es "desacoplar" los precios internacionales de los precios para la industria y el consumidor internos para defender al consumidor. Esta idea tiene varios problemas económicos.

Desacoplar con retenciones equivale a cerrar la economía al comercio mundial. Este es el camino que comenzamos a transitar en los últimos años y que está desalentando la producción exportable y creando focos de conflicto con el exterior en cada vez más frentes. Mirando en perspectiva histórica, la Argentina moderna creada entre 1860 y 1930 no hubiera sido posible sobre esta idea del "desacople".

El enfoque de redistribución del ingreso elegido, entre tierra, trabajo y capital se denomina técnicamente distribución funcional del ingreso. El mismo es falaz y costoso, pues traslada ingresos a sectores de población de ingresos superiores a los rurales y desalienta la producción, por lo que crea problemas en lugar de solucionarlos. Hoy día, en el mundo las políticas de equidad están basadas en la distribución personal del ingreso, o sea en atender a los pobres, y no en la distribución funcional, aunque tal enfoque tenga menos atractivo desde las ideologías de izquierda.

¿Viento a favor?

La idea de que la globalización está jugando a favor del país y que las retenciones permiten aprovechar tal oportunidad para el país, es inconsistente y autodestructiva. El ejemplo de la carne es emblemático de ello; con la política en curso las exportaciones se están esfumando y lo mismo ocurre con las supuestas oportunidades de la globalización.

Para que los buenos precios internacionales sean realmente oportunidades, tienen que llegar como señales e incentivos a los productores y entonces el derrame distributivo se dará a través de la competencia, el crecimiento y una mejor distribución regional del ingreso. Quitar a los productores los aumentos de precios internacionales significa la destrucción de las oportunidades y el resquebrajamiento de la unidad nacional.

El Gobierno ha ofrecido como solución un trato discriminatorio a favor de los pequeños productores. Ello puede constituir una aceptable política social, pero de allí a demonizar a los grandes productores es otra cosa; sin ellos no hubiera sido posible triplicar la cosecha en una década y media.

Cuando una actividad económica tiene economías de escala, es inevitable que se concentre la industria en algún grado. La agricultura ha sido una de las actividades menos concentradas. Es posible que las cosas estén cambiando y sea necesario producir en unidades mayores. Por eso no es una buena idea castigar a los pools de siembra y al gran capital rural suponiendo que la virtud está en lo pequeño, pues por ese camino podríamos estar produciendo a costos elevados y empobreceríamos al país.

Los problemas de la concentración debieran ser encarados con un enfoque de desarrollo rural y no con ideas viejas, por lo que debe reconocerse que la misma es en gran medida parte de una red agroindustrial global que ofrece oportunidades a las pequeñas empresas que participan de un nuevo modelo de producción, que en conjunto da empleo a un tercio de los argentinos.

El autor es economista

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