Según un informe: el Estado se queda con el 82,6% de la renta de la soja en un campo alquilado mientras el productor pierde plata
Un cálculo para la campaña 2025/26 reveló que, con un rinde promedio de 32 quintales por hectárea en la zona núcleo, más de US$524 por hectárea se destinan a impuestos nacionales, provinciales y municipales
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El Estado se queda con el 82,6% de la renta que genera, en un planteo promedio, una hectárea de soja en un campo alquilado de la región núcleo. Eso significa que, de los US$634,99 que quedan como resultado después de pagar todos los costos de producir, más de US$524 se destinan al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales. En ese esquema, el productor que alquila el campo termina con un resultado negativo de US$40,55 por hectárea.
El cálculo fue elaborado por Néstor Roulet, productor y consultor, sobre la campaña 2025/26. Parte de un rinde de 32 quintales por hectárea y un precio FOB de US$408 por tonelada. Con esos parámetros, el ingreso bruto por hectárea alcanza los US$1305,50.
Pero ese no es el dinero disponible final. Antes hay que descontar los costos necesarios para sembrar, mantener y cosechar el cultivo. Los costos directos —semillas, fertilizantes, agroquímicos y labores— se estiman en US$347,51 por hectárea. A eso se suman US$323 en costos indirectos, que incluyen administración, estructura, comercialización y seguros. En total, producir esa hectárea en campo alquilado demanda alrededor de US$670.
Descontados esos costos, la renta generada asciende a US$634,99 por hectárea. Es sobre esa cifra donde se observa la distribución. En efecto, del total de la renta, US$463,55 corresponden a impuestos nacionales y US$60,62 a tributos provinciales y municipales. En conjunto, superan los US$524 por hectárea.
Roulet desagregó, además, cómo se llegó a ese número. Solo en retenciones, el productor arrendatario paga US$339,43 por hectárea. A eso se suman US$10,85 por impuesto al cheque y US$18,1 por Ingresos Brutos, lo que eleva la recaudación asociada al inquilino a US$368,38 por hectárea.
Pero la carga impositiva no termina ahí. Sobre el alquiler pactado en 12 quintales por hectárea —equivalente a US$396— también hay otros impuestos. El dueño del campo, por su parte, afronta, entre otros conceptos, US$108,54 en Ganancias, US$28,58 en inmobiliario rural o tasas, US$5,94 en sellado, US$7,92 en Ingresos Brutos del contrato y US$4,75 en impuesto al cheque.
En ese esquema, el dueño del campo percibe finalmente US$151,37 luego de impuestos asociados, mientras que el productor arrendatario queda en rojo. “El que reparte se queda con la mejor parte”, remarcó Roulet.
Escenario
El 82,6% surge de un esquema puntual sobre soja en tierras alquiladas. Cuando se incorporan otros cultivos y distintas realidades productivas del país, el porcentaje cambia. Según el Índice FADA, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), de diciembre de 2025, el Estado participa con el 56,3% de la renta agrícola promedio nacional. Es decir, más de la mitad de lo que queda después de pagar todos los costos productivos termina en impuestos.
En el caso de la soja, la participación estatal es del 57,6%. En maíz, del 47,8%. En girasol, del 55,5%. Y en trigo trepa al 88,7%, el valor más alto entre los principales cultivos extensivos.
Antonella Semadeni, economista de FADA, explicó que “el índice mide cuánto es el peso de los impuestos de la renta agrícola”. Y precisó: “De ingresos menos gastos, que es esa renta o el resultado, en diciembre el 56% se fue al pago de impuestos, el 28,8% se fue al pago del alquiler y el 16% le quedó como resultado económico al productor”.
Ese 16% es el margen empresario promedio a nivel nacional. El 27,9% corresponde al costo de la tierra —es decir, el alquiler— y el resto a impuestos. El informe mostró así que la mayor parte del resultado económico no queda en manos del productor.
En cuanto a la composición de los tributos, el estudio detalló que dentro del 56,3% total, el 56,5% correspondió a impuestos nacionales no coparticipables, principalmente derechos de exportación. El 37,1% a impuestos nacionales coparticipables —como Ganancias e IVA—, el 5,7% provinciales y apenas el 0,7% municipales.
“El punto no es solo que el peso de los impuestos es elevado, sino que cuando uno ve qué impuestos paga el agro, el 56% son impuestos nacionales no coparticipables, es decir, retenciones”, señaló Semadeni. Y agregó: “Es una actividad que por definición es federal y está arraigada regionalmente”.
El informe también señaló que cuando cae el precio o el rinde, la renta se achica y el peso relativo de los impuestos aumenta. Y en sentido contrario, cuando mejora el precio o se reducen impuestos como los derechos de exportación, la renta aumenta y el peso relativo del Estado disminuye. De hecho, la medición de diciembre fue inferior al 60,9% registrado en septiembre.
Otro capítulo relevante es la estructura de costos. En soja, el 49% de los costos productivos están dolarizados. Si se incluye el costo de la tierra, esa proporción supera el 60%. En maíz, el componente atado al dólar es aún mayor, lo que vuelve más sensible la ecuación ante movimientos cambiarios. “En cultivos como soja y maíz una parte significativa de los costos está atada al dólar”, explicó Semadeni.
La logística agrega otra variable. En el caso del maíz, el flete puede representar entre el 14% y el 15% del valor bruto de producción en provincias alejadas de los puertos, mientras que en zonas más cercanas ese peso es menor. “La distancia a los puertos y los costos logísticos generan diferencias importantes entre provincias”, sostuvo la especialista.
LA NACION
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